La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) a la EPS Sanitas, iniciada el 2 de abril de 2024, fue presentada como una medida correctiva frente a problemas financieros que amenazaban la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, 17 meses después, los datos revelan un panorama desolador: la situación no solo no mejoró, sino que se agravó en múltiples frentes. Este análisis periodístico examina las cifras clave, los impactos en usuarios y el debate sobre los alcances y límites de la intervención estatal en el sistema de salud colombiano.
Antes de la intervención, Sanitas enfrentaba dificultades en el cumplimiento de requisitos de patrimonio y solvencia, pero mantenía indicadores positivos en atención y satisfacción de usuarios. Era, de hecho, una de las EPS con menor tasa de quejas en el régimen contributivo. El Gobierno justificó la intervención con el argumento de corregir el déficit financiero. No obstante, los balances posteriores muestran un deterioro alarmante:
Patrimonio: pasó de 21.000 millones de pesos a un déficit de -1,7 billones.
Pasivos: aumentaron de 1,6 billones a 3,9 billones de pesos.
Calce de reservas técnicas: cayó de 32 % a 14 %, reflejando un grave desbalance entre recursos disponibles y obligaciones.
Siniestralidad: subió de 102 % a 111 %, lo que indica que la EPS gasta más de lo que recibe por cada afiliado.
Estos indicadores no solo evidencian una gestión fallida durante la intervención, sino que comprometen la viabilidad operativa de una entidad que atiende a más de 5,8 millones de colombianos.
El termómetro del usuario
Uno de los efectos más visibles de la intervención fue el aumento en las reclamaciones de los usuarios. Entre enero y abril de 2024, antes de la intervención, Sanitas recibió 63.936 PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), con una tasa de 110,41 por cada 10.000 afiliados. Un año después, bajo la intervención, la cifra ascendió a más de 84.000 reclamaciones en el mismo periodo, con picos de hasta 22.206 en marzo. La tasa se disparó a 145,88 por cada 10.000 afiliados.
Este salto de más de 35 puntos porcentuales refleja un deterioro en la calidad del servicio, la oportunidad en la atención y la capacidad de respuesta institucional. La EPS, que antes era reconocida por su eficiencia, se convirtió en símbolo de la frustración ciudadana frente a un sistema colapsado.
Pros de la intervención: ¿existieron?
Aunque el balance general es negativo, es importante reconocer los argumentos que sustentaron la intervención y los posibles beneficios esperados:
Control estatal frente a riesgo financiero: la medida buscaba evitar una quiebra que afectara a millones de usuarios.
Auditoría profunda: permitió identificar irregularidades contables y operativas que no eran visibles desde fuera.
Intención de estabilización: el Gobierno planteó una reestructuración que, en teoría, debía fortalecer la red de atención.
Sin embargo, estos objetivos no se cumplieron en la práctica. La falta de resultados concretos y el agravamiento de los indicadores financieros y de servicio cuestionan la eficacia del modelo de intervención aplicado.
Contras: deterioro y politización
Los efectos negativos son múltiples y profundos:
Deterioro financiero acelerado: los pasivos se duplicaron y el patrimonio se volvió negativo, generando una crisis de solvencia.
Colapso en atención: escasez de medicamentos, demoras en citas, y redes de atención saturadas.
Desconfianza institucional: la intervención fue percibida por muchos como una medida arbitraria, sin garantías ni transparencia.
Politización del sistema de salud: el caso Sanitas se convirtió en un símbolo de la confrontación entre el Gobierno y el sector privado, alimentando narrativas de persecución y control ideológico.
El Grupo Keralty, propietario de Sanitas, denunció públicamente que la intervención fue injusta y generó daños irreparables. Incluso la Corte Constitucional declaró ilegal la medida, ordenando la devolución de la EPS a sus dueños.
Retos para la reconstrucción
Tras la recuperación de la administración por parte de Keralty, se abre una etapa de reconstrucción que enfrenta enormes desafíos:
Restablecer la confianza de los usuarios: millones de colombianos esperan una mejora en la atención y el respeto por sus derechos.
Reparar la red de atención: hospitales, clínicas y profesionales afectados por la crisis financiera requieren apoyo urgente.
Reestructurar las finanzas: el déficit acumulado exige medidas drásticas de saneamiento y eficiencia.
Evitar nuevas intervenciones fallidas: el caso Sanitas debe servir como lección para diseñar modelos de supervisión más técnicos, transparentes y participativos.
La intervención a Sanitas plantea una pregunta de fondo sobre el rol del Estado en el sistema de salud: ¿debe intervenir directamente en la gestión de las EPS o fortalecer mecanismos de regulación y control sin asumir la administración?
La experiencia muestra que una intervención sin planificación, sin diálogo con los actores del sistema y sin garantías jurídicas puede generar más daño que solución. La salud no puede ser campo de batalla político ni laboratorio de ensayo institucional. Requiere consensos, transparencia y respeto por los derechos de los usuarios.
