El presidente Gustavo Petro aseguró que un ataque atribuido al expresidente estadounidense Donald Trump habría tenido como objetivo al ELN en Venezuela, y advirtió que en ese territorio se estaría procesando pasta de coca para producir cocaína, elevando la preocupación regional por seguridad y narcotráfico.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto ataque dirigido contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano reabrieron el debate sobre la compleja intersección entre seguridad, narcotráfico y geopolítica en América Latina. Según el mandatario colombiano, la acción habría sido impulsada durante la administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y tendría como trasfondo la presencia de estructuras armadas y actividades ilegales en zonas fronterizas de Venezuela.
Petro sostuvo que existe una preocupación creciente por la forma en que actores armados aprovechan la debilidad institucional y las tensiones internacionales para consolidar economías ilícitas. En particular, afirmó que en Venezuela se estaría mezclando pasta de coca proveniente de Colombia para transformarla en cocaína, un proceso que sugiere la existencia de laboratorios y redes transnacionales del narcotráfico operando más allá de las fronteras nacionales.
El señalamiento no solo tiene implicaciones de seguridad interna para Colombia, sino que también toca fibras sensibles en la relación bilateral con Venezuela y en el vínculo histórico entre Bogotá y Washington. Al mencionar directamente a Trump, Petro introduce un elemento político de alto calibre, aludiendo a decisiones de política exterior que, según su lectura, pudieron haber tenido impactos colaterales en la estabilidad regional.
Desde la perspectiva del Gobierno colombiano, el ELN —con presencia histórica en zonas de frontera— se ha convertido en un actor que se mueve entre la insurgencia, el control territorial y la participación en economías ilegales. La posibilidad de que haya sido blanco de una acción militar externa en Venezuela añade un nuevo capítulo a un conflicto que ya es de naturaleza transnacional.
El presidente Petro ha insistido en que el narcotráfico no puede entenderse únicamente como un problema interno de Colombia. Al advertir que en territorio venezolano se estaría procesando la cocaína a partir de pasta de coca, el mandatario subraya la dimensión regional del negocio ilícito y la necesidad de respuestas coordinadas entre Estados.
En este contexto, la frontera colombo-venezolana aparece nuevamente como un espacio estratégico y vulnerable. Históricamente marcada por la porosidad, la ausencia estatal y la presencia de grupos armados, esta zona ha sido escenario de disputas por rutas del narcotráfico, minería ilegal y contrabando. El ELN, junto con otras organizaciones criminales, ha encontrado allí un terreno propicio para expandir su influencia.
Las afirmaciones de Petro también se inscriben en su discurso crítico frente a la política antidrogas tradicional, especialmente aquella impulsada por Estados Unidos durante décadas. Para el jefe de Estado colombiano, los enfoques militarizados no han resuelto el problema estructural del narcotráfico y, por el contrario, han generado nuevos focos de violencia y desestabilización.
Al mencionar un presunto ataque atribuido a Trump, Petro parece cuestionar la lógica de intervenciones unilaterales y operaciones encubiertas que, según su visión, no distinguen entre objetivos militares y consecuencias humanitarias o políticas. En un escenario como el venezolano, ya tensionado por sanciones internacionales y crisis interna, cualquier acción de este tipo podría tener efectos imprevisibles.
Desde Caracas, aunque no se ha producido una respuesta directa a estas declaraciones en el marco del artículo citado, el señalamiento toca un tema sensible: la acusación recurrente de que Venezuela sirve como refugio o plataforma para grupos armados colombianos y redes del narcotráfico. El Gobierno venezolano ha negado sistemáticamente estas versiones, mientras acusa a Colombia y a Estados Unidos de utilizar el tema como herramienta de presión política.
Para Colombia, el reto es doble. Por un lado, avanzar en los diálogos de paz con el ELN, que han tenido avances y retrocesos, y por otro, contener la expansión de economías ilegales que se alimentan de la falta de coordinación regional. Las palabras de Petro buscan poner el foco en esa contradicción: negociar la paz con un actor armado que, al mismo tiempo, estaría inmerso en dinámicas transnacionales del narcotráfico.
En el plano internacional, las declaraciones también pueden leerse como un mensaje a Washington. Petro ha abogado por una nueva relación con Estados Unidos basada en la corresponsabilidad y el cambio de paradigma en la lucha contra las drogas. Al traer a colación decisiones del pasado, el mandatario colombiano refuerza su llamado a revisar las estrategias que han predominado durante décadas.
El señalamiento sobre la mezcla de pasta de coca en Venezuela no es menor. Implica reconocer que la cadena del narcotráfico se ha sofisticado y descentralizado, dificultando la acción de los Estados de manera aislada. En ese escenario, cualquier intervención militar externa, lejos de resolver el problema, podría agravar la violencia y fortalecer a los actores ilegales.
Al cierre, las declaraciones de Petro dejan más preguntas que respuestas. ¿Existió realmente un ataque directo contra el ELN en Venezuela durante la administración Trump? ¿Qué información maneja el Gobierno colombiano sobre la transformación de cocaína en territorio venezolano? ¿Cómo impactan estas afirmaciones los esfuerzos de paz y la diplomacia regional?
Lo cierto es que el presidente colombiano ha vuelto a colocar el tema del narcotráfico y la seguridad fronteriza en el centro del debate, esta vez con un fuerte componente geopolítico. En un contexto de reconfiguración de alianzas y discursos en América Latina, sus palabras reflejan la complejidad de un conflicto que ya no reconoce fronteras claras ni soluciones simples.
