La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a cinco militares retirados como máximos responsables del genocidio contra la Unión Patriótica, el caso más emblemático de violencia política en Colombia. La decisión reconoce décadas de exterminio sistemático, con más de 5.700 víctimas, y marca un hito en la justicia transicional.
La Unión Patriótica (UP) nació en 1985 como resultado de un intento de acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. El partido emergió como una alternativa política de izquierda con presencia en regiones como Urabá, Meta, Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño. En las elecciones presidenciales de 1986, la UP obtuvo el 4,58% de los votos, un logro sin precedentes para una fuerza política recién creada.
Sin embargo, ese éxito electoral desató una campaña de exterminio. Entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes sin reportes de militantes asesinados o desaparecidos. El ataque genocida se extendió a 427 municipios del país, alcanzando tanto zonas rurales como grandes ciudades como Bogotá y Medellín.
Este 9 de diciembre de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la imputación de responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército:
General (r) Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División.
Brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII en Urabá.
Tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
La JEP calificó los hechos como genocidio político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano, y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.
La magistrada de la JEP, Catalina Díaz Gómez explicó: “El ataque genocida contra la UP estuvo relacionado con el éxito electoral del partido político. Fue el resultado de una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de las FARC requería la destrucción del partido de la Unión Patriótica”.
El comunicado oficial de la JEP señaló: “El ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo dos candidatos a la Presidencia de la República, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales”.
Magnitud del genocidio
La JEP documentó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.
El exterminio afectó a campesinos, obreros bananeros, sindicalistas, líderes sociales y dirigentes políticos. La estigmatización fue un mecanismo clave: se señalaba a la UP como supuesto “brazo político de las FARC”, incluso después de que el partido anunciara en 1987 su ruptura definitiva con la guerrilla.
La imputación abre la fase de audiencias públicas de reconocimiento, donde los militares deberán responder por su papel en el exterminio. La JEP subrayó que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, y que se ejerció contra todos los niveles de la organización política.
Este paso judicial se suma a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en enero de 2023, que ordenó al Estado colombiano realizar un acto público de perdón. El presidente Gustavo Petro encabezó ese acto en Santa Marta el 10 de noviembre de 2023.
El anuncio de la JEP fue recibido como un avance histórico en la búsqueda de justicia. Organizaciones de víctimas destacaron que, tras cuatro décadas de lucha, se reconoce oficialmente que el exterminio de la UP fue un genocidio político.
En contraste, sectores negacionistas han intentado minimizar los hechos, señalando que la UP era un brazo de la insurgencia. La JEP respondió que esa narrativa fue parte del patrón de estigmatización que justificó la violencia.
La imputación de cinco militares retirados por el genocidio de la Unión Patriótica marca un hito en la justicia transicional colombiana. Reconoce que el exterminio no fue un conjunto de hechos aislados, sino un plan sistemático para destruir un proyecto político legítimo.
El proceso abre la posibilidad de que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación, y que el país enfrente uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. La decisión de la JEP no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas y morales: reafirma que la democracia colombiana fue herida por la violencia estatal y paramilitar, y que la memoria de la Unión Patriótica debe ser reivindicada.
