La decisión de la Corte Constitucional en eliminar la reincidencia como agravante a las penas, ha encendido aún más la ya álgida situación política del país, ¿es esta una decisión razonable?
Por: Óscar Prada/ Se comienza por indicar la tesis central de la Corte: el reincidir no es afirmar que la persona siempre estará destinada a cometer delitos, sumado a que el autor ya fue condenado previamente; en consecuencia, aumentar el castigo basándose en la existencia de una condena es ajeno a los postulados de la Constitución.
Sin embargo, esa decisión suscitó revuelo en torno a la lucha contra la criminalidad; de forma contraria, para la Procuraduría General de la Nación, el desmontar el agravamiento de la pena por reincidencia, es un incentivo a la criminalidad y un revés en su lucha.
Distinto a lo dicho por el Ministerio Público, conviene recordar que la pena no puede ser el único elemento que disuada o prevenga la comisión de un delito; más bien, la arquitectura del sistema penal que procesa a los presuntos responsables, debe ser la que imprima esa abstención.
El Código Penal incluyó el agravante de la reincidencia precisamente por presentarse esta última; sin embargo, la Procuraduría olvida que el derecho penal debe ser la última carta en contra de la criminalidad.
Una cosa es que las sanciones penales aporten a la política criminal; muy diferente es convertir las penas en sinónimo de antídoto contra el delito. Por lo tanto, la tesis de la Corte es razonable y a la vez incómoda, porque revela la debilidad estatal en aniquilar el delito, recurriendo al aumento de penas sin detenerse en perfeccionar la eficacia del procedimiento penal.
Un secreto a voces
El Estado no ataca las causas; por el contrario, se ha caracterizado por combatir las consecuencias. A medida que se presentan mayores índices de criminalidad, las penas se endurecen; pero se hace poco o nada por evitar que el delito se consuma.
Una robusta política castigadora no es nada, si el sistema que captura y juzga es endeble. Tan semejante como el pasaje de la tortuga y la liebre; de nada sirven las penas endurecidas si el autor es inalcanzable.
La ineficacia del sistema penal no es una percepción sesgada. Según el INPEC (2022), solo el 18.7% de los liberados reinciden, cifra que contrasta con el 94% de impunidad en las denuncias por corrupción, según datos oficiales de la Secretaría de Transparencia.
Replantear políticas que junten el actuar de las instituciones en un objetivo común, es el desafío pendiente. La orquesta desafinada del aparato judicial y policial, se disimula con penas maximizadas, pero con instituciones blandas.
Una dosis correcta: garantías y eficacia
A menudo, en el debate público la eficacia frente a las garantías suele chocar cuando no debería. Mientras el Estado siga en mora de crear procedimientos efectivos a la luz del debido proceso, la delincuencia seguirá aprovechando las falencias del proceso penal para evadir con éxito a la justicia.
Es el caso de múltiples delitos menores como el hurto simple, la estafa, las lesiones personales y toda conducta punible con pena inferior a 4 años; en esos casos ni la Fiscalía puede solicitar detención preventiva, ni el juez concederla porque la ley se los prohíbe.
Por el mismo camino, los juzgadores se abstienen en ocasiones de conceder la detención preventiva pese a que las pruebas de la Fiscalía permitan inferir responsabilidad penal. Ello obedece al carácter excepcional de la medida y al riesgo de que una privación de la libertad sea declarada injustificada, lo que en escenarios igualmente excepcionales puede dar lugar a una acción de repetición hacia el juez cuando se acredita un error inexcusable.
Ante ese panorama, se necesita diseñar una política contra la criminalidad que vea el problema como un todo, y que enfrente dicho flagelo con suma contundencia. Siendo una posible alternativa el otorgar herramientas preventivas más ágiles a la Fiscalía, que le brinden una rapidez que supere a la de la ilegalidad sin caer en la arbitrariedad. Aquello es toda una proeza; no obstante, se necesita con urgencia.
Las garantías son muchas y la eficacia es poca; ahora bien, el desafío es mejorar la efectividad del sistema en diezmar el crimen sin cercenar los derechos. Con lo anterior no hay una receta exacta que disuelva la problemática; lo que sí es claro es que el aumentar las penas no evita ni disuade la comisión de los delitos, porque la criminalidad sabe que al Estado le queda difícil alcanzarla. A duras penas las instituciones se sostienen. ¡Qué pena!
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*Estudiante de derecho.
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