Los documentos sobre infiltraciones guerrilleras en el Estado exponen una grave crisis institucional y revela cómo, bajo el gobierno Petro, la seguridad nacional quedó expuesta a intereses insurgentes.
Por: Rafael Lee/ La reciente revelación de archivos atribuidos a alias Calarcá desató una tormenta política que golpea directamente al gobierno de Gustavo Petro. Los documentos muestran una estructura estatal permeada por disidencias guerrilleras mientras el Ejecutivo insistía en su narrativa de paz total. La magnitud de las filtraciones, sumada a la aparente pasividad institucional, plantea la peor sospecha: la guerrilla no solo ganó espacio en los territorios, también avanzó dentro del propio Estado.
Las revelaciones sobre las presuntas conexiones entre disidencias de las FARC y altos funcionarios del Estado han dejado al gobierno del presidente Gustavo Petro en el centro de su mayor crisis política. Los documentos hallados en dispositivos de alias Calarcá exponen un panorama inquietante: contactos directos con miembros de la fuerza pública, posibles acuerdos clandestinos y acceso a información confidencial sobre operaciones militares. Todo ello ocurre mientras el presidente impulsa su proyecto de paz total y defiende un diálogo abierto con organizaciones armadas que, lejos de desmovilizarse, parecen fortalecerse. La toma interna que sugieren estas filtraciones no es una metáfora, sino una señal alarmante de captura institucional.
Desde el inicio de su mandato, Petro ha sostenido que la paz se lograría sentando a todos los grupos armados en la mesa, sin distinciones. Sin embargo, la falta de controles, la improvisación normativa y la ausencia de líneas rojas claras crearon un ecosistema donde las disidencias encontraron un espacio propicio para moverse con libertad. El contenido de los archivos de Calarcá muestra, precisamente, cómo estos grupos aprovecharon el clima político para expandir su influencia y penetrar estructuras estratégicas del Estado. Las comunicaciones incautadas reflejan no solo intercambio de información, sino la sensación de que ciertos sectores del gobierno estaban dispuestos a conceder más de lo debido en nombre de la paz.
Lo más preocupante es la profundidad de la infiltración. La suspensión disciplinaria de un general y un directivo de inteligencia no solo confirma la verosimilitud de los documentos, sino que revela fisuras graves en el aparato de seguridad. La institucionalidad, debilitada por decisiones apresuradas, cambios estructurales mal ejecutados y un discurso oficial que deslegitima a las fuerzas militares, se convirtió en terreno fértil para la manipulación insurgente. La guerrilla entendió el momento político mejor que el gobierno: mientras Petro hablaba de desescalar, las disidencias escalaban sus redes internas.
El presidente respondió solicitando un examen forense a los chats, pero su reacción dejó más dudas que certezas. Críticos señalan que Petro parece más preocupado por controlar el escándalo que por garantizar una investigación independiente y profunda. Su defensa pública de los negociadores y su insistencia en mantener las conversaciones
El Estado en peligro
El país atraviesa un momento decisivo. La combinación entre la permisividad institucional, la ambigüedad en el manejo de la seguridad y la expansión territorial de las estructuras criminales ha creado un escenario donde los grupos subversivos avanzan sin resistencia real. La idea de una “paz total” se ha transformado, en la práctica, en un repliegue del Estado frente a organizaciones que jamás abandonaron sus armas y que hoy interpretan las concesiones del gobierno Petro como una señal de debilidad estratégica. Si no surge una firmeza política y militar capaz de contrarrestar ese avance, Colombia corre el riesgo de experimentar una toma interna gradual: silenciosa, pero devastadora.
Durante décadas, los grupos guerrilleros soñaron con controlar regiones completas, administrar justicia por su cuenta, imponer economías ilegales y moldear la vida social bajo su influencia. Ese sueño nunca desapareció. Lo que sí cambió fue el campo de juego: ahora, en medio de un gobierno que ha suavizado la presión militar, renunciado al lenguaje de la autoridad y cuestionado las políticas de seguridad que habían logrado contener parcialmente a estas estructuras, la guerrilla encontró la oportunidad perfecta para profundizar su presencia. La reducción del accionar de la Fuerza Pública en varias zonas del país es un mensaje claro: el Estado está retrocediendo.
En departamentos como Cauca, Nariño, Arauca y Norte de Santander, las disidencias de las FARC y el ELN están imponiendo nuevas reglas: toques de queda, desplazamientos forzados, control de carreteras, reclutamiento de menores y nuevas fronteras invisibles. Mientras tanto, los ciudadanos se enfrentan a una realidad que contradice por completo el discurso oficial: la violencia no disminuye, la extorsión se expande y las economías ilegales fortalecen su músculo militar. Los grupos subversivos no solo no han cedido; han conquistado espacios que el Estado ha abandonado voluntariamente.
Este escenario deja expuesta una verdad incómoda: no hay una estrategia de seguridad coherente. En lugar de fortalecer la inteligencia militar, se ha debilitado. En lugar de consolidar la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, se les ha sometido a narrativas ideológicas que buscan deslegitimarlas. En lugar de enfrentar con contundencia a quienes desafían el monopolio de la fuerza, se les ha otorgado la posibilidad de negociar desde posiciones de poder. Cuando el Estado falla en ejercer autoridad, alguien la toma por él. Y ese “alguien” suele ser un actor armado ilegal.
La idea de una toma guerrillera ya no es un escenario hipotético o lejano. Es una posibilidad real, alimentada por la falta de directrices claras, la improvisación gubernamental y el mensaje equivocado de que la insurgencia es un actor político equivalente al Estado. La guerrilla se fortalece cuando siente que el poder institucional es débil, dividido o complaciente. Y hoy, lamentablemente, ese es el diagnóstico.
Frente a este panorama, la única salida es recuperar la firmeza: autoridad sin titubeos, reglas claras, presencia militar permanente y una política de seguridad que no se someta a agendas ideológicas. Colombia necesita un gobierno capaz de decir, sin ambigüedad, que ningún grupo armado está por encima de la ley. Que el país no será negociado a pedazos. Que la Fuerza Pública no es un enemigo interno sino la columna vertebral del orden republicano.
Si no llega esa firmeza, si no aparece un liderazgo con visión de Estado, Colombia podría terminar viviendo el sueño que por décadas han perseguido los grupos subversivos: el control interno, el control total, la transformación del país en un territorio donde el poder legítimo se diluye y la violencia decide el destino de millones. Hoy, más que nunca, la defensa de la institucionalidad no es un debate ideológico; es una urgencia nacional.
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*Economista de la Universidad Santo Tomas, analista político y económico.
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
