Freddy Orlando Quintero Mogollón administra los dineros para las víctimas del Catatumbo enfrenta un juicio por presuntos vínculos con el ELN. Mientras la región clama por ayuda, el Estado delega la reparación a quien podría haber contribuido a la victimización.
En una región marcada por el dolor y la persistente violencia, la gestión de los recursos destinados a las víctimas del conflicto en el Catatumbo ha desatado una controversia de alto calibre. Freddy Orlando Quintero Mogollón, subdirector general de la Unidad para las Víctimas, enfrenta un juicio por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras administra más de 165.000 millones de pesos asignados para atender la emergencia humanitaria en esta convulsionada zona del norte de Colombia.
El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, ha sido históricamente uno de los epicentros del conflicto armado colombiano. A comienzos de 2025, una escalada de violencia protagonizada por el ELN provocó el desplazamiento de más de 82.000 personas, según cifras oficiales. La situación llevó al Gobierno Nacional a declarar una emergencia humanitaria y a implementar el llamado Plan Catatumbo, que buscaba contener la crisis mediante asistencia directa y medidas de seguridad.
Aunque los reportes de homicidios y desplazamientos han disminuido desde junio, la región sigue siendo altamente vulnerable. Los cinco albergues temporales habilitados por las alcaldías fueron cerrados por falta de recursos, y el Estado considera que el periodo crítico de emergencia concluyó en junio, tres meses después del inicio de los hechos.
El funcionario en el centro del escándalo
Freddy Orlando Quintero Mogollón, quien ocupa el segundo cargo más importante en la Unidad para las Víctimas desde junio, fue delegado por el director Adith Rafael Romero para ejercer la ordenación del gasto sin límite de cuantía en la atención a las víctimas del Catatumbo. Esta decisión le otorga control sobre más de 42 millones de dólares que deben ser ejecutados antes de noviembre.
Sin embargo, Quintero enfrenta un juicio por los delitos de rebelión, financiación al terrorismo y concierto para delinquir. La Fiscalía ha reunido al menos 18 testimonios de exguerrilleros y civiles que lo vinculan con la red de apoyo del frente Efraín Pabón del ELN, una de las estructuras responsables de la violencia en la región.
“Si bien el estado de emergencia terminó, la población víctima debe seguir siendo atendida a largo plazo en el marco de una reparación integral”, declaró Quintero a El País, defendiendo la continuidad en la ejecución de los recursos.
La administración anterior de la Unidad para las Víctimas, liderada por Lilia Solano, había recomendado devolver los recursos no ejecutados al Ministerio de Hacienda, con el fin de reservarlos para una eventual nueva emergencia o redirigirlos a otras regiones afectadas. Tres exfuncionarios que coordinaron la atención durante el momento más crítico respaldaron esta postura.
“Se había acordado que, una vez vencido el tiempo de la emergencia humanitaria, que fueron tres meses, había que retornar el dinero porque la ejecución no iba a tener el mismo impacto, pero además por transparencia”, explicó un funcionario activo que trabajó en la crisis del Catatumbo.
No obstante, con la llegada de Romero y su equipo, los recursos nunca fueron devueltos. En cambio, se ordenó gastar “hasta el último peso”, lo que ha generado inquietudes sobre la idoneidad del equipo técnico y la transparencia del proceso. Según denuncias internas, a la subdirección general han llegado profesionales con poca experiencia en el tema que les compete.
¿Qué se está haciendo con los recursos?
Los fondos están destinados a giros económicos para las familias desplazadas, atención psicosocial y entregas de mercados y kits de aseo. Aunque la emergencia ya no está en su punto más crítico, el argumento de la nueva administración es que la reparación integral requiere continuidad.
En paralelo, otras entidades como la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han destinado 2.128 millones de pesos para atender la coyuntura, enfocándose en la protección de predios abandonados y en la atención a connacionales que migraron a Venezuela como consecuencia de la violencia.
Además, el programa Colombia Mayor ha sido complementado con ayudas humanitarias monetarias de hasta $230.000 pesos por persona, dirigidas a adultos mayores víctimas de desplazamiento o confinamiento en el Catatumbo.
La presencia de un funcionario enjuiciado por vínculos con el ELN al frente de la ejecución de recursos en una zona dominada por ese mismo grupo armado ha encendido las alarmas en sectores políticos, sociales y académicos. Aunque el juicio de Quintero apenas comienza, el hecho de que esté en funciones mientras enfrenta cargos tan graves plantea serias dudas sobre los mecanismos de control institucional.
“Es una situación que pone en riesgo la confianza en las instituciones encargadas de la reparación de víctimas. No se puede permitir que los recursos públicos terminen en manos de quienes podrían haber contribuido a la victimización”, señaló un analista de seguridad.
Las familias desplazadas continúan enfrentando condiciones precarias. Muchos de los albergues fueron cerrados sin alternativas claras, y el acceso a los beneficios prometidos ha sido irregular. La falta de claridad sobre el destino de los recursos y la idoneidad de quienes los administran agrava la sensación de abandono.
“Nos prometieron mercados, atención psicológica, pero lo que recibimos fue incertidumbre. No sabemos quién maneja el dinero ni cómo se decide a quién se ayuda”, expresó una líder comunitaria de Tibú, uno de los municipios más afectados.
El caso de Freddy Orlando Quintero Mogollón pone en evidencia las tensiones entre la necesidad urgente de reparar a las víctimas del conflicto y los riesgos de corrupción e infiltración en las instituciones encargadas de hacerlo. Mientras el Catatumbo sigue siendo una herida abierta en el mapa del conflicto colombiano, la transparencia, la idoneidad y la justicia deben ser pilares innegociables en cualquier proceso de reparación.
