La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la entidad atraviesa una crisis presupuestal que amenaza su capacidad para atender a las comunidades, garantizar la presencia territorial y cumplir funciones esenciales de protección de derechos humanos. La situación, según explicó, exige decisiones urgentes del Gobierno y del Congreso.
La Defensoría del Pueblo, institución clave en la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, enfrenta una de las coyunturas financieras más delicadas de los últimos años. La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó públicamente sobre un déficit presupuestal que compromete la operación básica de la entidad, desde la presencia territorial hasta la capacidad de respuesta frente a emergencias humanitarias, conflictos sociales y riesgos para poblaciones vulnerables.
Según Marín, el presupuesto asignado para la vigencia actual no cubre las necesidades mínimas de funcionamiento, especialmente en un contexto de aumento de alertas tempranas, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, amenazas a líderes sociales y expansión de economías ilegales en varias regiones del país. La defensora explicó que la entidad ha tenido que priorizar actividades esenciales, reducir gastos operativos y aplazar proyectos estratégicos debido a la insuficiencia de recursos.
La situación se agrava porque la Defensoría, a diferencia de otras instituciones, depende casi en su totalidad del presupuesto nacional y no cuenta con fuentes alternas de financiación. Esto limita su margen de maniobra y la obliga a operar con recursos que, según Marín, no corresponden a la magnitud de los desafíos actuales en materia de derechos humanos.
La alerta presupuestal no solo tiene implicaciones administrativas. También afecta la capacidad de la entidad para cumplir su mandato constitucional: vigilar la conducta de los servidores públicos, acompañar a las comunidades en riesgo, emitir alertas tempranas, mediar en conflictos sociales y garantizar que las instituciones del Estado respondan adecuadamente a las crisis humanitarias.
Uno de los puntos más críticos señalados por la defensora es el impacto directo en las 42 regionales y 10 seccionales de la Defensoría del Pueblo. Estas oficinas son la primera línea de atención para miles de ciudadanos que enfrentan vulneraciones de derechos, especialmente en zonas rurales y apartadas donde la presencia estatal es limitada.
Marín advirtió que, sin recursos suficientes, la entidad podría ver afectada su capacidad para mantener equipos interdisciplinarios en terreno, realizar misiones humanitarias, atender a víctimas de desplazamiento y fortalecer los sistemas de alerta temprana. En departamentos como Chocó, Arauca, Cauca, Nariño y Putumayo —donde persisten disputas entre grupos armados, confinamientos y amenazas a comunidades étnicas— la reducción de personal o de movilidad institucional tendría consecuencias graves.
La defensora también señaló que la crisis presupuestal pone en riesgo programas estratégicos como la atención a mujeres víctimas de violencia, la protección de líderes sociales, la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, la vigilancia de servicios públicos esenciales y el acompañamiento a comunidades afectadas por megaproyectos o conflictos socioambientales.
Ante este panorama, Marín hizo un llamado directo al Gobierno nacional y al Congreso para revisar el presupuesto asignado a la entidad y garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento. Insistió en que la Defensoría no puede operar con un presupuesto que desconoce la realidad territorial y la complejidad del conflicto armado y las violencias actuales.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, no ha emitido aún una respuesta oficial sobre la solicitud de ampliación presupuestal. Sin embargo, fuentes del sector público han señalado que el Gobierno enfrenta restricciones fiscales que dificultan incrementos significativos en el corto plazo. Aun así, la defensora insistió en que la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad inaplazable.
La advertencia de Iris Marín llega en un momento en el que el país enfrenta múltiples tensiones: reconfiguración de actores armados, aumento de homicidios de líderes sociales, crisis migratoria, conflictos socioambientales y un clima político polarizado. En este escenario, la Defensoría del Pueblo cumple un papel fundamental como mediadora, garante y observadora independiente.
Marín enfatizó que la crisis presupuestal no debe interpretarse como un asunto administrativo aislado, sino como un riesgo para la garantía de derechos fundamentales. “Sin recursos suficientes, la Defensoría pierde capacidad de acción, y cuando la Defensoría se debilita, quienes quedan más expuestos son los ciudadanos”, afirmó durante su intervención.
La defensora también anunció que continuará gestionando reuniones con el Gobierno, el Congreso y organismos internacionales para buscar alternativas de financiación y cooperación. No obstante, insistió en que la solución estructural debe provenir del Estado colombiano, dado que la misión de la Defensoría es un mandato constitucional que no puede depender de apoyos externos.
