El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno pondrá fin de manera progresiva a las concesiones viales como parte de un recorte de gastos, en medio de la desfinanciación presupuestal. La administración de las vías revertidas pasará al Estado y los peajes tendrán ajustes ligados al IPC desde 2026.
El presidente Gustavo Petro confirmó que su Gobierno dejará de renovar o mantener concesiones viales como parte de una estrategia de ajuste fiscal. La decisión, según explicó, responde a la necesidad de enfrentar la desfinanciación del presupuesto nacional sin afectar sectores sociales prioritarios. “O los más ricos pagan la plata por impuestos o dejan de recibir los gastos del Estado”, afirmó, al señalar que este será el único recorte que aplicará durante su administración.
El mandatario reiteró que los contratos de concesión que lleguen a su vencimiento o sean revertidos pasarán a ser administrados directamente por el Gobierno Nacional. Esta transición, según ha sostenido previamente, permitiría reducir costos asociados a la operación privada y, eventualmente, a las tarifas de peajes en distintas regiones del país.
La medida marca un cambio significativo frente al modelo de participación privada que ha predominado en la infraestructura vial durante las últimas décadas, especialmente en los programas de Cuarta y Quinta Generación (4G y 5G). Aunque el Gobierno no ha detallado aún el cronograma de reversión ni los impactos contractuales, sí ha insistido en que la prioridad será garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del sistema.
Ajuste de peajes desde 2026
Mientras avanza la discusión sobre el futuro de las concesiones, el Gobierno nacional confirmó que el próximo ajuste de tarifas de peajes entrará en vigor el 16 de enero de 2026. Este incremento aplicará para toda la red vial concesionada y se realizará conforme a la normativa vigente, que establece una actualización anual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el incremento corresponde al ajuste por costo de vida y se aplicará de manera general en todas las estaciones de peaje administradas bajo el esquema de concesión. “Es una actualización por costo de vida que se aplica de manera general”, reiteró, subrayando que el mecanismo busca mantener la estabilidad financiera de los proyectos viales.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el IPC anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, cifra que servirá como base para el reajuste tarifario. Este porcentaje se convierte en el parámetro oficial para calcular el aumento que deberán asumir los usuarios a partir del próximo año.
El Gobierno ha insistido en que este ajuste es indispensable para garantizar la operación, el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura vial, especialmente en corredores estratégicos para el transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, la decisión se da en un contexto de debate público sobre el costo de los peajes y su impacto en la competitividad regional.
Debate sobre el modelo vial
El anuncio del presidente Petro abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de financiación y administración de la infraestructura vial en Colombia. Mientras algunos sectores consideran que la reversión al Estado podría reducir costos y fortalecer la gestión pública, otros advierten riesgos en la capacidad operativa y presupuestal del Gobierno para asumir la totalidad de la red concesionada.
Por ahora, la administración insiste en que el recorte se concentrará exclusivamente en pagos a concesiones viales, sin afectar educación, salud ni salario mínimo. El debate continuará en 2026, cuando empiece a materializarse la transición anunciada y se evalúen sus efectos en la movilidad, la inversión y el equilibrio fiscal.
