Bucaramanga, conocida por su efervescencia política y sus debates intensos, se encuentra en el centro de un escándalo que pone en tela de juicio la coherencia ética de varios de sus funcionarios. El caso que ha sido bautizado como “la doble moral” involucra a Paula Andrea Ramírez, gestora social y esposa del alcalde saliente Jaime Andrés Beltrán, junto a otros miembros de su administración, quienes habrían recibido beneficios económicos del gobierno nacional mientras sostenían una postura pública de oposición frontal al presidente Gustavo Petro.
Ramírez, comunicadora social y periodista, asumió el rol de gestora social de Bucaramanga en enero de 2024, tras la elección de su esposo Jaime Andrés Beltrán como alcalde. En entrevistas, defendió su papel como coequipera del mandatario, liderando programas de defensa de los derechos de las mujeres y visibilización de la violencia de género. Sin embargo, mientras ejercía funciones públicas en Bucaramanga, figuraba como contratista de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Bogotá, una entidad adscrita al Ministerio del Interior, bajo el gobierno Petro.
Este doble rol plantea una pregunta inquietante: ¿cómo podía cumplir simultáneamente con sus obligaciones contractuales en Bogotá y sus funciones como gestora social en Bucaramanga? ¿Se trataba de un contrato de corbata, es decir, uno que se cobra sin trabajar?
El contrato en cuestión
Según fuentes cercanas a la Superintendencia, el contrato de Paula Ramírez fue suscrito en el segundo semestre de 2023, con una asignación mensual cercana a los 8 millones de pesos. El objeto del contrato incluía “apoyo en procesos de comunicación estratégica y fortalecimiento institucional”, tareas que, por su naturaleza, requerían presencia activa en Bogotá, participación en reuniones, elaboración de informes y coordinación con equipos técnicos.
Sin embargo, durante ese mismo periodo, Ramírez fue vista en múltiples eventos oficiales en Bucaramanga, liderando campañas de salud mental, jornadas de atención a mujeres víctimas de violencia y actos protocolarios junto al alcalde. Su presencia constante en la ciudad contradice la posibilidad de una dedicación efectiva al contrato en Bogotá.
El caso de Ramírez no es aislado. En la administración de Beltrán también figuran otros funcionarios que, mientras se presentaban como opositores al gobierno Petro, mantenían vínculos contractuales con entidades nacionales. Entre ellos:
Luis Alfonso Rueda, secretario del Interior, quien habría firmado un contrato de asesoría en seguridad ciudadana con el Ministerio de Defensa en 2023, por un valor de $120 millones.
Coronel (r) Jorge Iván Castañeda, asesor en temas de convivencia, vinculado a la Unidad Nacional de Protección como contratista en el área de análisis de riesgo.
Sandra Milena Gómez, directora de Desarrollo Social, con contrato vigente en el Departamento para la Prosperidad Social, por servicios de “acompañamiento territorial”.
Estos funcionarios, al igual que Ramírez, participaron activamente en la campaña de Beltrán, que se caracterizó por un discurso crítico hacia el gobierno nacional, especialmente en temas de seguridad, migración y economía.
Durante su mandato, Jaime Andrés Beltrán se posicionó como uno de los alcaldes más críticos del presidente Petro. En redes sociales y entrevistas, cuestionó la política de paz total, la reforma a la salud y el manejo de la migración venezolana. Su narrativa se alineó con sectores conservadores y evangélicos, que lo apodaron el “Bukele colombiano” por su enfoque de mano dura.
En este contexto, la revelación de que varios miembros de su equipo recibían ingresos del mismo gobierno que atacaban públicamente ha generado indignación entre ciudadanos y líderes de opinión. “Es una traición a la confianza pública. No se puede vivir del Estado mientras se lo desacredita”, expresó el analista político Julio Acelas.
Cifras que incomodan
- $8 millones mensuales: remuneración estimada del contrato de Paula Ramírez con la Superintendencia de Vigilancia.
- $120 millones: contrato del secretario del Interior con el Ministerio de Defensa.
- $95 millones: contrato de asesoría de la directora de Desarrollo Social con Prosperidad Social.
- Más de 5 funcionarios: con vínculos contractuales simultáneos con entidades del gobierno Petro.
Estas cifras contrastan con el discurso de austeridad y transparencia que promovía la administración Beltrán. Además, revelan una red de beneficios económicos que se mantenía en paralelo a una narrativa de oposición.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha designado a Eduard Sánchez como alcalde encargado, mientras se convoca a elecciones atípicas. En paralelo, se espera que la Procuraduría y la Contraloría investiguen los contratos mencionados, para determinar si hubo incumplimiento, conflicto de intereses o detrimento patrimonial.
Por su parte, Paula Ramírez ha guardado silencio frente a las acusaciones. En entrevistas anteriores, defendió su rol como gestora social y su compromiso con la ciudad. Sin embargo, la falta de claridad sobre su contrato en Bogotá y su presencia activa en Bucaramanga deja más preguntas que respuestas.
