Colombia inició el año atrapada entre la presión de Estados Unidos y la crisis venezolana, en un escenario donde la retórica agresiva de Donald Trump y el autoritarismo de Nicolás Maduro obligan al Gobierno de Gustavo Petro a moverse en un delicado equilibrio diplomático, político y humanitario.
La política exterior colombiana atravesó en 2025 uno de sus momentos más complejos desde el restablecimiento de relaciones con Venezuela y la redefinición del vínculo estratégico con Estados Unidos. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la revalidación, ampliamente cuestionada, del mandato de Nicolás Maduro configuraron un escenario regional altamente inflamable, en el que Colombia quedó ubicada en el centro de dos fuerzas opuestas.
De un lado, Estados Unidos, principal socio comercial, aliado histórico en materia de seguridad y lucha antidrogas, endureció su discurso y sus acciones militares en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento del combate al narcotráfico. Del otro, Venezuela, país con el que Colombia comparte la frontera terrestre más extensa de Sudamérica, profundizó su aislamiento internacional mientras enfrenta sanciones, amenazas militares y un deterioro institucional creciente.
En ese cruce de presiones, el Gobierno de Gustavo Petro intentó sostener una posición que combina la defensa del derecho internacional, el rechazo a una intervención armada y la exigencia de una salida democrática negociada en Venezuela. Sin embargo, esa postura ha sido interpretada de forma ambigua tanto en Washington como en sectores de la región.
Las declaraciones de Donald Trump marcaron el tono del conflicto desde finales de 2024. “Más le vale (a Petro) andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga”, dijo el mandatario estadounidense, al advertir que Colombia podría ser “el siguiente” objetivo de su ofensiva contra el narcotráfico, inicialmente enfocada en Venezuela. En otra ocasión afirmó que cualquier país que trafique estupefacientes hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.
Para el presidente colombiano, estas palabras constituyeron una amenaza directa a la soberanía nacional. Petro respondió que ese tipo de declaraciones equivalen a “declarar la guerra”, una expresión que evidenció la gravedad con la que Bogotá interpretó el nuevo enfoque de Washington. No obstante, pocos días después, el propio mandatario colombiano denunció públicamente la presencia del ELN y sus actividades de narcotráfico en el estado venezolano de Zulia, reiterando que Colombia “no es aliada del tráfico de drogas”.
Este vaivén discursivo refleja, según analistas, la dificultad de sostener una narrativa coherente en medio de presiones externas crecientes. Manuel González, analista internacional y catedrático de la Universidad Javeriana, resume el dilema: “Bogotá está en la posición más incómoda porque, por un lado, tiene la tensión de su vecino, con el que comparte su frontera más extensa, y por otro a su mayor socio estratégico, que ahora lo ve con desconfianza”.
Bombardeos, sanciones y el debate sobre el derecho internacional
La escalada no se limitó al plano retórico. Desde agosto, Estados Unidos inició una campaña militar con bombardeos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Aunque la estrategia fue presentada como una acción disuasiva contra contrabandistas venezolanos, pronto se hizo evidente que varias de las embarcaciones atacadas tenían vínculos con Colombia.
Petro calificó estas acciones como un “crimen de guerra” y pidió a Washington frenar la ofensiva. Según cifras conocidas en los últimos meses, más de un centenar de personas murieron en estos bombardeos, muchas de ellas sin identificar, lo que abrió cuestionamientos sobre proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.
La tensión aumentó cuando Trump ordenó el cierre del espacio aéreo venezolano, una medida que llevó a la cancelación masiva de vuelos y a recomendaciones internacionales de no viajar a ese país. Petro fue el único presidente, además de Maduro, que cuestionó abiertamente la decisión. “EE UU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”, afirmó, al anunciar que Colombia restablecería el servicio aéreo con Venezuela.
