El presidente Gustavo Petro ha convertido sus alocuciones y redes sociales en un megáfono político que desafía límites institucionales, desata polémicas y provoca llamados de atención por parte de organismos de control, sin que hasta ahora haya moderado su estilo confrontativo y persistente.
En Colombia, las alocuciones presidenciales están concebidas como espacios excepcionales para informar a la ciudadanía en momentos de alta relevancia. Sin embargo, Petro ha transformado estos espacios en una tribuna semanal para expresar opiniones políticas, convocar movilizaciones y criticar decisiones judiciales o mediáticas. Esta práctica ha sido objeto de múltiples llamados de atención por parte de entidades como el Consejo de Estado, la Procuraduría General y la Comisión de Regulación de Televisión.
El Consejo de Estado, por ejemplo, emitió un fallo en septiembre de 2025 que ordena al presidente regular el uso “inadecuado y desproporcionado” de las alocuciones. La respuesta de Petro fue inmediata y desafiante: “Censura y simple censura”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), reafirmando su derecho a expresarse sin restricciones.
A lo largo de su mandato, Petro ha protagonizado múltiples intervenciones que han generado polémica.
Episodios de controversia
Las alocuciones, que deberían ser excepcionales, se han vuelto frecuentes. En ellas, Petro no solo informa, sino que opina, convoca y confronta. En una de ellas, por ejemplo, llamó a la ciudadanía a movilizarse en favor de una consulta popular, lo que llevó a la Comisión de Regulación de Televisión a advertir que no puede usar los canales oficiales para promover causas políticas. Petro desestimó la advertencia, insistiendo en que se trataba de “una nueva forma de censura”.
Durante las elecciones regionales de 2023 y las legislativas de 2025, Petro ha manifestado públicamente su apoyo a candidatos afines, como Iván Cepeda y Daniel Quintero. En un caso reciente, criticó un fallo judicial que impedía la unión de tres precandidatos del Pacto Histórico y los convocó a la Casa de Nariño para discutir estrategias. La Procuraduría recordó que está prohibido para el presidente y su gabinete intervenir en campañas, pero el mandatario ha ignorado reiteradamente estas advertencias.
El entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que Roy Barreras y Daniel Quintero “son los dos mejores candidatos”. Por su parte, el exministro de Justicia, Néstor Osuna, descalificó públicamente al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, cuestionando su ética e integridad. Estas declaraciones han sido interpretadas como una extensión del discurso presidencial, lo que refuerza la percepción de intervención institucional en la contienda electoral.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado cómo Petro ha utilizado sus redes sociales para estigmatizar a periodistas críticos. Ha promovido hashtags cómo #CaracolMiente, ha acusado a medios de practicar “periodismo Mossad” y ha calificado a periodistas como “muñecas de la mafia”. Estas expresiones han desencadenado campañas de acoso digital contra figuras como Camila Zuluaga, Vicky Dávila y María Jimena Duzán. En palabras de la FLIP: “El presidente tiene derecho a la libertad de expresión, pero también tiene una responsabilidad institucional. Sus palabras tienen un peso que puede poner en riesgo a periodistas y medios”.
En julio de 2025, Petro sugirió que los medios que “violen la Constitución” podrían perder sus contratos de concesión. Esta propuesta fue interpretada como una amenaza a la libertad de prensa. Figuras como Alejandro Gaviria y Cristina Plazas rechazaron la idea, calificándola de “antidemocrática” y “autoritaria”.
Durante una manifestación en Times Square, Nueva York, Petro pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran órdenes relacionadas con la Franja de Gaza. Este gesto fue replicado en Colombia por la precandidata Vicky Dávila, quien usó un megáfono para pedir a los militares colombianos que no obedecieran a Petro, sino a la Constitución. El episodio generó un debate sobre los límites del discurso presidencial y su impacto en la institucionalidad.
¿Libertad de expresión o abuso de poder?
Petro ha defendido su derecho a expresarse como parte de la libertad de expresión y del mandato democrático que representa. Sin embargo, instituciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido que el uso del megáfono presidencial puede alterar la equidad electoral y poner en riesgo la neutralidad institucional.
La MOE ha señalado que “el presidente debe abstenerse de intervenir en campañas, directa o indirectamente, para garantizar la transparencia del proceso”. A pesar de ello, los llamados a moderar su discurso han sido ignorados.
Más allá de los aspectos legales, el caso de Petro revela una tensión profunda entre el poder simbólico del discurso y los límites institucionales. En un país marcado por la polarización, la palabra presidencial no solo informa: moviliza, confronta y redefine el campo político.
Petro ha entendido que, en la era digital, el megáfono no es solo el canal institucional, sino también las redes sociales, los gestos públicos y las narrativas emocionales. Su estilo confrontativo, que mezcla denuncia, épica y provocación, ha generado adhesiones fervorosas y rechazos contundentes.
El debate sobre el megáfono de Petro no es solo jurídico, sino cultural. ¿Debe el presidente hablar como líder político o como jefe de Estado? ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza el deber de neutralidad? ¿Puede un presidente ser activista?
Por ahora, los llamados a moderar su discurso han caído en oídos sordos. Pero el eco de sus palabras sigue resonando en las instituciones, en las calles y en las redes. Y en ese eco se juega, quizás, una parte crucial del futuro democrático de Colombia.
