Colombia vuelve a estar en el foco del debate mundial sobre el narcotráfico tras el choque político entre Gustavo Petro y Donald Trump. Más allá de los señalamientos, el país enfrenta una paradoja histórica: lidera incautaciones récord mientras la producción de cocaína sigue en aumento.
Durante casi cinco décadas, Colombia ha sido un actor central en el mercado mundial de la cocaína. Su geografía compleja, marcada por selvas densas, cordilleras abruptas y extensas fronteras porosas, se combinó con décadas de conflicto armado interno para crear condiciones propicias para el surgimiento y consolidación de economías ilícitas. Ningún gobierno, de izquierda o de derecha, ha logrado alterar de manera estructural esa realidad.
En los últimos meses, el tema volvió a escalar a nivel internacional tras una guerra de declaraciones entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el expresidente estadounidense Donald Trump. Las tensiones surgieron en medio de operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental, dirigidas —según Washington— contra el narcotráfico, pero que Petro ha denunciado como ataques letales con consecuencias humanas graves.
Trump llegó a calificar a Petro como un “líder ilegal del narcotráfico”, una acusación sin sustento probatorio, mientras el mandatario colombiano respondió con duros señalamientos contra la política militar estadounidense. El cruce verbal reavivó un debate de fondo: ¿cuál es realmente el papel de Colombia en el narcotráfico mundial y hasta dónde llega su responsabilidad?
Lo cierto es que, pese a ser el mayor productor de hoja de coca y cocaína, Colombia no controla la demanda global ni los principales flujos financieros del negocio. Analistas coinciden en que el país ocupa el eslabón más visible —y vulnerable— de una cadena transnacional impulsada por el consumo en Norteamérica y Europa.
Una guerra larga y sin resultados duraderos
Desde los años setenta, el Estado colombiano, con fuerte respaldo de Estados Unidos, ha aplicado casi todas las estrategias posibles contra el narcotráfico: extradiciones masivas, bombardeos y asesinatos de jefes de carteles, erradicación forzada de cultivos, aspersión aérea con herbicidas, destrucción de laboratorios e interdicción marítima y aérea.
Aunque estas medidas han producido golpes espectaculares y cifras récord de incautaciones, ninguna ha generado resultados sostenibles. Cada organización desmantelada dio paso a otras más pequeñas; cada hectárea erradicada fue resembrada en otra región más apartada. El negocio no desapareció: se fragmentó y se adaptó.
El acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC parecía abrir una ventana histórica para cambiar ese ciclo. La desmovilización del mayor grupo guerrillero prometía, además del silenciamiento de los fusiles, un ambicioso programa de desarrollo rural que ofreciera alternativas económicas reales a los campesinos cocaleros.
Sin embargo, esa promesa quedó a medio camino. En muchos territorios abandonados por la guerrilla, el Estado nunca llegó con carreteras, mercados, crédito ni servicios básicos. En ese vacío, surgieron nuevos grupos armados y redes criminales que asumieron el control de los cultivos y las rutas del narcotráfico.
Críticos señalan que los gobiernos posteriores al acuerdo, especialmente el elegido en 2018, no implementaron de forma integral los compromisos rurales pactados. El resultado fue un aumento sostenido del área cultivada con coca y una mayor dispersión territorial del fenómeno.
Petro y el intento de cambiar el enfoque
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022, prometió un viraje en la política antidrogas. Planteó dejar de criminalizar a los pequeños cultivadores y concentrar los esfuerzos en los grandes traficantes y las estructuras financieras del negocio. También defendió la sustitución voluntaria de cultivos, el desarrollo rural, la ampliación de usos legales de la hoja de coca y una regulación más amplia del cannabis.
Su gobierno presentó una política antidrogas a diez años que incluía, además, estrategias de reducción de daños y un enfoque de salud pública frente al consumo. No obstante, gran parte de esas iniciativas quedó en el papel. Falta de recursos, debilidad institucional y resistencia política limitaron su implementación.
Al mismo tiempo, Petro nunca rompió del todo con la cooperación antidrogas tradicional con Estados Unidos. Colombia siguió liderando incautaciones de cocaína y operaciones contra redes criminales. Bajo presión interna y externa, el gobierno anunció incluso un retorno parcial a prácticas de erradicación forzada y el uso de herbicidas mediante drones, una versión modificada de la aspersión aérea restringida por fallos judiciales.
Esa dualidad ha generado mensajes contradictorios. Mientras Petro critica la “guerra contra las drogas” como un fracaso histórico, su gobierno exhibe cifras récord de decomisos como prueba de eficacia. Para algunos analistas, esa ambigüedad debilita la coherencia de su propuesta de cambio.
El plan de “paz total”, que buscaba negociar simultáneamente con diversos grupos armados, también enfrentó serias dificultades. Durante los primeros meses, la reducción de operaciones militares fue aprovechada por organizaciones criminales para expandir cultivos, consolidar rutas y aumentar la producción.
Un problema económico y global
Hoy, Colombia se encuentra atrapada en una paradoja: incauta más cocaína que nunca, pero también produce más que nunca. Para expertos, esto no es una contradicción sino la evidencia de un modelo fallido. Mientras exista una demanda global alta y estable, la oferta se reacomodará sin importar cuántos cargamentos sean decomisados.
Analistas subrayan que el narcotráfico no es solo un problema de seguridad ni exclusivamente político, sino fundamentalmente económico. Para miles de familias rurales, la coca sigue siendo la única fuente de ingresos viable en regiones donde el Estado no ofrece alternativas reales.
En ese contexto, Colombia ha intentado mover el debate a nivel internacional. En foros de Naciones Unidas, el país impulsó una revisión de la clasificación de la hoja de coca en los tratados globales sobre drogas, un gesto simbólico pero significativo para cuestionar los fundamentos del prohibicionismo.
Aunque los cambios internos avanzan lentamente, algunos observadores reconocen que el gobierno de Petro ha logrado algo que pocos antes: reabrir preguntas incómodas sobre una estrategia que, tras medio siglo, no ha cumplido su objetivo central.
Colombia, coinciden los expertos, no puede ganar sola una guerra que depende de factores globales. Mientras el mundo siga demandando cocaína, el país seguirá cargando con los costos humanos, sociales y ambientales de un negocio que no controla, pero del que difícilmente puede escapar.
