La Administración de Gustavo Petro revocó la designación de Iván Márquez como negociador de paz, tras casi un año de ausencia del excomandante guerrillero. La medida reconfigura el proceso con la Segunda Marquetalia y reactiva las órdenes de captura contra Márquez.
En un giro significativo dentro de la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno colombiano ha revocado oficialmente la designación de Iván Márquez como negociador en los diálogos de paz con la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. Esta decisión, anunciada mediante la Resolución 352 del 7 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en el proceso de negociación con los grupos armados que aún operan en el país.
Iván Luciano Márquez Marín, conocido como Iván Márquez, fue uno de los líderes más visibles de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Participó activamente en el proceso de paz que culminó en el Acuerdo de La Habana en 2016, donde fungió como jefe del equipo negociador de la guerrilla. Tras la firma del acuerdo, Márquez ocupó una curul en el Congreso como parte del cumplimiento de los compromisos pactados.
Sin embargo, en 2018, Márquez abandonó el proceso de reincorporación y reapareció en armas junto a otros excombatientes, fundando la Segunda Marquetalia, una disidencia que se autodenominó heredera de los ideales revolucionarios de las FARC. Desde entonces, su figura ha sido objeto de controversia, tanto por su rol en el conflicto como por su participación en los nuevos intentos de negociación.
La Segunda Marquetalia
La Segunda Marquetalia surgió como una escisión del proceso de paz, liderada por antiguos mandos guerrilleros que argumentaban incumplimientos por parte del Estado. A pesar de su retorno a la clandestinidad, el Gobierno de Petro decidió incluirlos en su ambiciosa estrategia de “paz total”, que busca negociar simultáneamente con todos los actores armados del país.
En julio de 2024, Márquez fue reconocido oficialmente como negociador de paz, lo que implicó la suspensión de las órdenes de captura en su contra. Sin embargo, desde noviembre de ese mismo año, su ausencia en las mesas de diálogo comenzó a generar inquietud. La última manifestación atribuida a Márquez fue una carta enviada a los países garantes y entidades acompañantes, en la que desautorizaba una reunión entre representantes del Gobierno y comandantes locales en Puerto Asís, Putumayo.
La autenticidad de dicha misiva nunca fue confirmada, y desde entonces, no se ha tenido contacto directo con Márquez. Rumores sobre su estado de salud, incluso sobre su posible fallecimiento, han circulado sin que exista confirmación oficial. En mayo de 2024, apareció en un video apoyando el proceso constituyente propuesto por Petro, pero no volvió a participar activamente en las negociaciones.
La decisión de revocar la designación de Márquez se fundamenta en su prolongada ausencia —casi un año— y en la incertidumbre sobre su paradero. El Gobierno argumenta que las negociaciones requieren presencia activa, responsabilidad y cumplimiento. Al retirarle su calidad de representante, las órdenes de captura contra él vuelven a tener vigencia.
Esta medida también tiene implicaciones internas dentro de la Segunda Marquetalia. Tras la difusión de la carta en noviembre de 2024, los grupos conocidos como Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico se deslindaron de Márquez y anunciaron que continuarían las negociaciones de forma independiente. Hoy, estos grupos se autodenominan Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y han reafirmado su voluntad de avanzar en los diálogos con el Gobierno.
Un nuevo escenario para la paz
La revocatoria de Márquez reconfigura el mapa del conflicto armado colombiano. Por un lado, representa un mensaje claro del Ejecutivo sobre la seriedad y los compromisos que exige el proceso de paz. Por otro, plantea interrogantes sobre la capacidad de la Segunda Marquetalia para mantenerse como interlocutor válido sin su líder histórico.
El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, ha retomado los diálogos con los grupos disidentes que permanecen activos, a pesar de los recientes episodios de violencia, como el intento de incineración de dos soldados por parte de actores armados en el sur del país. Aunque no se ha comprobado la responsabilidad directa de la CNEB en ese crimen, el hecho motivó una suspensión temporal de las conversaciones.
La decisión del presidente Petro se ampara en la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones, así como en el artículo 22 de la Constitución, que consagra la paz como un derecho y deber de obligatorio cumplimiento. También se basa en la sentencia C-069 de 2020 de la Corte Constitucional, que otorga al presidente la discrecionalidad para decidir cómo, cuándo y con quién negociar.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha respaldado la medida, señalando que se ajusta a la Ley 2272 de “paz total” y que las Fuerzas Militares continuarán actuando con contundencia para neutralizar a los grupos armados que persisten en el territorio nacional.
La revocatoria de Márquez abre una nueva etapa en los diálogos de paz. El Gobierno deberá designar un nuevo interlocutor para continuar las negociaciones con los sectores que aún se identifican con la Segunda Marquetalia. Además, se espera que esta decisión reactive el proceso con mayor claridad y compromiso por parte de los actores involucrados.
En los territorios donde la Segunda Marquetalia tiene presencia, se monitorean posibles reacciones, incluyendo expresiones de protesta o resistencia. Mientras tanto, el Ejecutivo reafirma su apuesta por una paz negociada, pero con condiciones claras: participación activa, transparencia y voluntad real de transformación.
La historia de Iván Márquez, desde comandante guerrillero hasta negociador de paz y luego disidente, refleja las complejidades del conflicto colombiano. Su salida del escenario de negociación no cierra el capítulo, pero sí redefine las reglas del juego. En un país que aún busca sanar sus heridas, cada decisión cuenta. Y esta, sin duda, marca un antes y un después.
