La Corte Constitucional evalúa convocar una sesión extraordinaria en plena vacancia judicial si el Gobierno expide el decreto que declara la emergencia económica, una medida que otorgaría facultades excepcionales al Ejecutivo y que ya genera alertas por su posible inconstitucionalidad y sus efectos tributarios inmediatos.
La posibilidad de que el Gobierno nacional declare una emergencia económica para cubrir el déficit de 16,3 billones de pesos del Presupuesto General de 2026 ha encendido las alarmas en la Corte Constitucional, que pese a estar en receso desde el 20 de diciembre, analiza la necesidad de reunirse de manera extraordinaria para ejercer control inmediato sobre la medida.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto ya fue firmado por todos los ministros del presidente Gustavo Petro, lo que activaría automáticamente la obligación del Ejecutivo de remitirlo al alto tribunal al día siguiente para su revisión constitucional. Esta figura permitiría al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, incluidos aquellos que crean o modifican impuestos, sin pasar por el Congreso.
La Corte, sin embargo, enfrenta un obstáculo operativo: durante la vacancia judicial, los despachos no están en funcionamiento y los sistemas están bloqueados para evitar el avance de términos procesales. Por ello, la Sala Plena evalúa cómo reactivar temporalmente el aparato judicial para atender un asunto que, según fuentes del tribunal, podría tener efectos institucionales de gran calado.
De expedirse el decreto, el presidente de la Corte Constitucional convocaría inicialmente una reunión informal para definir la ruta de trabajo. El primer debate sería estrictamente técnico: cómo habilitar personal y sistemas para tramitar el control automático del decreto en un periodo en el que, por norma, la Rama Judicial está en pausa.
Si los magistrados deciden avanzar, elevarían una solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para habilitar el personal mínimo necesario. El objetivo sería expedir el auto admisorio y ordenar las pruebas correspondientes a cada una de las razones que el Gobierno invoque para justificar la emergencia económica.
En caso de que esta alternativa no prospere por la complejidad institucional, la Sala Plena sería citada para el 13 de enero, fecha en la que se reanuda la actividad judicial, y el expediente sería repartido con carácter prioritario.
Fuentes del alto tribunal señalaron que, de llegar a ese punto, se exigiría al magistrado ponente tramitar con celeridad una medida cautelar para suspender los impuestos creados o modificados por el decreto mientras se estudia su constitucionalidad. El propósito sería evitar que los ciudadanos paguen tributos que luego podrían ser declarados inconstitucionales, generando un caos administrativo y fiscal.
Un debate que trasciende lo tributario
El análisis de la Corte no se limitaría al contenido del decreto, sino a la naturaleza misma del estado de excepción. La Constitución exige que la emergencia económica responda a un hecho sobreviniente, es decir, una circunstancia repentina e imprevisible. Varios juristas y gremios sostienen que el déficit presupuestal no cumple ese requisito y que el Gobierno estaría usando una herramienta excepcional para resolver un problema estructural.
De hecho, gremios como Fenalco y Asocapitales han advertido públicamente que la medida sería “abiertamente inconstitucional” y que podría constituir un intento de sustituir al Congreso mediante facultades extraordinarias. Fenalco pidió a la Corte “frenar cualquier intento de sustituir al Congreso mediante estados de excepción” y alertó sobre “el riesgo de una emergencia económica sin fundamento en plena vacancia judicial”.
Asocapitales, por su parte, recordó que la emergencia económica “supone la concurrencia de hechos sobrevinientes, imprevisibles y de gravedad excepcional” y que su uso para atender desequilibrios fiscales estructurales “plantea interrogantes frente a los alcances del artículo 215 de la Constitución”.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en que la medida busca “recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado” tras archivar la reforma tributaria el 9 de diciembre, y que el Ejecutivo debe actuar para evitar un vacío presupuestal que comprometería la ejecución del plan de gobierno en 2026.
El borrador de decreto contempla medidas como:
- aumento del impuesto al patrimonio,
- reducción del umbral mínimo para pagarlo,
- IVA a juegos de azar digitales,
- incremento de impuestos a cervezas, licores y cigarrillos,
- aumento del gravamen a los movimientos financieros,
- impuesto extraordinario a la extracción de hidrocarburos.
Estas disposiciones, de entrar en vigencia, podrían mantenerse entre uno y cuatro meses mientras la Corte decide sobre su constitucionalidad, debido al receso judicial que retrasa el estudio de fondo.
Un pulso institucional que marcará el inicio de 2026
El escenario que se perfila es un pulso jurídico e institucional de alto impacto. La Corte Constitucional ya ha tumbado estados de excepción del Gobierno Petro en el pasado, como la emergencia económica en La Guajira en 2023 y la conmoción interior en Norte de Santander y Cesar en 2025, por considerar que no cumplían los requisitos constitucionales.
Ahora, con un decreto que podría modificar la estructura tributaria del país en plena vacancia judicial, el tribunal enfrenta un dilema: actuar de inmediato para evitar efectos irreversibles o esperar al reinicio formal de actividades, permitiendo que el Gobierno aplique medidas excepcionales sin control inmediato.
La decisión que tome la Corte Constitucional no solo definirá la suerte del decreto de emergencia económica, sino que marcará un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en tiempos de crisis fiscal. En un país donde la institucionalidad se prueba a diario, este será un examen decisivo para el equilibrio democrático.
