En plena vacancia legislativa y en medio de un creciente choque entre el Congreso y el Gobierno, el Senado fue convocado a una sesión extraordinaria para examinar la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. La cita, virtual, reaviva tensiones sobre autonomía legislativa y separación de poderes.
El Senado de la República sesiona este viernes 26 de diciembre en un ambiente político inusualmente agitado. Aunque el Congreso se encuentra en receso, el presidente del Senado, Lidio García, decidió convocar una sesión extraordinaria con un doble propósito: votar ascensos de militares y policías, y abrir espacio para un eventual control político a la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional esta semana.
La decisión ocurre en un momento institucionalmente sensible. La Corte Constitucional está en vacancia judicial, lo que implica que no puede pronunciarse sobre la legalidad del decreto hasta enero. Para varios sectores, esto deja al Ejecutivo con un margen temporal amplio para aplicar medidas excepcionales sin revisión inmediata, un punto que ha generado fuertes críticas desde el Legislativo.
García, quien ha sostenido choques públicos con los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la convocatoria como un acto de autonomía institucional. En sus declaraciones, afirmó que el Congreso “no es una vaca muerta” y que su deber constitucional es ejercer control político incluso en receso, pues esta función no se suspende con el calendario legislativo.
El Gobierno, sin embargo, sostiene una interpretación distinta. Benedetti ha insistido en que el Congreso solo puede iniciar el estudio formal de la emergencia cuando el Ejecutivo envíe el informe motivado que exige el artículo 215 de la Constitución, documento que aún no ha sido remitido. Además, cuestionó la validez de sesionar virtualmente sin una causa excepcional, como ocurrió durante la pandemia.
La tensión entre ambas ramas del poder público se ha intensificado en los últimos días. Mientras el Senado afirma que la emergencia carece de soporte jurídico y fue decretada aprovechando la vacancia judicial, el Gobierno defiende que el país enfrenta riesgos económicos que justifican medidas extraordinarias. El presidente Petro, en una reciente alocución, advirtió sobre una posible crisis fiscal y social si no se actúa con rapidez.
El debate de fondo: autonomía legislativa y límites del estado de excepción
Más allá de la discusión procedimental, el choque revela un debate de fondo sobre la separación de poderes y los límites del Ejecutivo en el uso de estados de excepción. Para el presidente del Senado, la emergencia económica no puede convertirse en un mecanismo para sortear la negativa del Congreso a aprobar reformas tributarias. García recordó que el Legislativo rechazó recientemente una reforma que buscaba cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos para 2026, y que esa decisión no constituye un “hecho extraordinario” que habilite una emergencia.
“Eso destruiría la separación de poderes”, afirmó García, al advertir que permitir que el Ejecutivo declare emergencias por falta de apoyo legislativo equivaldría a otorgarle un poder ilimitado para imponer su agenda fiscal.
Desde la oposición, el senador Carlos Fernando Motoa anunció que presentará una proposición para abrir un debate de control político durante la sesión extraordinaria. A su juicio, los ciudadanos deben conocer las motivaciones reales detrás de una medida que, según él, podría poner en riesgo la estabilidad económica del país sin resolver los problemas de caja del Gobierno.
Motoa sostiene que, conforme a los artículos 135 y 138 de la Constitución, el control político es permanente y no depende del calendario legislativo. Por ello, considera legítimo que el Senado revise el decreto incluso sin el informe oficial del Gobierno, aunque este punto sigue siendo objeto de controversia jurídica.
El Gobierno, por su parte, ha respondido con firmeza. Benedetti reiteró que el Congreso no puede estudiar la emergencia sin el informe motivado y que la sesión virtual carece de sustento legal. Sanguino, en un tono más confrontacional, acusó a García de obstaculizar las reformas del Ejecutivo y lo calificó como una “vaca muerta atravesada en el camino de los cambios que favorecen al pueblo trabajador”.
La confrontación también ha alcanzado a la Cámara de Representantes. Su presidente, Julián López, respaldó la decisión del Gobierno y defendió la necesidad de instrumentos excepcionales para evitar impactos sociales negativos, lo que profundiza la división interna del Congreso frente a la medida presidencial.
Un pulso que anticipa un enero decisivo
La sesión extraordinaria de este viernes no resolverá por sí sola la controversia, pero sí marca el inicio de un pulso institucional que se extenderá hasta enero, cuando la Corte Constitucional retome actividades y pueda pronunciarse sobre la legalidad del decreto.
Mientras tanto, el Senado insiste en que su deber es ejercer control político inmediato, y el Gobierno defiende que actuó dentro de sus facultades para enfrentar una situación económica crítica. El choque, más que un episodio aislado, refleja una tensión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el alcance de sus competencias y la interpretación de la Constitución en tiempos de crisis.
Lo que ocurra en las próximas semanas será determinante para el equilibrio de poderes y para la legitimidad de las medidas económicas que el Gobierno busca implementar. Por ahora, el país presencia un debate que pone a prueba la solidez institucional y la capacidad del Congreso y el Ejecutivo para resolver sus diferencias dentro del marco democrático.
