El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de competencias, iniciativa que busca redefinir la distribución de funciones y recursos entre Nación y territorios, fortalecer la autonomía local y reorganizar el Sistema General de Participaciones desde 2027.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de competencias, considerado como una de las reformas más profundas al modelo de descentralización desde la Constitución de 1991. La propuesta busca desarrollar el Acto Legislativo 03 de 2024 y reorganizar la distribución de funciones y recursos entre los distintos niveles de gobierno: Nación, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas.
La iniciativa abre un debate legislativo que se anticipa complejo, pues toca directamente la autonomía territorial y la forma en que se financian sectores clave como educación, salud, vivienda y saneamiento básico. El objetivo es fortalecer la autonomía territorial, ordenar las competencias entre los distintos niveles de gobierno y redefinir el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
El proyecto de ley surge como requisito indispensable para que entre en vigencia la reforma constitucional aprobada en 2024, que incrementa progresivamente los giros del SGP desde el 28,5% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación. Este aumento se aplicará entre 2027 y 2039, con el propósito de cerrar brechas sociales y territoriales.
En la práctica, la ley busca establecer una clasificación de los territorios según sus capacidades institucionales y atributos específicos. Con base en esa diferenciación, se plantea un esquema de descentralización asimétrica: no todos los entes territoriales asumirán las mismas funciones al mismo tiempo ni en la misma magnitud. Este enfoque pretende evitar que las responsabilidades superen las capacidades técnicas, administrativas o financieras de cada jurisdicción.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que “la ley busca dar vigencia y desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, el cual incrementa los recursos del Sistema General de Participaciones y ordena la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno”.
El borrador del proyecto fue elaborado durante 2025 en una mesa técnica interinstitucional que reunió a entidades como el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, el Dane, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En total, se realizaron más de 150 reuniones técnicas y más de 30 espacios de diálogo social con gremios, organizaciones académicas, comunidades indígenas y la Defensoría del Pueblo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “esta, después de la reforma laboral, es la más importante en décadas para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Queremos que el 80% sea para educación, salud y saneamiento básico y el 20% para otros propósitos”.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló: “Ahora queremos descentralizar, pero con recursos darle a la célula fundamental del país, a los municipios, lo necesario para poder sobrevivir”.
El proyecto será discutido en el Congreso a partir del primer semestre de 2026. De ser aprobado, entrará en vigencia en 2027. Sin embargo, el camino no será sencillo. La propuesta llega en un contexto de tensiones históricas entre el Gobierno central y las regiones, especialmente por la insuficiencia de recursos frente a las responsabilidades asignadas.
Alcaldes y gobernadores han reclamado durante años una mayor claridad en la asignación de competencias y un flujo de recursos acorde con las funciones que deben cumplir. La descentralización asimétrica, aunque innovadora, podría generar resistencias en territorios que se sientan relegados frente a otros con mayor capacidad institucional.
Además, el articulado introduce el principio de subsidiariedad, según el cual las competencias deben ser ejercidas por el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, siempre que cuente con las capacidades necesarias. Este principio busca garantizar que los servicios públicos se presten de manera eficiente y cercana.
La radicación del proyecto de ley de competencias marca el inicio de un debate crucial para el futuro de la descentralización en Colombia. La propuesta no solo redefine la distribución de recursos y funciones, sino que también plantea un nuevo pacto territorial que reconoce las diferencias estructurales entre regiones. Su aprobación, prevista para 2026, será determinante para que la reforma constitucional entre en vigor en 2027 y para que el país avance hacia un modelo más equitativo y eficiente de gestión pública.
