La jueza Claudia Marcela Castro ordenó investigar a Álvaro Uribe, su hermano Santiago y un general retirado por presunto vínculo en homicidios de defensores de derechos humanos. Uribe respondió con indignación, calificando la decisión como “una compulsa miserable” basada en “una declaración fantasiosa”.
En una decisión que reaviva tensos debates sobre la responsabilidad de altos mandos civiles y militares en crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia, la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Medellín, Claudia Marcela Castro, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general (r) Carlos Alberto Ospina. La medida busca establecer si los tres fueron presuntos determinadores de los asesinatos de los abogados Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos en 1998.
La compulsa de copias se desprende de la sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue hallado responsable del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba en 1999. Narváez recibió una pena de 28 años de prisión, además de una inhabilidad de veinte años para ejercer cargos públicos. El fallo, que califica el delito como de lesa humanidad, incluye testimonios que vinculan a los hermanos Uribe con una supuesta reunión en 1997 en la finca “La Marranera”, donde se habría discutido la eliminación de líderes sociales considerados “incómodos” para el poder regional.
Uno de los testimonios clave proviene del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, quien afirmó que en dicha reunión participaron paramilitares, altos mandos militares y los hermanos Uribe. Según Villalba, en ese encuentro se elaboró una lista de personas que “molestaban” por sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos, entre ellos Valle, Umaña y el periodista Jaime Garzón. “La orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, habría dicho el testigo.
Ante la decisión judicial, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó con dureza a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), calificando la medida como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. En otro mensaje, agregó: “Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa”.
Uribe también compartió apartes del testimonio que lo involucra, intentando desacreditar su veracidad. “Preguntado: Se enteró usted porque razón o cuál era el móvil por el cual se quería dar muerte a estas personas; es decir, a los doctores Umaña y Valle y Garzón. Contestó: porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada…”.
La jueza Castro, sin embargo, argumentó que los testimonios y documentos judicializados durante el proceso contra Narváez revelan la existencia de una estructura organizada con “capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento”, integrada por “actores estatales y operadores ideológicos”. Esta estructura habría ejecutado acciones violentas sistemáticas contra figuras públicas que denunciaban violaciones de derechos humanos.
¿Quiénes eran Jesús María Valle y Eduardo Umaña?
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y profesor universitario que denunció abiertamente la connivencia entre grupos paramilitares y sectores del Estado en Antioquia. Su asesinato ocurrió el 27 de febrero de 1998, pocos días después de denunciar la participación del Ejército en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), en el municipio de Ituango.
Eduardo Umaña Mendoza, por su parte, fue un reconocido defensor de derechos humanos y profesor de Derecho Penal. Fue asesinado el 18 de abril de 1998 en su oficina en Bogotá por tres individuos que se hicieron pasar por periodistas. Umaña había denunciado amenazas directas y presuntas alianzas entre miembros del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y la Fiscalía para vincular a dirigentes sindicales con ataques a la infraestructura petrolera.
La providencia judicial aclara que la compulsa de copias no implica una imputación penal directa, sino que será la Fiscalía General la encargada de determinar si los elementos remitidos constituyen fundamento suficiente para abrir una investigación formal contra los hermanos Uribe y el general Ospina.
La reacción política no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro comentó en redes sociales: “Desde el poder público se ejercía el crimen en Colombia. Herederos de esta criminalidad poderosa siguen en las instituciones públicas y en la política, buscando devolver al crimen, el poder”.
Este nuevo capítulo judicial se suma a la condena en primera instancia que enfrenta Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno, por la cual cumple prisión domiciliaria. La compulsa de copias reabre heridas históricas y plantea preguntas profundas sobre la relación entre el Estado, el paramilitarismo y la violencia sistemática contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
