La salida del alcalde Jaime Andrés Beltrán del Palacio Municipal no fue silenciosa ni protocolaria. Fue, más bien, una estampida institucional. Tras la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado, Beltrán se despidió del cargo con una serie de decisiones que hoy tienen a Bucaramanga en el centro de un debate jurídico y ético. La más polémica: el nombramiento de todos los funcionarios de control interno, a pesar de que los actuales aún no han terminado su periodo, que vence el 31 de diciembre de 2025.
Según el Decreto 0734 de 2025, Beltrán oficializó los nombramientos de los nuevos jefes de control interno en distintas dependencias municipales. Lo hizo sin mediar concurso público, como lo exige el procedimiento de selección establecido por la ley. Esta acción, ejecutada en las últimas horas de su administración, ha sido interpretada por expertos como una maniobra para blindar su legado y dejar sembradas fichas afines en cargos estratégicos.
El jurista Rafael Horacio Núñez, fue contundente: “Este alcalde está pisando la delgada línea entre lo legal y lo ilegal, le van a llover demandas”. La frase resume el sentir de varios sectores que ven en esta jugada una posible prevaricación, es decir, la emisión de actos administrativos a sabiendas de su ilegalidad.
El procedimiento para nombrar funcionarios de control interno está regulado por normas que exigen transparencia, mérito y publicidad. La Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 establecen que estos cargos deben proveerse mediante concurso de méritos, salvo excepciones justificadas. En este caso, no se ha documentado ninguna urgencia institucional que amerite la omisión del concurso.
Además, los funcionarios actuales aún no han terminado su periodo. El hecho de que Beltrán haya anticipado los nombramientos, sabiendo que no estaría en el cargo para entonces, plantea un dilema jurídico: ¿puede un alcalde saliente nombrar funcionarios para un periodo que no le corresponde administrar?
La figura del prevaricato, contemplada en el Código Penal colombiano, se configura cuando un servidor público profiere una resolución contraria a la ley. En este caso, si se demuestra que Beltrán conocía la ilegalidad de los nombramientos y aun así los ejecutó, podría enfrentar consecuencias penales.
Con lo que no nos cuesta…
La comunidad jurídica ya anticipa una avalancha de demandas. Los funcionarios desplazados podrían acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la nulidad de los nombramientos. Además, la Procuraduría y la Contraloría podrían abrir investigaciones disciplinarias por posible extralimitación de funciones.
Desde el Concejo Municipal, algunos cabildantes han solicitado revisar la legalidad de los actos administrativos firmados en los últimos días del mandato. La ciudadanía, por su parte, ha expresado su indignación en redes sociales, cuestionando la ética del exalcalde y exigiendo una depuración institucional.
Durante su mandato, Beltrán se presentó como un defensor de la legalidad y la transparencia. En múltiples videos, abanderó discursos sobre ética pública, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Sin embargo, sus últimas acciones contrastan radicalmente con ese discurso.
El documento destaca cómo sus intervenciones públicas chocan con la realidad de una ciudad que, al cierre de su administración, enfrenta altos índices de inseguridad, ingobernabilidad y desconfianza ciudadana. La narrativa del “alcalde legalista” se desvanece ante los hechos.
Unas horas más en el cargo
En un giro inesperado, Beltrán interpuso una acción de tutela para mantenerse unas horas más en el cargo. El documento revela que esta tutela buscaba frenar la ejecución de la sentencia del Consejo de Estado, alegando vulneración de sus derechos fundamentales. Aunque la estrategia le permitió extender su permanencia brevemente, no logró revertir la decisión judicial.
Este recurso, aunque legal, ha sido interpretado por analistas como una maniobra desesperada para ejecutar los nombramientos antes de abandonar el cargo. La tutela, en este contexto, se convierte en una herramienta de poder más que en un mecanismo de protección de derechos.
Más allá de lo jurídico, el caso de Jaime Andrés Beltrán deja una lección sobre el poder, la legalidad y la ética pública. Su salida abrupta, marcada por decisiones controvertidas, pone en evidencia las tensiones entre el discurso político y la práctica administrativa.
Bucaramanga, hoy, no solo enfrenta el reto de recuperar la gobernabilidad, sino también de reconstruir la confianza en sus instituciones. Los nombramientos exprés, la tutela de último minuto y el contraste entre palabra y acción serán parte del legado que la ciudad deberá procesar.
