La Contraloría General de la República reveló 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. El informe advierte un avance físico de apenas 0,36% frente a la meta de 33.000 kilómetros, evidenciando retrasos, deficiencias técnicas y riesgos financieros significativos.
El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro para mejorar la infraestructura rural y fortalecer la participación comunitaria, enfrenta serios cuestionamientos. Una auditoría de la Contraloría General de la República al Instituto Nacional de Vías (Invías) reveló inconsistencias que ponen en duda la eficacia del proyecto.
Con 48 hallazgos fiscales por más de $1.513 millones y un avance físico de apenas 117,2 kilómetros de los 33.000 previstos, el informe refleja una brecha alarmante entre lo planeado y lo ejecutado.
El proyecto fue diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, con una inversión estimada de $8 billones durante el cuatrienio 2022-2026. La idea central era que las Juntas de Acción Comunal (JAC) lideraran la ejecución de obras mediante convenios solidarios, fortaleciendo el tejido social y la economía local.
Sin embargo, la auditoría muestra que a diciembre de 2024 solo se habían intervenido 117,2 kilómetros, equivalentes al 0,36% de la meta.
La Contraloría identificó 48 hallazgos con connotación fiscal, por un valor de $1.513 millones. Entre las irregularidades se destacan:
- Pagos sin justificación suficiente.
- Registros contables inadecuados.
- Soportes insuficientes de tesorería.
- Operaciones sin facturación debida.
- Ausencia de soportes documentales en Invías cuando fueron requeridos.
Estas falencias reflejan debilidades en el control financiero y operativo del programa.
Convenios con las JAC
El informe también analizó los convenios interadministrativos firmados con las JAC:
En 2023, se suscribieron 1.035 convenios solidarios. De ellos, 141 no habían sido terminados, 7 fueron liquidados sin ejecución y 856 se finalizaron con retrasos. El plazo promedio pasó de 3 a 10 meses, un incremento del 333% frente a lo pactado.
En 2024, se firmaron 1.125 convenios, pero ninguno estaba terminado al cierre del año. Además, 883 se encontraban suspendidos por falta de asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).
La Contraloría advirtió que muchos convenios se suscribieron sin estudios técnicos completos, trasladando la responsabilidad de definir el alcance de las obras a las interventorías y a las propias JAC, sin la debida revisión de Invías.
El programa había anunciado $4 billones para las vigencias 2023 y 2024, pero solo se apropiaron $660.000 millones, equivalentes al 16,4% de lo programado.
Este desfase financiero, sumado al bajo avance físico, evidencia una falta de coherencia entre la planeación y la ejecución.
Riesgos institucionales
La Contraloría señaló que varias JAC recibieron obligaciones para las cuales no tenían capacidad técnica ni organizacional. El acompañamiento de Invías fue insuficiente, lo que llevó a que algunos convenios redujeran su alcance sin revisión formal.
El informe concluye que hubo una deficiente supervisión de la ejecución de convenios y contratos de interventoría, delegando la autorización del gasto en interventores y presidentes de las JAC.
El retraso en la ejecución afecta directamente a las comunidades rurales, que esperaban mejoras en la conectividad y en la calidad de vida. La falta de avances limita el acceso a mercados, servicios de salud y educación, perpetuando la brecha entre zonas urbanas y rurales.
Además, la pérdida de confianza en los convenios comunitarios puede debilitar la participación ciudadana, uno de los pilares del programa.
El informe generó preocupación en sectores políticos y sociales. Para algunos, los hallazgos reflejan la necesidad de replantear el modelo de ejecución con las JAC, garantizando acompañamiento técnico y financiero. Otros consideran que el programa, pese a sus fallas, representa una oportunidad para democratizar la infraestructura y fortalecer el capital social.
El gobierno aún no ha presentado un plan de acción concreto para corregir las deficiencias señaladas.
