La Secretaría de Hacienda de Santander ha encendido las alarmas: más de 261.000 vehículos en el departamento están en mora con el impuesto vehicular, acumulando una deuda que supera los $735 mil millones. Esta cifra no solo revela una crisis de recaudo, sino que plantea un dilema de política pública: ¿cómo recuperar los recursos sin asfixiar a los contribuyentes?
El informe oficial, divulgado por la Gobernación de Santander, detalla que el 46% del parque automotor registrado en el departamento no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Esta situación, que se ha venido agravando en los últimos años, pone en riesgo la financiación de proyectos clave en infraestructura, salud y educación.
“La evasión del impuesto vehicular no es solo un problema contable, es una amenaza directa a la inversión social en el departamento”, advirtió Diana María Durán Villar, secretaria de Hacienda de Santander.
El impuesto vehicular es una de las principales fuentes de ingresos propios para los departamentos. En el caso de Santander, la mora acumulada representa más del 60% del presupuesto anual destinado a obras públicas. La cifra de $735.000 millones no solo refleja incumplimientos individuales, sino también una falla estructural en el sistema de cobro y seguimiento.
Según el reporte, Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta concentran el mayor número de vehículos en mora. La situación se agrava en zonas rurales, donde el acceso a canales digitales de pago es limitado y la cultura tributaria aún enfrenta desafíos.
“Muchos ciudadanos no saben que están en mora. Otros simplemente no tienen cómo pagar. Pero también hay quienes deliberadamente evaden, confiando en que el sistema no los detectará”, explicó Durán Villar.
Santander enfrenta una crisis fiscal: más de 261.000 vehículos están en mora por impuesto vehicular, acumulando una deuda superior a $735 mil millones. La Gobernación endurece medidas de cobro, mientras los contribuyentes temen embargos, sanciones y restricciones que podrían… pic.twitter.com/lcwO30YWDV
— Corrillos (@CorrillosR) September 29, 2025
Medidas que podrían golpear el bolsillo
Ante este panorama, la Gobernación ha anunciado una batería de medidas para recuperar la cartera vencida. Algunas de ellas podrían tener un impacto directo en el bolsillo de los contribuyentes:
Embargos y cobros coactivos: Se intensificará el uso de mecanismos judiciales para recuperar la deuda, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes muebles.
Intereses y sanciones acumuladas: Los contribuyentes morosos deberán asumir intereses de mora y sanciones que, en algunos casos, duplican el valor original del impuesto.
Restricciones en trámites: Los propietarios de vehículos en mora no podrán realizar trámites como traspasos, renovaciones de licencia o revisión técnico-mecánica hasta ponerse al día.
Publicación de listas de morosos: Se contempla la publicación de listados con los nombres de los deudores, como medida de presión social.
“No queremos castigar, queremos recuperar lo que es justo. Pero también debemos enviar un mensaje claro: el incumplimiento tiene consecuencias”, señaló la funcionaria.
En paralelo a las medidas coercitivas, la Gobernación ha lanzado campañas de sensibilización y descuentos por pronto pago. Durante el segundo semestre de 2025, se ofrecieron rebajas de hasta el 80% en intereses para quienes se pusieran al día. Sin embargo, la acogida fue limitada.
“La cultura del pago voluntario aún no está arraigada. Necesitamos combinar pedagogía con firmeza”, reconoció Durán Villar.
Expertos en política fiscal advierten que los incentivos deben ir acompañados de una reforma estructural que facilite el pago. La simplificación de trámites, la interoperabilidad entre plataformas y la posibilidad de pagos fraccionados son algunas de las propuestas que han surgido en mesas técnicas.
Una tendencia preocupante
La situación de Santander no es aislada. Según cifras del Ministerio de Hacienda, más del 40% de los vehículos registrados en Colombia presentan algún tipo de mora en el impuesto vehicular. La pandemia, el desempleo y la informalidad han contribuido a este fenómeno.
En departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, las deudas superan el billón de pesos. Algunos gobiernos locales han optado por condonaciones parciales, mientras otros han endurecido los controles.
“El impuesto vehicular se ha convertido en un termómetro de la confianza ciudadana en el Estado. Si no hay percepción de retorno, el pago se vuelve una carga más que una responsabilidad”, opinó el economista fiscal Andrés Rueda.
Los propietarios de motocicletas y vehículos de gama media son los más representados en la lista de morosos. En muchos casos, se trata de trabajadores informales que dependen de sus vehículos para generar ingresos. El cobro de intereses y sanciones puede llevarlos a una espiral de deuda difícil de revertir.
“No es que no quiera pagar, es que no puedo. Si me embargan, me quitan la única herramienta que tengo para trabajar”, expresó Juan Carlos Peña, mototaxista de Girón.
Este tipo de testimonios ha llevado a algunos sectores sociales a pedir una revisión del modelo tributario. Proponen que el impuesto vehicular tenga en cuenta el uso del vehículo, el nivel de ingresos del propietario y su impacto ambiental.
¿Hacia dónde va Santander?
La Gobernación ha anunciado que en octubre se lanzará una nueva plataforma digital para facilitar el pago del impuesto vehicular. Esta incluirá alertas personalizadas, simuladores de deuda y opciones de pago por cuotas. Además, se fortalecerá el cruce de datos con el RUNT y la DIAN para identificar evasores.
“Queremos que el ciudadano sienta que pagar es fácil, justo y útil. No se trata solo de recaudar, sino de reconstruir la confianza”, concluyó Durán Villar.
La mora en el impuesto vehicular en Santander es un síntoma de una tensión más profunda entre el Estado y la ciudadanía. Recuperar los $735 mil millones es urgente, pero hacerlo sin agravar la desigualdad requiere sensibilidad, estrategia y diálogo.
El reto no es solo técnico, es ético: ¿cómo garantizar que el cumplimiento tributario sea un acto de corresponsabilidad y no una imposición punitiva? La respuesta está en el equilibrio entre pedagogía, tecnología y justicia fiscal.
