En los pasillos del poder santandereano, el apellido Aguilar resuena como un eco persistente. A pesar de los escándalos, las investigaciones judiciales y los cuestionamientos éticos, la fuerza política liderada por Hugo Aguilar —exgobernador condenado por parapolítica— vuelve a la escena con una fórmula que ha encendido las alarmas en sectores ciudadanos, académicos y políticos: Richard Aguilar al Senado y Cristian Arguello, hijo del polémico contratista Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’, a la Cámara de Representantes.
La alianza entre los Aguilar y los Arguello no es nueva, pero esta vez se presenta como una estrategia explícita para recuperar el control del Legislativo desde Santander. ¿Qué hay detrás de esta fórmula? ¿Qué representa para la democracia regional? ¿Y qué posibilidades reales tienen en las elecciones de 2026?
El retorno del ‘hijo pródigo’
Richard Aguilar, exgobernador de Santander y exsenador por Cambio Radical, fue capturado en 2021 por orden de la Corte Suprema de Justicia, acusado de corrupción en contratos durante su mandato. Aunque recuperó la libertad en 2022 por vencimiento de términos, su proceso judicial sigue abierto. En 2025, anunció su intención de volver al Senado, esta vez con el respaldo del Partido Liberal, en una jugada que busca reconfigurar el mapa político regional.
Aguilar ha mantenido reuniones con líderes locales en San Gil y Bucaramanga, y ha reactivado su maquinaria política con el apoyo de su padre, Hugo Aguilar. La familia, que alguna vez dominó el escenario político santandereano, busca recuperar su influencia tras años de desgaste judicial y mediático.
La familia Aguilar no es ajena a los escándalos:
Hugo Aguilar, coronel retirado de la Policía, fue condenado por vínculos con grupos paramilitares. Su papel como gobernador de Santander entre 2004 y 2007 dejó huella, pero también una sombra judicial que persiste.
Mauricio Aguilar, gobernador entre 2020 y 2023, enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos públicos.
Richard Aguilar, además de su captura en 2021, fue señalado por sobrecostos en obras como el estadio Alfonso López y por favorecer contratistas cercanos a su círculo familiar.
La acumulación de antecedentes penales y disciplinarios no ha impedido que el clan Aguilar mantenga presencia en la política regional. Su capacidad para reinventarse, cambiar de partido y tejer alianzas estratégicas ha sido clave para su supervivencia.
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El contratista que compra poder
Jorge Arguello, conocido como ‘El Bachiller’, es un contratista con amplio historial en el Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja. Su nombre aparece vinculado a contratos multimillonarios, como el de la vía Florián–Jesús María, por más de 54 mil millones de pesos, con una adición solicitada de 19 mil millones, pese a un avance físico de apenas 32%.
Además, su nombre figura en investigaciones por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según reportes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque no ha sido condenado, su perfil genera inquietud por el uso de los contratos públicos como plataforma para consolidar poder político.
Ahora, su hijo Cristian Arguello entra al ruedo electoral como fórmula de Richard Aguilar, en lo que muchos interpretan como una alianza entre maquinaria política y músculo financiero.
Entre el pragmatismo y el oportunismo
La fórmula Aguilar–Arguello representa una síntesis de dos estilos de poder:
Por un lado, el poder político tradicional, basado en redes clientelistas, control territorial y manejo de medios locales. Y, por el otro, el poder económico derivado de la contratación pública, que permite financiar campañas, movilizar electores y negociar apoyos.
Richard Aguilar encarna el perfil del político joven, tecnócrata y mediático, que supo vender una imagen de renovación en sus primeros años. Sin embargo, sus vínculos familiares y su historial judicial lo han convertido en un símbolo de la continuidad del poder tradicional.
Cristian Arguello, aunque menos conocido, llega con el respaldo de una estructura empresarial que ha sabido posicionarse en municipios estratégicos como Barrancabermeja, donde su padre ha financiado campañas, eventos y medios de comunicación.
Las elecciones legislativas de 2026 serán un termómetro de la capacidad del clan Aguilar para recuperar su hegemonía. Aunque el desgaste es evidente, su maquinaria sigue activa. La fórmula con Cristian Arguello busca ampliar el espectro de influencia, sumando sectores empresariales y contratistas.
Sin embargo, hay factores que podrían jugar en contra:
El rechazo ciudadano a los políticos con antecedentes judiciales.
La emergencia de nuevos liderazgos regionales, como los de movimientos sociales, académicos y ambientalistas.
La vigilancia de medios independientes y organizaciones civiles, que han documentado los abusos de poder y la captura institucional.
En este contexto, la fórmula Aguilar–Arguello podría convertirse en un catalizador de debates sobre ética pública, transparencia y renovación política.
¿Renovación o reciclaje?
La alianza entre Richard Aguilar y Cristian Arguello no representa una renovación política, sino un reciclaje de estructuras que han sido cuestionadas por su cercanía al poder económico y su historial judicial. Aunque se presenten como una fórmula joven y moderna, sus raíces están profundamente ligadas a prácticas que han debilitado la democracia regional.
La pregunta que queda abierta es si el electorado santandereano está dispuesto a volver a confiar en quienes han sido protagonistas de escándalos, investigaciones y pactos cuestionables. ¿Será esta fórmula una muestra de la resiliencia del poder tradicional o el último intento de una élite por mantenerse vigente?
La fórmula Aguilar–‘Bachiller’ es la historia de un poder que no se rinde. A pesar de las condenas, las investigaciones y el rechazo ciudadano, los Aguilar y sus aliados buscan regresar al Congreso con una estrategia que combina apellido, contratos y territorio.
