La Fiscalía General de la Nación imputó al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Según el ente acusador, el exministro abusó de su poder y tomó decisiones arbitrarias que vulneraron principios de transparencia y legalidad, desatando un escándalo político y jurídico.
El nombre de Álvaro Leyva Durán, excanciller del gobierno de Gustavo Petro, ha quedado marcado por uno de los episodios más polémicos de la administración: la fallida licitación de los pasaportes colombianos. Lo que comenzó como un proceso administrativo terminó convertido en un escándalo nacional que hoy lo tiene enfrentando cargos de prevaricato por acción en concurso homogéneo, según la Fiscalía General de la Nación.
Este caso, que combina decisiones políticas, disputas contractuales y acusaciones de abuso de poder, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre legalidad, intereses estatales y la gestión de altos funcionarios.
La Fiscalía sostiene que Leyva intervino de manera directa en la licitación pública 001 de 2023, un proceso que debía estar bajo la dirección de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el excanciller reasumió el control con el propósito de impedir la adjudicación del contrato a la empresa que ya había sido evaluada y habilitada.
La decisión de declarar desierta la licitación fue interpretada como un acto arbitrario que desconoció los límites de su rol dentro de la estructura administrativa del Ministerio. Para el ente acusador, no se trató de un error técnico, sino de una acción deliberada que vulneró principios esenciales de la contratación estatal: transparencia, objetividad y equilibrio.
El contrato en disputa no era menor. Se trataba de un multimillonario acuerdo para el suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, además de servicios relacionados con etiquetas de visa con zona de lectura mecánica.
Desde 2007, la empresa Thomas Greg & Sons había sido la encargada de producir los pasaportes colombianos. El gobierno de Petro buscaba abrir el camino a otros oferentes, pero las decisiones de Leyva terminaron favoreciendo un escenario de incertidumbre jurídica. La Procuraduría ya había sancionado al excanciller con una inhabilidad de diez años por estas actuaciones, y ahora la Fiscalía avanza en el terreno penal.
La acusación de la Fiscalía
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso citó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, señalando que Leyva actuó con desviación y abuso del poder conferido por su cargo. La acusación se centra en que el exministro profirió actos administrativos contrarios a derecho, alterando el curso normal de la contratación.
La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde se entregaron los elementos materiales probatorios que vinculan a Leyva con las irregularidades. El proceso marca el inicio de un juicio que podría tener consecuencias significativas para el exfuncionario.
Álvaro Leyva no aceptó los cargos y se declaró inocente. Argumentó que sus decisiones respondieron a la necesidad de garantizar un proceso transparente y evitar la concentración del contrato en una sola empresa. Para él, las acusaciones carecen de fundamento y obedecen a interpretaciones sesgadas de su gestión.
Su defensa insiste en que la competencia para dirigir los procesos contractuales podía ser reasumida por el ministro en casos excepcionales, y que la declaratoria de desierta buscaba proteger el interés público. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la motivación fue arbitraria y sin sustento legal.
El escándalo de los pasaportes no solo afectó a Leyva. La crisis derivada de sus decisiones provocó la salida de otros funcionarios del gobierno de Petro, como Martha Lucía Zamora, quien se convirtió en testigo clave contra el excanciller.
La Procuraduría también suspendió a Alfredo Saade, jefe de Despacho Presidencial, por presuntas presiones indebidas relacionadas con el contrato. Incluso Laura Sarabia, mano derecha de Petro, renunció a la Cancillería en medio de confrontaciones por la adjudicación.
El caso refleja cómo un proceso contractual puede desencadenar una cadena de consecuencias políticas, debilitando la imagen del gobierno y generando tensiones internas.
La imputación contra Leyva ha sido interpretada como un golpe al discurso del “gobierno del cambio”. Para muchos ciudadanos, el episodio confirma que las prácticas cuestionables en la contratación estatal persisten, incluso bajo administraciones que prometieron transparencia.
El hecho de que un excanciller, figura clave en la política exterior, esté ahora en el banquillo de los acusados, genera preocupación sobre la credibilidad institucional y la capacidad del Estado para manejar procesos de alta sensibilidad.
La audiencia de imputación es apenas el inicio. La Fiscalía deberá presentar pruebas sólidas que demuestren que Leyva actuó de manera ilegal. Por su parte, la defensa buscará desmontar la acusación mostrando que las decisiones del exministro tenían justificación administrativa.
El desenlace dependerá de la valoración de los jueces, quienes deberán determinar si las actuaciones de Leyva constituyen realmente un delito de prevaricato o si se trató de decisiones políticas mal interpretadas.
