Fredy Cáceres Arismendy, alcalde encargado de Girón, desató en las últimas horas una crisis institucional al relevar ilegalmente a 11 funcionarios, incluyendo a una madre protegida por ley, generando una ola de indignación y demandas judiciales.
En medio de la transición política que vive el municipio de Girón (Santander), tras la salida del alcalde Campo Elías Ramírez por doble militancia, el nombramiento de Fredy Cáceres Arismendy como alcalde encargado ha encendido las alarmas por una serie de decisiones que, según expertos y funcionarios afectados, vulneran el marco legal colombiano y los derechos laborales de servidores públicos.
Cáceres, designado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, asumió el cargo con la promesa de garantizar la continuidad administrativa y preparar un empalme técnico con el próximo mandatario. Sin embargo, en menos de una semana, su gestión ha sido marcada por una serie de despidos masivos que han generado un ambiente de ingobernabilidad, zozobra institucional y posibles consecuencias jurídicas.
Según información obtenida por Corrillos, el alcalde encargado solicitó la renuncia de 11 funcionarios de libre nombramiento y remoción, entre ellos secretarios de despacho, asesores y jefes de oficina. Lo grave, según fuentes internas, es que dos de los funcionarios que no presentaron voluntariamente su renuncia fueron declarados insubsistentes, una figura que legalmente no puede ser aplicada por un alcalde en calidad de encargado.
La situación se agrava con el caso de Alejandra Pinzón, secretaria administrativa, quien fue retirada de su cargo pese a encontrarse dentro del periodo de protección por maternidad, que según la ley colombiana se extiende por dos años después del parto. Este despido vulneraría el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y jurisprudencia constitucional que protege a las madres trabajadoras contra despidos arbitrarios.
¿Puede un alcalde encargado tomar estas decisiones?
La respuesta jurídica es clara: no. Un alcalde encargado, según la normatividad vigente, tiene funciones limitadas y no puede realizar modificaciones estructurales en la administración ni tomar decisiones que comprometan derechos fundamentales o la estabilidad institucional. Su rol es transitorio y técnico, orientado a garantizar la continuidad de los servicios públicos mientras se define el reemplazo en propiedad.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que los encargos no otorgan facultades plenas de mando, especialmente en lo que respecta a la desvinculación de personal. En este caso, la remoción de funcionarios sin el debido proceso y sin facultad legal constituye una extralimitación de funciones, que podría derivar en sanciones disciplinarias, demandas laborales y acciones de tutela.
Una fuente cercana a la administración reveló a Corrillos que el alcalde encargado planea solicitar la renuncia de al menos 34 funcionarios adicionales, lo que ha sido calificado como una “masacre laboral sin precedentes” en la historia reciente de Girón. Esta decisión, además de ilegal, pone en riesgo la ejecución de proyectos, la continuidad de programas sociales y el funcionamiento de áreas críticas como salud, educación y planeación.
La misma fuente indicó que la funcionaria de carrera, Amanda Mantilla Rincón fue nombrada de forma encargada en la Secretaría Administrativa, con el objetivo de firmar las resoluciones de aceptación de renuncias y declaratorias de insubsistencia. Este movimiento ha sido interpretado como una estrategia para legitimar decisiones que, por su naturaleza, carecen de sustento jurídico.
El ambiente en la Alcaldía de Girón es de tensión y desconcierto. Varios funcionarios han manifestado su intención de demandar al alcalde encargado por despido injustificado, extralimitación de funciones y violación de derechos fundamentales. Los sindicatos y asociaciones de empleados públicos han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal para frenar lo que consideran un atropello institucional.
Además, líderes políticos y sociales han cuestionado la decisión del gobernador Juvenal Díaz de nombrar a Fredy Cáceres, quien, si bien tiene experiencia como concejal y diputado, no ha demostrado prudencia ni respeto por el orden jurídico en su breve gestión. La falta de garantías laborales y el clima de persecución han generado un profundo malestar entre los trabajadores y la ciudadanía.
¿Qué sigue para Girón?
Mientras los partidos que avalaron la candidatura de Campo Elías Ramírez —Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Partido de la U— presentan la terna para definir un alcalde en propiedad, Girón se encuentra en una encrucijada institucional. Las elecciones atípicas deberán convocarse en las próximas semanas, pero el daño causado por las decisiones del alcalde encargado podría tener repercusiones duraderas.
La comunidad espera que las autoridades competentes actúen con celeridad para restablecer el orden jurídico, proteger los derechos de los funcionarios afectados y garantizar una transición democrática y respetuosa. En palabras de un funcionario despedido: “No se puede permitir que un encargo de unos días se convierta en una dictadura administrativa”.