Estas posiciones reforzaron la percepción en Washington de que el Gobierno colombiano se alejaba de la línea tradicional de cooperación hemisférica. Para González, allí aparecen los llamados “errores no forzados”: “Defender el derecho internacional es válido, pero hacerlo confrontando directamente la narrativa de Trump hace que Colombia sea vista como un aliado frágil o incluso como un cómplice del régimen de Maduro”.
Más allá de la diplomacia, el conflicto tiene implicaciones directas para la estabilidad interna de Colombia. Una eventual ofensiva terrestre en Venezuela, como ha insinuado Trump, sería una cuestión existencial para Bogotá. El país ya acoge a cerca de 2,8 millones de migrantes venezolanos y enfrenta enormes desafíos sociales, económicos y de seguridad asociados a ese flujo.
Una guerra podría provocar una nueva ola migratoria de dimensiones impredecibles, reactivar dinámicas de violencia en la frontera y fortalecer a grupos armados ilegales que operan a ambos lados del límite binacional. Por ello, Petro ha insistido en la necesidad de una salida negociada y ha llamado a Caracas a explorar fórmulas de transición política.
“Me opongo a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro”, señaló el mandatario colombiano, al tiempo que propuso un gobierno de transición y una amnistía general. En un giro discursivo significativo, Petro llegó incluso a llamar “dictador” a Nicolás Maduro, marcando distancia tras años de ambigüedad frente al chavismo.
El costo diplomático y la pérdida de margen de maniobra
Pese a su retórica crítica, el Gobierno colombiano ha tenido poco margen para traducir sus posiciones en acciones concretas. En 2025, Estados Unidos ejerció una presión sostenida sobre Colombia: amenazas arancelarias, llamados a consultas de su embajador, intimidaciones comerciales y la descertificación en la lucha contra las drogas.
A nivel personal, la relación entre Trump y Petro se deterioró aún más. Washington retiró la visa al presidente colombiano, lo incluyó en la llamada lista Clinton y lo calificó de “hostil”, “alborotador” e incluso “líder del narcotráfico”. Estas acciones no solo afectaron la relación bilateral, sino que debilitaron la capacidad de Colombia para actuar como mediador regional.
“Si en algún momento Colombia pudo aspirar a un rol de mediación junto con México y Brasil, esa oportunidad se perdió”, sostiene González. “Trump no busca mediadores; quiere que los aliados lo busquen a él”.
Estados Unidos, elecciones y el cálculo político
Desde Washington, sin embargo, también hay un cálculo político. Las autoridades estadounidenses saben que Colombia se aproxima a un ciclo electoral y que el mandato de Petro está en su recta final. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo expresó con claridad: “Esto no se trata de izquierda ni de derecha, se trata de tener en el poder a un presidente que coopere con nosotros”.
Rubio reconoció que la postura de Petro “ha afectado” la relación bilateral, pero subrayó que Estados Unidos busca limitar el daño y mantener canales abiertos. Trump, por su parte, personalizó el conflicto: “Amo a los colombianos, son grandes personas. Pero su nuevo líder es un alborotador”.
Estas declaraciones sugieren que, más allá de la ideología, Washington apuesta a recomponer la relación con el próximo gobierno colombiano, mientras contiene el impacto de un vínculo deteriorado en un momento regional crítico.
El balance del año deja a Colombia en una posición frágil. La estrategia de Petro, basada en principios de derecho internacional y rechazo a la intervención armada, choca con la lógica de poder de una Casa Blanca decidida a imponer su agenda de seguridad. Al mismo tiempo, la cercanía discursiva con Caracas genera sospechas y limita la credibilidad de Bogotá como actor neutral.
Entre la agresividad de Trump y el autoritarismo de Maduro, Colombia camina por una cuerda floja. Mantener ese equilibrio sin quedar aislada, sin romper con su principal aliado y sin desatender los riesgos humanitarios y de seguridad en la frontera será uno de los mayores desafíos de su política exterior en el corto plazo.
