Cuatro factores le pasaron la cuenta al cobro de la tasa de seguridad en las facturas de energía eléctrica en el Valle del Cauca, según el fallo del Consejo de Estado y por ello declaró la nulidad total de la ordenanza 425 de 2016.
Esos factores fueron: Ausencia de hecho generador definido, Violación del principio de legalidad tributaria, Falta de elementos estructurales del tributo, y Uso indebido de la factura de servicios públicos.
El Consejo de Estado en su decisión determinó que la Asamblea Departamental del Valle carecía de competencia legal para imponer este tributo y las razones principales fueron las cuatro expuestas en el párrafo anterior.
Divulgado el fallo del Consejo de Estado y conocido el mismo por parte de la Gobernación de Santander no tardó en expedirse el Comunicado Nro. 018, denominado Comunicado Oficial e intitulado “Legalidad y fundamento constitucional de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Departamento de Santander”.
El mismo, porque la similitud de ordenanzas entre la emitida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y la autorizada por la duma departamental en Santander congeniaban en el mismo destino, sin embargo y lo explica la Gobernación de Santander en su comunicado, no compaginaban en la legalidad que las sustentan.
Entra a destacar el Comunicado Oficial que frente a los recientes debates sobre la legalidad de las tasas para financiar la seguridad ciudadana en el país, particularmente a raíz de la sentencia del Consejo de Estado del 17 de julio de 2025, que viene poniendo en entredicho la validez de algunas ordenanzas expedidas en años anteriores, “la Gobernación de Santander se permite informar que la Tasa Especial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, adoptada mediante la Ordenanza No. 015 del 29 de abril de 2025, cuenta con sustento constitucional y legal plenamente vigente”.
Tal afirmación es sustentada en el sentido de que “a diferencia de las ordenanzas anteriores a la expedición de la Ley 2272 de 2022, que fueron anuladas por carecer de hecho generador o sujeto pasivo definido, la tasa creada en Santander se estructura con base en una ley nacional expresa, vigente y posterior, que define claramente los elementos esenciales del tributo, en estricto cumplimiento del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 338 de la Constitución”.
“La Ley 2272 de 2022, expedida en desarrollo de la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, habilita a los entes territoriales para establecer mecanismos fiscales destinados al fortalecimiento de la seguridad y el orden público. Posteriormente, la Sentencia C-363 de 2023 reafirmó la validez de este tributo, al declarar que no vulnera ni el principio de legalidad ni el principio de irretroactividad, y condicionó su aplicación a que sea extensiva a todos los entes territoriales, sin restricciones”.
Aunque la Gobernación de Santander no específica punto por punto sobre los cuatro factores fundamentales: Ausencia de hecho generador definido, Violación del principio de legalidad tributaria, Falta de elementos estructurales del tributo, y Uso indebido de la factura de servicios públicos, que llevaron a la nulidad de la ordenanza en el Valle del Cauca, es tácito entender que aquí esos factores no se darían.
Es más, la Gobernación de Santander se sostiene en que “la tasa adoptada por el Departamento de Santander sí cumple con los requisitos de legalidad, certeza, destinación específica y configuración normativa adecuada, lo que la diferencia sustancialmente de figuras similares que han sido objeto de nulidad. Este instrumento fiscal constituye una herramienta legítima y necesaria para el fortalecimiento institucional de la seguridad y la convivencia ciudadana en nuestro territorio”.
