El presidente Gustavo Petro y el exsenador Humberto De la Calle reavivaron el debate nacional sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente, cruzando mensajes en X que evidencian dos visiones enfrentadas: la del Gobierno, que insiste en su viabilidad y oportunidad, y la del exjefe negociador de paz, que advierte riesgos políticos y procedimentales.
El presidente Gustavo Petro respondió públicamente al exsenador Humberto De la Calle para aclarar, según él, “malentendidos” sobre el momento y los alcances de la Asamblea Constituyente que impulsa su administración. En un extenso mensaje en X, el mandatario aseguró que el proceso no interferirá con el calendario electoral vigente y que su eventual convocatoria se tramitará ante el nuevo Congreso que se instalará después del 20 de julio.
Petro explicó que la recolección de firmas apenas comienza y tomará tres meses, por lo que la iniciativa solo se radicará ante el Legislativo que resulte elegido en marzo. Para entonces, insistió, ya habrá un nuevo presidente electo, lo que —según su argumento— elimina cualquier sospecha de que la Constituyente pueda convertirse en un instrumento electoral del Gobierno actual.
El mandatario detalló que, si el Congreso y la Corte Constitucional avalan el mecanismo, la elección de los constituyentes se realizaría en la fecha que determine la Corte, sin coincidir con procesos electorales en curso. Además, propuso que la Asamblea sesione durante tres meses, idealmente en el receso legislativo, para evitar interferencias con el trabajo del Congreso.
En su mensaje, Petro enumeró los temas que, según el proyecto de ley, serían objeto de deliberación constituyente. Entre ellos destacan:
Reformas sociales bloqueadas en el Congreso, como la pensional, la de salud, el código minero, los servicios públicos y la reforma educativa.
Una reforma agraria profunda, orientada a garantizar tierra fértil para los campesinos y fortalecer la producción de alimentos.
Adaptación y mitigación frente a la crisis climática, con el agua como eje rector y la posibilidad de reorganizar vigencias futuras para priorizar infraestructura ambiental y movilidad eléctrica.
Un nuevo ordenamiento territorial, con mayor autonomía regional, reconocimiento de territorialidades étnicas y fortalecimiento del municipio como núcleo de participación ciudadana.
Reforma a la justicia, manteniendo intacta la Corte Constitucional pero reestructurando el resto del poder judicial para acercarlo al territorio.
Reforma política, incluyendo voto obligatorio, financiación de campañas, control de software electoral y un árbitro no político.
Derecho a la paz, con actos legislativos de implementación inmediata de acuerdos previos y un nuevo enfoque sobre narcotráfico.
Seguridad integral y proyección internacional, incluyendo la propuesta de una confederación grancolombiana y control estratégico del océano, el espectro electromagnético y la órbita geostacionaria.
Para Petro, estos temas representan “materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”. Su mensaje busca reforzar la idea de que la Constituyente sería un mecanismo para destrabar reformas estructurales que, según él, el sistema político tradicional ha bloqueado sistemáticamente.
De la Calle advierte sobre riesgos políticos y pide un acuerdo previo
La respuesta del presidente se produjo luego de que Humberto De la Calle, uno de los arquitectos de la Constitución de 1991 y figura ampliamente respetada en debates institucionales, publicara un mensaje en X en el que coincidía con el llamado del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, a no mezclar una Asamblea Constituyente con un año electoral.
De la Calle no descartó la necesidad de reformas profundas. Por el contrario, afirmó que “es un error decir simplemente que la Constitución no se toca”, pues existen áreas que han entrado en crisis, como la justicia y el ordenamiento territorial. Sin embargo, advirtió que la forma en que se tramite una eventual Constituyente es crucial para evitar que la Carta Política se convierta en un “arma de batalla”.
El senador recordó que la Constitución de 1991 fue producto de un amplio consenso nacional y de un acuerdo político previo, elementos que —según él— no están presentes en la propuesta actual del Gobierno. Su mensaje fue claro: “Reforma sí, pero no así”. Y añadió una advertencia: “Reforma no como truco electoral”.
De la Calle también llamó la atención sobre el riesgo de que el debate público se polarice entre quienes rechazan cualquier cambio constitucional y quienes impulsan transformaciones sin un acuerdo amplio. Para él, el desafío consiste en reconocer la necesidad de ajustes estructurales sin sacrificar la estabilidad institucional ni la legitimidad del proceso.
Un debate que reconfigura el clima político
El cruce de mensajes entre Petro y De la Calle no es un episodio aislado, sino un reflejo de un debate que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda política nacional. La propuesta de una Constituyente ha generado inquietudes en sectores políticos, empresariales, académicos y sociales, que temen que el mecanismo pueda alterar el equilibrio institucional o abrir la puerta a reformas de alcance incierto.
Al mismo tiempo, sectores afines al Gobierno consideran que la Constitución de 1991, aunque progresista y transformadora en su momento, requiere ajustes para responder a desafíos contemporáneos como la crisis climática, la desigualdad persistente, la digitalización, la seguridad y la implementación de la paz.
El intercambio entre Petro y De la Calle evidencia dos visiones sobre cómo debe tramitarse ese debate: una que busca acelerar reformas estructurales mediante un mecanismo extraordinario, y otra que insiste en que cualquier cambio constitucional debe surgir de consensos amplios y procedimientos cuidadosamente acordados.
