Por: Juvenal Bolívar/ La Paz Total no era simplemente una política pública: era una narrativa de redención. Petro propuso negociar simultáneamente con todos los actores armados ilegales —guerrillas, disidencias, bandas criminales y estructuras narcotraficantes— bajo la premisa de que el Estado debía dialogar incluso con quienes no tenían motivaciones políticas claras. Esta visión, aunque polémica, buscaba romper con el enfoque fragmentado de procesos anteriores.
Sin embargo, la amplitud del concepto fue también su talón de Aquiles. Al intentar abarcarlo todo, se diluyó la capacidad de priorizar, de diferenciar actores, de establecer rutas claras y mecanismos eficaces. La falta de una arquitectura institucional robusta para sostener negociaciones múltiples y simultáneas terminó por saturar al gobierno y generar confusión en la opinión pública.
Mientras se hablaba de paz en Bogotá, en regiones como el Cauca, Nariño, Arauca y el Catatumbo, la violencia se intensificaba. Las disidencias de las FARC, el ELN y grupos como el Clan del Golfo aprovecharon los espacios de diálogo para rearmarse, expandirse y disputar control territorial. En muchos casos, los ceses al fuego fueron utilizados como treguas estratégicas para consolidar poder.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre enero y julio de 2025 se han registrado más de 60 masacres, 90 líderes sociales asesinados y más de 200 enfrentamientos armados entre grupos ilegales. El desplazamiento forzado ha aumentado un 35% respecto al mismo periodo del año anterior, y el confinamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes se ha vuelto una constante en zonas como el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico nariñense.
La percepción ciudadana también ha cambiado. Lo que antes se veía como una apuesta valiente, hoy se interpreta como ingenuidad o falta de control. La confianza en el Estado se ha erosionado, especialmente en territorios históricamente olvidados, donde la presencia institucional sigue siendo débil y la promesa de paz se siente como una burla.
El gobierno ha intentado sostener el relato de la Paz Total con gestos simbólicos y mesas de diálogo. Se han firmado protocolos, instalado comisiones, y realizados encuentros con delegados de grupos armados. Pero los avances concretos son escasos.
El proceso con el ELN, por ejemplo, ha sido intermitente y plagado de tensiones internas. Aunque se logró un cese al fuego bilateral en 2023, las violaciones han sido recurrentes y el grupo sigue operando en varias regiones con total impunidad. Las disidencias de las FARC, divididas en múltiples facciones, han mostrado poca voluntad de negociación y han protagonizado algunos de los ataques más cruentos del último año.
Por otro lado, el intento de incluir bandas criminales como “Los Pachenca” o “La Oficina” en procesos de sometimiento ha generado controversia jurídica y política. ¿Puede el Estado negociar con estructuras sin ideología política? ¿Qué garantías hay de que estos grupos no se reciclen bajo nuevos nombres? Las respuestas siguen siendo difusas.
Incluso el Alto Comisionado para la Paz ha reconocido públicamente que “la Paz Total enfrenta obstáculos estructurales y requiere una revisión profunda”. Pero esa revisión aún no llega, y el reloj corre.
Más allá del discurso, los números hablan por sí solos. Según el Observatorio de Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el primer semestre de 2025:
- Los homicidios aumentaron un 18% en zonas priorizadas por la Paz Total.
- El reclutamiento de menores por grupos armados creció un 22%.
- Las extorsiones se duplicaron en departamentos como Chocó y Córdoba.
- El número de municipios con presencia de más de tres actores armados pasó de 45 en 2022 a 78 en 2025.
Estas cifras no solo evidencian el fracaso operativo de la estrategia, sino también su impacto humano. Cada número representa una vida truncada, una comunidad herida, una promesa incumplida.
A Petro le queda menos de un año en la Casa de Nariño. Su margen de maniobra es limitado, y la Paz Total, lejos de ser un legado, amenaza con convertirse en una herida abierta. Los sectores que inicialmente respaldaron la iniciativa —organizaciones sociales, académicos, líderes comunitarios— hoy exigen resultados concretos, no más retórica.
La oposición, por su parte, ha capitalizado el desgaste del proyecto para posicionar discursos de mano dura y seguridad militarizada. El riesgo de un péndulo político que desmonte los pocos avances logrados es real, y podría profundizar aún más la crisis.
A pesar del panorama sombrío, aún hay elementos que podrían ser rescatados. La visibilización de actores armados en zonas periféricas, la reactivación del debate sobre el sometimiento a la justicia y la creación de espacios de escucha comunitaria son logros que no deben perderse.
Pero para que eso ocurra, el gobierno necesita un giro estratégico. No basta con insistir en la narrativa de la Paz Total: se requiere una segmentación clara de procesos, una mayor articulación interinstitucional, y sobre todo, una presencia estatal efectiva en los territorios. La paz no se decreta desde los micrófonos de Palacio: se construye en las veredas, con inversión social, justicia restaurativa y garantías de no repetición.
La Paz Total fue una apuesta valiente, pero mal ejecutada. Su fracaso no debe ser motivo de burla ni de revancha política, sino de reflexión profunda sobre los límites del Estado, la complejidad del conflicto armado y la necesidad de construir consensos sostenibles.
Petro quiso hacer historia, pero la historia no se escribe solo con voluntad. Se necesita estrategia, institucionalidad y resultados. Y en ese sentido, la Paz Total, al menos hasta ahora, ha sido más una ilusión que una transformación.
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*Comunicador Social, Candidato MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2025). Radiografía de la violencia armada en Colombia: primer semestre. Bogotá: FIP.
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). (2025). Informe de masacres y líderes sociales asesinados en Colombia. Bogotá: Indepaz.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2025). Informe humanitario semestral: desplazamientos y confinamientos en Colombia. Bogotá: CICR.
Observatorio de Seguridad Humana. (2025). Indicadores de violencia y presencia armada en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
