Durante el lanzamiento del estudio “Construyendo puentes: mejores prácticas y recomendaciones para promover el diálogo social en los entornos laborales colombianos”, organizado por la Embajada de Suecia, el Swedish Workplace Programme (SWP) y la Universidad Javeriana, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, instó a las empresas del sector del carbón a participar de la construcción del primer acuerdo sectorial.
En su intervención, reafirmó que el diálogo social se encuentra amenazado, incluso en contextos en donde por tradición ha estado consolidado, como ocurre en la actualidad a nivel global en materia de derechos laborales. En este sentido, lamentó la ausencia del sector empresarial en la presentación del pliego de peticiones del pasado 1º de mayo, promovido por el Colectivo de Trabajadores por la Transición Energética Justa del Sector del Carbón.
El jefe de la cartera subrayó que esta falta de participación evidencia un rechazo al diálogo social por parte de las empresas del carbón, a pesar de la disposición manifestada por los trabajadores y el Gobierno nacional para avanzar en la negociación.
“La transición energética justa no depende de una empresa en particular, depende de un sector, en este caso del sector del carbón, pero ya habiendo un pliego de peticiones, habiendo un lado sindical, debe haber un lado empresarial que reciba, pero, sobre todo, que reconozca el lado sindical y tenga la capacidad de poder arribar a un acuerdo sobre temas que son propios del sector. Entonces, quiero invitar al sector empresarial a que podamos construir», expresó el ministro Palma Egea.
En la actualidad, los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar son los más afectados por el cierre progresivo de minas y las consecuencias de las políticas globales de descarbonización. Por ello, el jefe de la cartera destacó la urgencia de avanzar en un acuerdo que garantice derechos laborales, protección social, reconversión productiva y diversificación económica, mediante un diálogo tripartito, permanente y efectivo.
El ministro de Minas y Energía planteó la posibilidad de la creación de un marco jurídico flexible que permita facilitar escenarios de concertación sectorial en el marco de la transición energética.
