El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la reclusión en cárcel de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de haber direccionado millonarios contratos de la UNGRD e Invías para favorecer a congresistas a cambio de apoyo político, en el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, fueron enviados a prisión tras ser imputados por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía sostiene que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 ambos exministros lideraron una “empresa criminal” que direccionó contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de 612 mil millones de pesos. El objetivo era asegurar votos en el Congreso para reformas clave del Ejecutivo, como la pensional y la de salud.
La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponerles detención domiciliaria. Consideró que, dada la gravedad de los hechos y el riesgo para la comunidad, era necesaria una medida más severa: reclusión en centro carcelario.
En su intervención, la magistrada señaló: “La urgencia de la medida aquí no se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura”.
El Tribunal concluyó que las conductas atribuidas a los exministros no fueron hechos aislados, sino ilícitos planificados y coordinados, lo que los convierte en un peligro para la administración pública.
Testimonios y pruebas
La Fiscalía sustentó su acusación en testimonios clave, entre ellos el de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y el de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien firmó un principio de oportunidad y confesó haber actuado bajo órdenes directas del exministro.
Benavides relató que gestionó comunicaciones y reuniones entre congresistas, funcionarios de la UNGRD y miembros del Ejecutivo, siguiendo instrucciones de Bonilla. Estos contactos habrían permitido direccionar contratos hacia proyectos de interés de congresistas, a cambio de su respaldo en votaciones legislativas.
El caso revela cómo se habría utilizado el aparato estatal para comprar voluntades en el Congreso. Según la Fiscalía, los contratos direccionados beneficiaron a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y de las comisiones Primera y Séptima del Senado, así como de la Tercera y Cuarta de Cámara y Senado.
Uno de los episodios más relevantes fue el llamado “cónclave” del 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño, donde se habrían reunido miembros del Ejecutivo y del Legislativo para planear el esquema de corrupción. Velasco, con su experiencia de 24 años en el Congreso, habría liderado este encuentro.
Trayectoria de los exministros
Luis Fernando Velasco: Abogado caucano, exsenador liberal y presidente del Senado entre 2015 y 2016. Fue ministro del Interior desde mayo de 2023 hasta julio de 2024.
Ricardo Bonilla: Economista, cercano a Petro desde su alcaldía en Bogotá, donde fue secretario de Hacienda. Llegó al Ministerio de Hacienda en mayo de 2023.
Ambos tenían un papel central en el gobierno y su caída representa un golpe político de gran magnitud.
Los exministros se han declarado inocentes. Velasco afirmó: “Espero, con el mayor respeto, señora fiscal, que cuando nos escuche pueda confrontar lo que les han dicho a ustedes porque el país solo ha escuchado una voz”.
La defensa apeló la decisión del Tribunal, argumentando que no existen pruebas suficientes y que se trata de una persecución política. Sin embargo, mientras se resuelve el recurso, la orden de reclusión se mantiene.
Este escándalo es considerado el más grande del actual gobierno y afecta directamente su credibilidad. La participación de altos exfuncionarios en un entramado de corrupción que buscaba asegurar mayorías legislativas pone en entredicho la legitimidad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Además, el caso ha salpicado a congresistas de distintos partidos, algunos de los cuales ya enfrentan procesos en la Corte Suprema. La magnitud del entramado evidencia la fragilidad institucional y la persistencia de prácticas clientelistas en la política colombiana.
