La Corte Constitucional avanza en el análisis de si los presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pudieron influir en el proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma pensional en el Congreso.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente del expediente D-15989, ordenó la recolección urgente de pruebas clave dentro del estudio de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, una de las principales apuestas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Como parte de la indagación, la Corte solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia copia de las declaraciones e interrogatorios rendidos por exfuncionarios de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla. También pidió documentos relacionados con la medida de aseguramiento impuesta a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.
El alto tribunal de igual manera requirió las declaraciones de seis congresistas que integran la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes fueron mencionados por exfuncionarios implicados en el escándalo, así como de antiguos asesores del Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El objetivo de la Corte es esclarecer si hubo alguna influencia indebida en la aprobación de la reforma pensional, en medio de los señalamientos de presunta compra de votos con recursos públicos.
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