El alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés, fue sancionado en dos procesos distintos por desacatar órdenes judiciales emitidas por jueces administrativos. Las decisiones evidencian incumplimientos reiterados en la ejecución de fallos que buscaban proteger derechos colectivos, imponiéndole multas equivalentes a diez salarios mínimos legales vigentes.
El alcalde de Barbosa (Santander), Marco Alirio Cortés, enfrenta un panorama crítico tras ser sancionado en dos procesos judiciales distintos por desacatar órdenes emitidas por jueces administrativos. Las decisiones, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil, concluyeron que el mandatario omitió cumplir de manera oportuna y efectiva las órdenes impartidas, pese a haber sido notificado formalmente y advertido de las consecuencias legales del incumplimiento.
Cada sanción corresponde a una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que en conjunto representa un impacto económico significativo para el alcalde. Sin embargo, más allá de la sanción pecuniaria, el caso pone en evidencia la reiteración de conductas omisivas frente a mandatos judiciales que buscaban garantizar derechos colectivos y la adecuada gestión administrativa del municipio.
En la primera sentencia, el juzgado resolvió un incidente de desacato dentro de una acción popular. En dicho proceso, se había ordenado al alcalde adelantar y culminar las gestiones necesarias para recuperar, intervenir y garantizar condiciones de seguridad y salubridad en un sector del municipio declarado en riesgo. La orden incluía ejecutar acciones materiales, adoptar medidas efectivas para eliminar el riesgo identificado y acreditar el cumplimiento con resultados verificables.
No obstante, según el fallo, el mandatario se limitó a remitir oficios, actas y anuncios de futuras gestiones, sin demostrar la intervención real del lugar ni la solución del problema que dio origen a la acción popular. El juzgado concluyó que tales actuaciones no cumplían con lo exigido y configuraban un desacato.
La segunda sentencia corresponde a un proceso independiente, en el que nuevamente se estableció que el alcalde persistió en el incumplimiento de órdenes judiciales previamente impartidas. Incluso después de haber sido requerido nuevamente por el despacho, la administración municipal no ejecutó las acciones concretas ordenadas ni dentro de los términos fijados ni con posterioridad.
El juez determinó que la conducta del alcalde evidenció una omisión reiterada frente a mandatos judiciales de carácter obligatorio. El fallo advierte que, pese a los requerimientos y a las advertencias expresas sobre las consecuencias legales, no se evidenció voluntad real de cumplimiento ni se aportaron pruebas suficientes que demostraran avances sustanciales en la ejecución de lo ordenado.
En el ámbito político, las sanciones contra el alcalde de Barbosa podrían tener repercusiones en la percepción ciudadana sobre su gestión. La falta de cumplimiento de órdenes judiciales puede interpretarse como una muestra de desinterés por la protección de derechos colectivos y por la obligación de acatar la ley.
