Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y figura clave en el círculo de confianza del presidente Gustavo Petro, se ha convertido en el rostro más visible del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Hoy, prófugo de la justicia colombiana, protegido por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y con una circular roja de Interpol en su contra, González encarna el drama político y judicial más explosivo del último año en Colombia.
González no era un funcionario cualquiera. Como director del DAPRE y exjefe de Inteligencia del gobierno Petro, manejaba información sensible, articulaba decisiones estratégicas y tenía acceso directo al corazón del poder ejecutivo. Su perfil técnico, su cercanía con el presidente y su rol como operador político lo hacían una figura clave en la arquitectura gubernamental.
Pero esa cercanía se convirtió en vulnerabilidad. Según la Fiscalía General de la Nación, González habría sido el cerebro detrás de un esquema de desvío de recursos públicos desde la UNGRD, mediante contratos inflados y pagos irregulares, con el objetivo de financiar sobornos a congresistas que respaldaran las reformas del Gobierno en el Congreso.
Contratos, carrotanques y sobornos
El caso estalló con la compra de carrotanques por más de 46.800 millones de pesos, en un contrato que, según los investigadores, fue diseñado para desviar fondos hacia aliados políticos. La Fiscalía sostiene que González ordenó personalmente al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar 70.000 millones de pesos en contratos a los expresidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), quienes habrían recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos en efectivo, respectivamente.
Ambos congresistas fueron enviados a prisión en mayo de 2025, tras orden de la Corte Suprema de Justicia. Pero González, anticipando el desenlace, salió de Colombia el 2 de noviembre de 2024, cuando aún no pesaba sobre él ninguna medida judicial.
El caso González no es solo un asunto judicial. Es también una bomba política que ha sacudido los cimientos del gobierno Petro. La implicación directa de altos funcionarios en el desvío de recursos públicos para comprar apoyo legislativo pone en entredicho la legitimidad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Además, el escándalo ha reactivado el debate sobre la transparencia en el manejo de fondos de emergencia, especialmente en una entidad como la UNGRD, cuya misión es atender desastres naturales y proteger a las poblaciones más vulnerables.
La ruta del asilo: de Bogotá a Managua
Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, González residió en la mansión diplomática de la Embajada de Colombia en Managua, junto con el entonces embajador León Fredy Muñoz. La Cancillería colombiana no autorizó la renovación de su residencia diplomática, pero el trámite avanzó de forma irregular, lo que permitió que González permaneciera en Nicaragua bajo protección política.
El 21 de mayo de 2025, la Fiscalía le imputó formalmente cargos por cohecho, peculado por apropiación y concierto para delinquir. Ese mismo día, la embajada colombiana solicitó a las autoridades nicaragüenses revocar su residencia, pero el régimen de Ortega se negó a colaborar con la extradición.
Ante la negativa de Nicaragua y el riesgo de no comparecencia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva de González el 3 de julio de 2025. Poco después, Interpol emitió una circular roja que permite su captura en cualquier país cooperante, salvo que González logre revocar la orden en la sede central de Lyon, Francia.
Su abogado, Iván Cancino, ha solicitado la anulación de la circular, argumentando que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”. Pero mientras se resuelve ese recurso, González no puede salir de Nicaragua sin exponerse a una captura internacional.
¿Por qué Nicaragua?
La decisión de refugiarse en Nicaragua no es casual. El país centroamericano se ha convertido en un santuario para políticos latinoamericanos acusados de corrupción, gracias a la política de asilo del régimen de Ortega. En los últimos años, figuras de Venezuela, Honduras y El Salvador han encontrado en Managua un refugio seguro frente a procesos judiciales en sus países de origen.
Para Colombia, la negativa de Nicaragua representa un desafío diplomático y jurídico. El gobierno ha solicitado formalmente la revocación del asilo, pero la respuesta ha sido el silencio. Mientras tanto, González se mantiene en Managua, fuera del alcance de la justicia colombiana.
La Fiscalía avanza en la construcción del escrito de acusación contra González, que deberá ser radicado antes del 3 de noviembre de 2025. El proceso está liderado por fiscales especializados en corrupción y delitos contra la administración pública, quienes han recopilado pruebas documentales, testimonios y registros financieros que vinculan directamente a González con el esquema de sobornos.
Mientras tanto, las autoridades colombianas siguen el rastro de sus movimientos financieros, sus líneas telefónicas y sus registros migratorios. Pero sin cooperación internacional, la captura de González parece lejana.
Carlos Ramón González no es el único implicado en el escándalo de la UNGRD, pero sí el más emblemático. Su rol como operador político, su cercanía con el presidente, su fuga anticipada y su refugio en Nicaragua lo convierten en el símbolo de una crisis institucional que aún no termina.
Su caso plantea preguntas profundas sobre la ética pública, la rendición de cuentas y la fragilidad de los mecanismos de control en el Estado colombiano. También revela las tensiones entre justicia y diplomacia, entre soberanía y cooperación internacional.
La historia de Carlos Ramón González está lejos de terminar. Su captura, juicio y eventual condena serían un mensaje poderoso sobre la capacidad del Estado colombiano para enfrentar la corrupción en sus más altos niveles. Pero su permanencia en Nicaragua, bajo la sombra de la protección política, podría convertirse en otro capítulo de impunidad.
