En solo un mes, el Gobierno pasó del diálogo a los ultimátums frente a la reforma a la salud, mientras el Congreso la mantiene estancada. La crisis hospitalaria se agrava, las EPS enfrentan amenazas de liquidación y el discurso oficial escala hacia el choque institucional.
En apenas un mes, el Gobierno colombiano ha pasado de los llamados al diálogo a los ultimátums en torno a la reforma a la salud, una de las apuestas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro. Mientras el proyecto permanece empantanado en el Senado, el discurso oficial se endurece con amenazas de liquidación a las EPS y denuncias de corrupción por miles de millones de pesos.
La reforma a la salud, presentada por el Gobierno como piedra angular de su mandato, enfrenta su momento más crítico. En la Comisión Séptima del Senado, donde debe superar su tercer debate para convertirse en ley, el proyecto está estancado desde hace semanas. Se discuten tres ponencias: la oficialista, la alternativa y la de archivo. Pero ningún bloque político tiene los votos suficientes para aprobar una versión definitiva o hundirla, como ya ocurrió en abril de 2024.
Este estancamiento ha generado frustración en el Ejecutivo, que ha optado por radicalizar su discurso. Lo que antes eran promesas de concertación, hoy son advertencias de intervención estatal y acusaciones de saqueo institucional.
El sistema de salud colombiano ha enfrentado múltiples crisis en las últimas décadas. Desde la Ley 100 de 1993, que instauró el modelo de aseguramiento a través de EPS, se han registrado más de 15 liquidaciones de entidades por insolvencia o mala gestión. Solo entre 2018 y 2022, el Gobierno anterior liquidó EPS como Saludvida, Coomeva y Medimás, dejando millones de usuarios en incertidumbre.
En 2024, el Ministerio de Salud reportó que las deudas acumuladas de las EPS con hospitales y clínicas superaban los 12 billones de pesos. A pesar de los giros presupuestales, muchos prestadores no recibieron pagos, lo que agravó la situación financiera de las instituciones.
Durante el primer semestre de 2025, las IPS cerraron servicios al mismo ritmo que en todo 2024, lo que evidencia una crisis silenciosa en la red hospitalaria.
La falta de pagos por parte de las EPS ha generado una cadena de desfinanciamiento. Clínicas y hospitales públicos reportan dificultades para pagar nóminas, adquirir insumos y mantener servicios básicos. En regiones como Chocó, La Guajira y el sur del Cesar, se han suspendido servicios de urgencias, partos y atención especializada.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció en agosto que una liquidación masiva de EPS podría agravar la crisis: “Si llegáramos a liquidar estas EPS, no habría con qué responder ante la deuda que se tiene en materia de salud”.
Sin embargo, en octubre, su tono cambió radicalmente: “Las EPS pagan sus deudas o las liquidamos, y entonces sí entramos nosotros a pagarle a los hospitales. Pero no a las EPS. El Gobierno anterior les entregó 12 billones de pesos y no le pagaron a nadie”.
Expertos en salud pública advierten que el endurecimiento del discurso puede tener efectos contraproducentes. La incertidumbre legislativa, sumada a las amenazas de liquidación, genera pánico entre usuarios, prestadores y trabajadores del sector.
Además, la falta de una hoja de ruta clara para reemplazar el modelo actual —en caso de que las EPS desaparezcan— podría llevar a un colapso operativo. ¿Quién asumiría la gestión de los millones de afiliados? ¿Cómo se garantizaría la continuidad de los tratamientos?
La reforma a la salud en Colombia se encuentra en una encrucijada. Mientras el Congreso no logra avanzar en su discusión, el Gobierno endurece su postura, lo que genera tensiones institucionales y temor en el sector.
La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación cómo el sistema se deteriora sin soluciones concretas. El riesgo de una crisis humanitaria en salud no es menor, y el tiempo para tomar decisiones se agota.
