El 11 de agosto de 2025, Juan Carlos Florián se posesiona como el nuevo ministro de Igualdad de Colombia, convirtiéndose en el primer funcionario abiertamente LGBTI en liderar esta cartera. Su nombramiento, lejos de ser un hito unánime de celebración, detona una fractura profunda en el movimiento que durante décadas ha luchado por visibilidad, dignidad y representación. Lo que parecía una conquista histórica se convierte en un espejo roto: cada fragmento refleja una tensión distinta, una herida abierta, una expectativa traicionada.
Florián no es un desconocido. Politólogo de la Universidad Javeriana, con experiencia en cooperación internacional y una trayectoria marcada por el activismo, su historia personal incluye el exilio en París, amenazas de muerte por su labor en la Dirección LGBTI de Bogotá Humana, y una etapa como actor porno, que él mismo reivindica como parte de su lucha por los derechos laborales de trabajadores sexuales. Su nombramiento, respaldado con vehemencia por el presidente Gustavo Petro, fue interpretado por algunos sectores como un acto de reparación simbólica, una apuesta por la diversidad radical, una ruptura con los moldes tradicionales del poder.
Sin embargo, esa misma biografía se convirtió en el epicentro de las críticas. Sectores feministas cuestionaron su vínculo con la industria del cine adulto; otros activistas LGBTI señalaron que su perfil no representaba las luchas históricas del movimiento, especialmente las de las mujeres trans, racializadas y empobrecidas. El nombramiento no fue el resultado de un proceso participativo ni de una consulta con las bases sociales, sino una decisión presidencial que ignoró tensiones internas y vetos previos, como el de la vicepresidenta Francia Márquez.
El despido que encendió la mecha
La chispa que encendió la frustración colectiva fue el despido de Lorena Duarte, una reconocida activista trans que ocupaba la Dirección de Derechos LGBTIQ+ en el Ministerio. El 29 de agosto, Duarte recibió una resolución que la declaraba “insubsistente” sin previo aviso ni explicación clara. Al buscar respuestas, fue ignorada por el ministro. Su denuncia pública en redes sociales desató una ola de reproches cruzados: mientras algunos defendían su trayectoria y exigían respeto institucional, otros respaldaban a Florián, argumentando que tenía la potestad legal de remover cargos de libre nombramiento.
Pero el debate trascendió lo jurídico. Duarte encarnaba una historia de lucha: expulsada de una aerolínea por iniciar su transición, sobreviviente del trabajo sexual, pionera en políticas públicas LGBTI desde 2008. Su salida abrupta fue leída como una traición a las promesas de inclusión, como una muestra de que incluso dentro del Ministerio de Igualdad, las personas trans siguen siendo desechables.
La pregunta que atraviesa esta crónica es incómoda pero urgente: ¿quién representa realmente al movimiento LGBTI en Colombia? ¿Puede un ministro gay, con una historia de marginalidad y activismo, ser cuestionado por quienes comparten su identidad sexual pero no su trayectoria? ¿Es legítimo exigir que la diversidad institucional sea también interseccional, feminista, antirracista y participativa?
La respuesta no es simple. Florián, al igual que Duarte, es producto de una historia de exclusión. Pero su llegada al poder no fue construida colectivamente, sino impuesta desde arriba. Su nombramiento revela una tensión estructural: el Estado quiere mostrar inclusión, pero sin ceder el control de la narrativa. El movimiento LGBTI, por su parte, exige que la representación no sea decorativa ni simbólica, sino transformadora y coherente con las luchas de base.
Petro y la paradoja de la diversidad
El presidente Gustavo Petro ha defendido a Florián con pasión. En un Consejo de Ministros televisado, llegó a decir: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”. Su frase, aunque provocadora, revela una paradoja: el mandatario quiere romper estigmas, pero lo hace desde una lógica vertical, sin construir consensos con los movimientos sociales que lo llevaron al poder.
La paradoja se agrava cuando se observa el historial del Ministerio de Igualdad. Creado a la medida de Francia Márquez, ha sido escenario de tensiones internas, cambios abruptos y nombramientos polémicos. La salida de Márquez, el paso fugaz de Carlos Rosero y ahora la llegada de Florián configuran una narrativa de inestabilidad que debilita la institucionalidad de la igualdad.
La frustración del movimiento LGBTI no es solo con Florián, sino con un gobierno que prometió inclusión y entrega nombramientos sin diálogo. Es una frustración acumulada, que viene de años de políticas públicas a la deriva, de promesas incumplidas, de espacios conquistados que luego son desmantelados. El caso de Duarte es emblemático, pero no único. Muchas activistas trans, lesbianas, bisexuales y no binarias han sido relegadas, instrumentalizadas o silenciadas en nombre de una diversidad que no las incluye realmente.
Este momento puede ser una oportunidad. Una oportunidad para que el movimiento se mire al espejo, reconozca sus fracturas internas, sus tensiones de clase, raza y género. Una oportunidad para exigir que la representación no sea solo sexual, sino política, ética y comunitaria. Una oportunidad para construir una agenda de igualdad que no dependa de los caprichos del poder, sino de la fuerza colectiva de quienes han hecho de la resistencia su forma de vida.
El nombramiento de Juan Carlos Florián es un espejo roto. Pero en cada fragmento hay una historia, una lucha, una voz que merece ser escuchada. Tal vez, si el movimiento logra recoger esos pedazos y construir un nuevo reflejo, la igualdad dejará de ser una promesa y se convertirá en realidad.
