En una declaración tajante y sin rodeos, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, afirmó que la decisión sobre la viabilidad de una consulta popular debe quedar en manos de las altas cortes.
Esta respuesta se da tras la solicitud del Gobierno nacional de convocar una consulta para el próximo 7 de agosto, en medio de un fuerte pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Lo que procede jurídicamente es dejar en manos de las altas cortes la decisión”, expresó Penagos, al advertir que la situación actual no solo pone en disputa una consulta, sino el principio democrático y la estabilidad institucional del país.
Penagos destacó que la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano autónomo que garantiza la integridad de los procesos electorales.
Reiteró que ni él ni la entidad que dirige están subordinados a otra rama del poder, conforme al artículo 266 de la Constitución.
Un proceso que requiere claridad
Además de elevar el tema a las cortes, Penagos anunció que la Registraduría adoptará cuatro acciones inmediatas: Solicitará concepto al Consejo de Estado, enviará la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informará a la Procuraduría General y pedirá a las altas cortes un pronunciamiento ágil y definitivo.
Advirtió también sobre la falta de condiciones materiales para realizar la consulta en el tiempo previsto.
“Requerimos al menos tres meses para garantizar un proceso serio y legítimo. Faltan solo 53 días, y eso lo hace inviable.”
Riesgos institucionales y patrimoniales
Penagos no dudó en alertar sobre los posibles impactos de avanzar sin sustento jurídico.
Señaló que el proceso costaría cerca de 750.000 millones de pesos, lo que representaría un grave detrimento patrimonial si la consulta se detiene en medio del camino.
“Los jueces deben decirle al país si se avanza o no. No es un asunto político: es una cuestión de seguridad jurídica y respeto a la Constitución”, concluyó.
Así mismo, sostuvo que para convocar esta consulta, si es que en el futuro las cortes ordenan que se lleve a cabo, la Registraduría debe construir un presupuesto, que está por los 750 mil millones de pesos.
"Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa,… pic.twitter.com/i9XbmiszYj
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 17, 2025
APN Noticias
