Mientras el Ministerio del Trabajo se escuda en tecnicismos legales para evadir su responsabilidad ambiental, el campesino santandereano sobrevive a la crisis más profunda de los últimos años. Dos caras de un mismo sistema que premia la incompetencia y castiga el trabajo honesto.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ En abril de 2025, un grupo de ingenieros ambientales hizo algo casi subversivo en este país: usar la ley para defender la ley. En una sociedad donde las causas se ganan con hashtags y los problemas se archivan con sellos, ellos decidieron apelar a la razón.
Pidieron al Ministerio del Trabajo que, por sentido común y por respeto a la vida, se estableciera la obligatoriedad de contar con ingenieros ambientales en las empresas, según su tamaño o nivel de impacto. No pedían privilegios. Pedían técnica, coherencia y responsabilidad.
La respuesta del Estado, firmada y sellada bajo el radicado 05EE2025310000000080244, fue una obra maestra de la burocracia criolla:
«No existe una ley que obligue a las empresas a vincular ingenieros ambientales.»
Y, para coronar el absurdo, el Ministerio añadió con serenidad digna de un notario:
«Si se intentara imponer por resolución ministerial, podría ser demandado por exceso de competencia.»
Traducido al lenguaje del pueblo: sabemos del hueco, pero llenarlo no es nuestro trabajo.
Así funciona la maquinaria estatal: fabrica respuestas elegantes para justificar su propia inacción. Un país donde cualquiera puede firmar un estudio ambiental, pero nadie responde cuando un río muere o un páramo se convierte en carretera. Donde al ingeniero ambiental le exigen tarjeta profesional, pero al que aprueba los proyectos no le piden ni saber qué es una cuenca. Como dice un campesino del páramo: «El que firma los estudios nunca ha pisado la quebrada».
Mientras los técnicos chocan con el muro del papel sellado, el campo libra su propia batalla contra el olvido. La papa —símbolo humilde del país que almuerza con dignidad— se desplomó de $170.000 a $80.000 el bulto. Los titulares de prensa, con el entusiasmo del que no siembra, lo celebraron como «alivio al bolsillo».
Lo que no dicen es que detrás de esa cifra hay deuda, hambre y desespero. Que los productores del páramo de Berlín, en Santander, están vendiendo por debajo del costo. Que producir alimento en Colombia se volvió un acto de resistencia quijotesca: se cultiva sabiendo que se perderá dinero, pero también sabiendo que rendirse es dejar morir la tierra.
Y justo cuando el abandono se disfraza de ayuda, aparece la «Papatón»: esa jornada que, en teoría, nació para apoyar al campesino, pero que terminó convertida en un desfile de chalecos institucionales y fotos para redes sociales.
Varios paperos denunciaron que funcionarios locales les exigieron datos personales y permisos para poder vender su propio producto. Como si el hambre también necesitara código QR.
Su respuesta fue tan sencilla como poderosa: «No queremos política, queremos trabajar.»
Ahí está la dignidad más pura: el campesino que no pide subsidio ni aplauso, solo que no lo estorben para ganarse la vida. Y esa frase conecta con la lucha de los ingenieros que levantaron su voz.
Dos caras del mismo país: el campesino que cuida la tierra con las manos, y el ingeniero que la defiende con la ciencia. Ambos aplastados por el mismo Estado que dice representarlos.
Porque en este país, proteger el ambiente o producir alimento se volvió sospechoso si no lleva logo político.
En temporada electoral, el campesino se vuelve la papa caliente de la retórica. Para la izquierda, es el símbolo del pueblo oprimido. Para la derecha, es la postal del campo productivo. Ambos lo usan, ninguno lo escucha.
Mientras unos reparten arengas y otros reparten volantes, el papero vende su cosecha a mitad de precio y con el alma entera. En Bucaramanga, hasta la solidaridad tiene dueño. Les piden permisos, formularios y lealtades para vender lo que la tierra dio. Como si el hambre también necesitara licencia.
Así se degrada la política: transformando la necesidad en campaña y la gestión pública en un reality de redes.
Tenemos pastores que se creen mesías, alcaldes encargados que se encargan de todo menos de gobernar, y concejales del Partido Verde que solo son verdes en el filtro de Instagram. Se habla más de cámaras que de quebradas, más de seguidores que de ciudadanos.
Los nuevos políticos-influencers venden moral en historias de 30 segundos mientras la ciudad se hunde entre huecos, basuras y discursos reciclados. Bucaramanga no necesita más funcionarios con micrófono: necesita servidores con vergüenza.
Y mientras ellos posan, los ingenieros que redactaron esa solicitud —que por seguridad prefieren el anonimato— siguen insistiendo. No piden contratos, piden respeto técnico. Reclaman un estatuto profesional que garantice que la gestión ambiental no siga siendo una tómbola política. Su carta no es queja: es un acto de dignidad.
«Si el Ministerio del Trabajo no puede garantizar empleo digno a quienes protegen la vida, ¿entonces quién puede?«, preguntan. Esa pregunta no busca respuesta: busca conciencia.
La burocracia colombiana ya no se mide por resultados, sino por radicados. Produce decretos, oficios, manuales y promesas. Engorda en sus cargos, pero vacía el país. Mientras llenan hojas de cálculo sobre «desarrollo sostenible», los campesinos llenan canastos de papa que nadie compra, y los ingenieros llenan formularios que nadie lee.
Colombia no se arruina por falta de leyes, sino por exceso de excusas. Tenemos decretos para todo, menos para cumplirlos. Manuales para todo, menos para aplicarlos. Los burócratas hablan de «procesos en curso» mientras el agua se contamina, el campesino se quiebra y el profesional se queda sin empleo.
Lo que está en juego no es un salario ni un contrato: es la ética pública. Un Estado que observa cómo su gente produce, trabaja y se empobrece mientras se felicita en Twitter por «avances en sostenibilidad», no es incompetente: es cómplice. Y en esa complicidad se pudre el futuro.
Nos sobran cerebros y manos dispuestas. Lo que falta es carácter. Y sin carácter, ningún país cambia. Si seguimos premiando la demagogia y castigando la técnica, pronto no quedará ni quien produzca la papa ni quien mida la contaminación del agua que la riega.
El futuro no se decreta: se construye. Y para construirlo no se necesita poesía: se necesita coraje.
Colombia está llena de ingenieros que saben cómo evitar desastres, pero no tienen contrato. De campesinos que saben cómo alimentar al país, pero no tienen mercado. De funcionarios que saben el problema, pero no tienen agallas.
Un país donde la ley se usa para no actuar, donde la política se graba en TikTok y donde la verdad estorba al poder. Esta denuncia no pertenece a un solo grupo, sino a una generación entera que se cansó de ver cómo el Estado archiva la conciencia.
Porque, al final, cuando alguien en Colombia trabaja con decencia, el sistema no sabe dónde archivarlo.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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