Un contrato por $5.000 millones, firmado en 2023 para suministrar alimentos a víctimas de desastres naturales en Colombia, ha desatado controversia por posibles irregularidades y sobrecostos denunciados por el representante a la Cámara, Cristian Avendaño. El convenio, adjudicado a la fundación Pintando Huellas y supervisado por el entonces subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, evidenciaría precios inflados en productos y servicios básicos.
De acuerdo con el congresista santandereano, Avendaño y el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, los costos de los insumos superaron hasta en un 400 % los valores normales del mercado. Entre los ejemplos más llamativos están los almuerzos empacados, o «corrientazos», cobrados a $91.000 cada uno, refrigerios a $52.000 y cenas tipo bufé que ascendieron a $121.000. También se detectaron cobros excesivos por el alquiler de sillas plásticas, a $19.000 cada una, cuando su precio promedio es de $4.000, y tarimas por $5 millones diarios, muy por encima del valor de mercado.
La denuncia también menciona servicios de sonido facturados a precios desproporcionados. Una consola de 16 canales, cuyo precio comercial ronda los $476.000, fue contratada por más de $8 millones. Según Avendaño y Parra, esta práctica responde a un esquema de corrupción en el que participan fundaciones fachadas ya vinculadas a contratos irregulares en Bucaramanga y ahora replicadas a nivel nacional.
Con adjudicación amañada
El convenio fue gestionado a través de la Fiduprevisora, bajo normas de derecho privado, lo que permitió su adjudicación directa a la fundación sin un proceso de licitación. Avendaño recordó que Pintando Huellas ya había sido objeto de cuestionamientos en el pasado por contratos relacionados con la atención a personas con discapacidad, pese a su falta de experiencia en el área.
Además, el congresista santandereano señaló que no se realizó un estudio previo de precios de mercado, permitiendo que los costos fueran definidos unilateralmente por el contratista. El contrato estaba estructurado para ejecutarse hasta agotar los fondos asignados, sin un sistema efectivo de control. Dentro de sus actividades también se incluyó la entrega de carrotanques de la Ungrd, aspecto que, según Avendaño, expone más irregularidades en la administración de recursos.
En total, se detectaron 74 ítems con precios inflados. El representante Avendaño advirtió que las declaratorias de calamidad, justificadas para realizar contrataciones rápidas, carecieron en algunos casos del respaldo técnico necesario, facilitando la adjudicación directa de los contratos.
Este escándalo se suma a una creciente serie de denuncias sobre el uso indebido de recursos públicos en Colombia, poniendo nuevamente bajo escrutinio la gestión del gobierno de Gustavo Petro y evidenciando falencias en los mecanismos de contratación para atender emergencias.
APN Noticias
