Las polémicas estrategias biológicas que Estados Unidos exploró para erradicar cultivos ilícitos en Colombia vuelven a escena bajo la administración de Donald Trump. Desde hongos como el fusarium oxysporum hasta semillas modificadas, las propuestas generan inquietud por sus riesgos ambientales, sociales y políticos en la región.
La guerra contra las drogas ha sido uno de los ejes centrales de la política exterior de Estados Unidos durante más de cinco décadas. En ese marco, Colombia se convirtió en laboratorio de múltiples estrategias de erradicación, desde fumigaciones aéreas con glifosato hasta propuestas más radicales como el uso de agentes biológicos.
Un reciente reportaje del Washington Post reveló que la CIA ejecutó entre 2004 y mediados de la década de 2010 un programa secreto en Afganistán para sabotear la producción de heroína. La operación consistió en arrojar semillas de amapola modificadas genéticamente para producir flores con bajo contenido de morfina, con el fin de debilitar la economía de los talibanes.
Este antecedente revive el debate en Colombia, donde iniciativas similares fueron consideradas en los años noventa y dos mil, bajo el paraguas del Plan Colombia. La idea de aplicar soluciones biológicas para acabar con la coca vuelve a ser discutida en Washington, ahora con el impulso del presidente Trump.
Uno de los proyectos más controvertidos fue el uso del hongo fusarium oxysporum, capaz de marchitar las hojas de coca hasta destruir la planta. La propuesta surgió tras observar brotes naturales en Perú durante los años ochenta, que devastaron cultivos en el Alto Huallaga.
Agencias estadounidenses financiaron investigaciones para desarrollar un “mycoherbicida” dirigido exclusivamente contra la coca. El congresista republicano Mark Souder defendió en 2000 y 2005 su aplicación en Colombia y Perú, argumentando que era “una solución biológica, más barata y efectiva que las fumigaciones químicas”.
Sin embargo, expertos alertaron sobre los riesgos de liberar un hongo en ecosistemas tropicales. El temor era que pudiera mutar y afectar otras especies, generando daños irreversibles en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria de comunidades rurales.
Paralelamente, Colombia vivió intensas campañas de fumigación aérea con glifosato, financiadas por Estados Unidos y ejecutadas por contratistas privados bajo supervisión de la DEA. Estas prácticas se convirtieron en símbolo del esfuerzo bilateral, pero también en fuente de controversia por sus impactos en la salud y el medio ambiente.
Organizaciones campesinas denunciaron afectaciones en cultivos lícitos, contaminación de fuentes de agua y problemas de salud en comunidades expuestas. La Corte Constitucional colombiana suspendió en 2015 las fumigaciones, al considerar que no cumplían con estándares de seguridad.
El regreso de propuestas biológicas bajo Trump revive el fantasma de estas políticas, que en su momento fueron criticadas por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Riesgos y cuestionamientos
Los riesgos de las operaciones biológicas son múltiples:
- Ambientales: posibilidad de que hongos o semillas modificadas afecten especies no objetivo.
- Sociales: impacto en comunidades campesinas que dependen de la coca como sustento económico.
- Políticos: tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos por la imposición de estrategias cuestionadas.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado el interés en fórmulas radicales contra el narcotráfico. Su administración considera que las fumigaciones químicas resultan costosas y poco efectivas, y que los agentes biológicos podrían ofrecer una alternativa más barata y duradera.
Aunque no se han anunciado planes concretos, el solo hecho de revivir estas discusiones genera alarma en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha defendido una política antidrogas centrada en la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo rural, en
En Colombia, las reacciones son diversas. El Gobierno insiste en que cualquier estrategia debe respetar la soberanía nacional y los derechos humanos, los campesinos temen que nuevas operaciones biológicas afecten sus cultivos lícitos y su salud, mientras que los académicos advierten que liberar hongos o semillas modificadas sin estudios exhaustivos podría tener consecuencias impredecibles.
La memoria del Plan Colombia y de las fumigaciones con glifosato sigue viva en las comunidades rurales, que ven con desconfianza cualquier intento de repetir experimentos de alto riesgo.
El debate sobre las operaciones biológicas contra cultivos ilícitos refleja la tensión entre la búsqueda de soluciones rápidas al narcotráfico y la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades. Bajo Trump, Estados Unidos parece dispuesto a reabrir un capítulo polémico de su política antidrogas.
Colombia, como epicentro histórico de estas estrategias, enfrenta nuevamente el dilema de aceptar o rechazar propuestas que podrían tener consecuencias irreversibles. El desafío será equilibrar la presión internacional con la defensa de su soberanía y de los derechos de sus ciudadanos.
