La Fiscalía anunció imputaciones contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la UNGRD, un golpe que compromete directamente al Gobierno de Gustavo Petro. Las acusaciones reavivan dudas sobre su promesa de “cero tolerancia” frente a la corrupción.
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta nuevamente un terremoto político y judicial. La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos y la solicitud de detención preventiva contra dos de sus exministros más influyentes: Ricardo Bonilla, quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Ambos son señalados de haber participado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que ya había golpeado la credibilidad del Ejecutivo y que ahora se convierte en un desafío mayor a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales.
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, proclamó un decálogo de gobierno cuyo séptimo punto era la lucha frontal contra la corrupción. “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de ‘cero tolerancia’. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores… nadie queda excluido del peso de la ley”, afirmó en su discurso de posesión.
Sin embargo, esa promesa se ha visto debilitada por múltiples escándalos que involucran a miembros de su círculo cercano, incluidos su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás. El caso de la UNGRD, que ya había implicado a funcionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, ahora alcanza a dos figuras clave del gabinete presidencial.
La investigación de la Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco habrían ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, direccionar recursos hacia contratistas aliados de congresistas, con el objetivo de asegurar votos favorables a las reformas del Gobierno en el Congreso. López, junto con su subdirector Pinilla y la asesora María Alejandra Benavides, confesó su participación en el esquema y negocia beneficios judiciales a cambio de colaborar con la justicia.
Uno de los episodios más emblemáticos fue la compra de 40 carrotanques por más de 46 mil millones de pesos para abastecer de agua a comunidades indígenas en La Guajira. El proyecto, presentado como una respuesta a la crisis del fenómeno de El Niño, terminó destapando sobrecostos cercanos a los 16 mil millones y contratos irregulares que nunca cumplieron su propósito.
Los delitos imputados
La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. De confirmarse las acusaciones, ambos se sumarían a la lista de altos funcionarios del Gobierno Petro vinculados judicialmente por este escándalo, que ya incluye a seis exfuncionarios.
Luis Fernando Velasco reaccionó públicamente a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró: “Fiscales y el país en general, hasta ahora, solo han escuchado las voces de aquellos que, de manera delincuencial, se apropiaron de recursos públicos y, señalando a otros, quieren obtener beneficios judiciales”.
El exministro agregó que entregará “todo el material probatorio” ante los magistrados para desmontar lo que calificó como “barbaridades” y “falsedades” en su contra. Recordó además que hace 17 años enfrentó un proceso similar y fue declarado inocente: “Estoy listo de nuevo para dar la batalla”.
En otra declaración, Velasco insistió en que las acusaciones de Olmedo López carecen de fundamento: “Este señor es un delincuente ya confeso y para mermar su pena busca un principio de oportunidad. Con mis abogados hemos hecho un trabajo muy serio y tenemos suficientes pruebas que pueden enfrentar lo que ha dicho”.
Por su parte, Ricardo Bonilla ha negado cualquier participación en actos ilícitos y se ha mostrado dispuesto a responder ante la justicia.
El anuncio de la Fiscalía golpea al Gobierno en un flanco particularmente sensible: la corrupción. Aunque Petro ha insistido en que su administración representa un cambio frente a las prácticas tradicionales, la imputación de dos de sus exministros más cercanos debilita su narrativa y alimenta la percepción de que el Ejecutivo no ha logrado blindarse contra la corrupción.
El caso es aún más delicado porque la actual fiscal general fue postulada por Petro, lo que refuerza la legitimidad de las acusaciones y evita que puedan ser interpretadas como una persecución política.
Además, el escándalo se produce en un momento crítico: a cuatro meses de las elecciones legislativas y seis de las presidenciales. La oposición ha aprovechado la coyuntura para cuestionar la coherencia del Gobierno y señalar que las reformas sociales impulsadas por Petro —como la de salud, pensiones y laboral— estuvieron acompañadas de prácticas clientelistas y corruptas para asegurar apoyos en el Congreso.
La dimensión del escándalo
El caso de la UNGRD no solo involucra a exministros, sino que ha destapado una red de funcionarios, asesores y congresistas que se beneficiaron de contratos irregulares y sobrecostos. Entre los implicados figuran nombres como César Manrique Soacha, Iván Name y Andrés Calle, además de Olmedo López y Carlos Ramón González.
La magnitud del entramado ha puesto en entredicho la capacidad del Gobierno para garantizar transparencia en el manejo de recursos destinados a emergencias y desastres, un área especialmente sensible en un país como Colombia, donde las comunidades vulnerables dependen de la eficacia de estas políticas.
El escándalo de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el Gobierno de Gustavo Petro. La imputación de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no solo compromete la credibilidad de su administración, sino que amenaza con convertirse en un factor decisivo en la campaña electoral.
