Carlos Bueno se presenta como independiente, pero detrás pacta con Dios y con el diablo: el Gobernador Díaz Mateus y el senador Jota Pe Hernández. Su candidatura revela un posible entramado clientelista que pone la Alcaldía de Bucaramanga al servicio de favores políticos, donde el remedio podría ser peor que la enfermedad.
La elección atípica para la Alcaldía de Bucaramanga, convocada para el próximo 14 de diciembre, ha tomado un giro inesperado tras revelarse los entretelones del aval otorgado por el partido Colombia Justa Libres al candidato Carlos Bueno. Lo que parecía una decisión partidista se ha convertido en el centro de una controversia política que involucra supuestamente al Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus y al presidente de la colectividad cristiana, Ricardo Arias Mora, en una posible serie de favores cruzados que ponen en tela de juicio la legalidad y transparencia del proceso.
Según conoció Corrillos a través de una fuente que pidió reserva de su nombre, el aval entregado a Carlos Bueno no fue producto de un proceso interno regular del partido, sino resultado de una conversación telefónica entre el Gobernador Díaz Mateus y Ricardo Arias Mora, presidente de Colombia Justa Libres. La fuente asegura que Arias, quien previamente había negado el aval al exalcalde Jaime Beltrán alegando una supuesta inhabilidad para postularse, abrió la puerta para que otras fuerzas políticas intervinieran en la definición del candidato.
Fue entonces -dice la fuente- “cuando el Gobernador propuso a Carlos Bueno como su ficha para la contienda, y Arias, en contraprestación, solicitó que se designara como alcalde encargado a Javier Sarmiento Olarte”. Destaca la fuente que, la petición fue aceptada y ejecutada por Díaz Mateus, consolidando así un pacto político que se resume en un “tú me ayudas, yo te ayudo”.
¿Un candidato obediente?
En círculos privados, el Gobernador habría justificado su respaldo a Bueno con una frase reveladora: “Él hace caso”. Sin embargo, esa percepción no es compartida por todos. Días antes de recibir el aval, Carlos Bueno se reunió con Jaime Beltrán para solicitarle apoyo, pero recibió una negativa rotunda.
Beltrán le dio dos razones: primero, porque aún contemplaba ser candidato, y segundo, porque consideraba a Bueno una “rueda suelta”, alguien que no sigue instrucciones y que ya había sido retirado de la Dirección de Tránsito durante su administración por razones que trascendieron a los medios.
Otra fuente cercana a la campaña de Bueno advierte sobre su estrecha relación con el senador Jota Pe Hernández, figura polémica de la Alianza Verde. Se afirma que el estratega político de Bueno es financiado directamente por el congresista, lo que evidencia una alianza de facto. Aunque Bueno se presenta como “candidato independiente”, sus vínculos con el Gobernador y con Hernández sugieren una red de compromisos políticos que contradicen ese discurso.
La campaña de Carlos Bueno se desarrolla en medio de una paradoja: mientras se presenta como “candidato independiente” en sus videos y discursos, detrás de cámaras está haciendo alianzas con Dios y con el diablo.
Esta doble cara revela que la Alcaldía de Bucaramanga no está al servicio del clamor popular, sino de las fuerzas clientelistas que históricamente han gobernado la ciudad. En este contexto, la candidatura de Bueno no representa una renovación, sino una reedición de los mismos pactos que han debilitado la institucionalidad local. Lo que parecía una solución podría convertirse en un retroceso: el remedio fue peor que la enfermedad.
La legalidad en entredicho
El nombramiento de Javier Sarmiento Olarte como alcalde encargado también ha sido objeto de cuestionamientos. La Veedora Nacional del partido Colombia Justa Libres, Esperanza Valbuena López, denunció que el proceso de terna fue definido de manera contraria a los estatutos del partido.
En una carta dirigida al Gobernador, Valbuena advierte que no fue requerida por el presidente del partido para emitir el informe obligatorio que debe preceder la entrega de avales, como lo establece el Artículo 50 de los estatutos.
“Supervisar la entrega de avales, garantizando el cumplimiento de los requisitos correspondientes” es una de las funciones explícitas del Veedor Nacional, función que fue omitida en el caso de Carlos Bueno.
Valbuena concluye que “es abiertamente ilegal la entrega de ese aval”, lo que podría abrir la puerta a acciones disciplinarias o judiciales.
El aval entregado por Colombia Justa Libres, bajo condiciones cuestionables, y la designación del alcalde encargado sin cumplir los requisitos estatutarios, configuran un escenario de favores cruzados que contradicen los principios de transparencia y legalidad.
En ese sentido, la ciudadanía de Bucaramanga merece conocer los verdaderos intereses detrás de las candidaturas. En este caso, el velo de la independencia parece ocultar una red de compromisos que compromete la autonomía del candidato y la legitimidad del proceso electoral.
División familiar y fractura política
La familia Díaz Mateus, que fue clave en la elección del actual Gobernador, también enfrenta una fractura interna. Mientras los amigos de Juvenal Díaz Mateus apoyan a Carlos Bueno, los seguidores de su hermano, el exsenador Iván Díaz Mateus, respaldan a Cristian Portilla, candidato promovido por Jaime Beltrán. Una fuente cercana a la familia asegura que Iván “rompió sábanas” con su hermano por incumplimientos políticos.
Esta división se extiende a las elecciones para la Cámara de Representantes: los cercanos al Gobernador apoyan al coronel Guillermo Blanco, mientras que Iván respalda a su exesposa, Lina Barrera. La fragmentación de esta fuerza política tradicional añade incertidumbre al panorama electoral y debilita el respaldo monolítico que alguna vez tuvo la familia Díaz Mateus.
La candidatura de Carlos Bueno, lejos de representar una renovación, evidencia un supuesto entramado de favores entre el Gobernador y actores cuestionados. Su aparente independencia se diluye ante compromisos ocultos, fracturas familiares y decisiones ilegales. Bucaramanga podría enfrentar una administración subordinada a intereses clientelistas, donde el remedio resulte peor que la enfermedad.