El alto tribunal compulsó copias contra el presidente de la República por presunta violación de topes de campaña en 2022, al detectar una posible maniobra contable con gastos de transporte aéreo. El caso fue remitido a la Comisión de Acusaciones para investigación formal.
En un giro judicial que podría tener implicaciones profundas para la política colombiana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. El foco del caso: una supuesta maniobra contable para evitar sobrepasar los topes legales de gasto en la consulta interna del Pacto Histórico en 2022.
En Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) establece límites máximos de gasto para las campañas políticas, con el fin de garantizar equidad electoral y prevenir el uso indebido de recursos. Superar estos topes puede acarrear sanciones administrativas, penales o incluso la pérdida de investidura.
En el caso de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 13 de marzo de 2022, el tope fijado por el CNE fue de $8.758.260.246. La campaña de Gustavo Petro reportó gastos por $8.717.865.431, apenas $40 millones por debajo del límite.
La Corte Suprema concluyó que la campaña “Petro Presidente” habría falseado sus gastos reales para evitar sobrepasar el tope. El eje de la investigación gira en torno a un contrato de transporte aéreo con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), por un valor total de $2.324.664.576. Según el alto tribunal, este servicio fue utilizado exclusivamente por la campaña presidencial de Petro, pero fue reportado parcialmente como gasto de la campaña al Senado del Pacto Histórico.
La Corte señala que la factura original, a nombre de Ricardo Roa (entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol), fue dividida en dos partes:
- $1.109.017.836 reportados como gasto de la campaña presidencial.
- $1.215.646.740 atribuidos a la campaña al Senado, gerenciada por Guillermo Alfonso Jaramillo (actual ministro de Salud).
Según el tribunal, esta división permitió que los gastos reportados por la campaña presidencial no excedieran el tope legal, aunque en realidad sí lo habrían hecho si se hubiera incluido el monto completo del contrato.
La Corte Suprema fue contundente en sus afirmaciones. En el documento de compulsa de copias, se lee: “Las pruebas recaudadas en esta actuación indican que el transporte aéreo de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. fue suministrado únicamente a la campaña a la consulta interna del precandidato Petro Urrego, lo que derivó en el reajuste de la facturación para dividir en dos facturas”.
Y agrega: “La escasa diferencia entre el valor de gastos netos reportados ante el Consejo Nacional Electoral por la campaña de Gustavo Francisco Petro Urrego a la consulta interna ($8.717.865.431) y el tope máximo de gastos ($8.758.260.246), aunada a la sumatoria de los valores escindidos de la factura original, indica que se habría superado ampliamente el límite de gastos fijado por la autoridad electoral”.
¿Quiénes están implicados?
Además del presidente Petro, la Corte compulsó copias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y exgerente de la campaña al Senado del Pacto Histórico.
Ambos habrían participado en la maniobra contable que permitió dividir el gasto del contrato aéreo entre dos campañas, lo que según la Corte “induce en error al CNE para reconocer la reposición de gastos con base en información inexacta”.
Este no es el primer episodio que pone bajo la lupa la financiación de la campaña de Petro. En octubre de 2024, el CNE formuló cargos contra la campaña presidencial por omitir gastos superiores a $5.300 millones, superar los topes legales y recibir aportes de fuentes presuntamente prohibidas, como los sindicatos Fecode y USO.
Además, una investigación previa de la Fiscalía había sido archivada por falta de pruebas contra Jaramillo. Sin embargo, la Corte Suprema considera que hay nuevos elementos que ameritan una investigación más profunda.
La compulsa de copias no implica una condena, pero sí abre la puerta a una investigación formal por parte de la Comisión de Acusaciones, única instancia competente para investigar al presidente en ejercicio. También se remitieron copias a la Fiscalía General de la Nación y al CNE.
Este proceso podría derivar en sanciones administrativas, penales o incluso en un juicio político, dependiendo de los hallazgos y del desarrollo de la investigación.
Hasta el momento, el presidente Petro no ha emitido una declaración oficial sobre la compulsa de copias. Sin embargo, el caso ha generado un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública.
Algunos sectores consideran que se trata de una persecución política, mientras que otros exigen transparencia y rendición de cuentas. El congresista Hernán Cadavid, quien presentó una denuncia inicial, afirmó:
“La Corte ha hecho lo que el país esperaba: investigar con rigor y sin contemplaciones las irregularidades en la campaña presidencial”.
¿Por qué importa este caso?
Más allá de las implicaciones legales, este episodio pone en evidencia las debilidades del sistema de control electoral en Colombia. La manipulación de facturas, la triangulación de gastos entre campañas y la falta de claridad en los reportes financieros son prácticas que socavan la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Además, el hecho de que los vuelos contratados por la campaña al Senado fueran utilizados exclusivamente por Petro y su equipo, sin que ningún candidato al Congreso viajara por separado, refuerza la tesis de que se trató de una maniobra para encubrir gastos reales.
La compulsa de copias contra el presidente Gustavo Petro marca un punto de inflexión en la fiscalización de las campañas políticas en Colombia. Si bien aún no hay una condena, el caso plantea preguntas profundas sobre la ética electoral, la transparencia en el uso de recursos públicos y la responsabilidad de los líderes políticos.
Como señaló la Corte Suprema: “La génesis del engaño reside en la ejecución de los contratos y en cómo se reportaron oficialmente los vuelos”.
El país estará atento a los próximos pasos de la Comisión de Acusaciones y a las respuestas del presidente y su equipo. Lo que está en juego no es solo una campaña, sino la credibilidad del sistema democrático colombiano.v
