El presidente Gustavo Petro solicitó convocar de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU y a la OEA tras reportes de bombardeos en Venezuela. Colombia reforzó la seguridad diplomática, activó planes humanitarios en la frontera y llamó a frenar la escalada militar.
La escalada de tensión regional tras los reportes de ataques aéreos en Venezuela llevó al Gobierno colombiano a activar una respuesta diplomática y de seguridad sin precedentes en los últimos años. En la madrugada de este sábado, el presidente Gustavo Petro alertó a la comunidad internacional sobre bombardeos en Caracas y pidió la convocatoria inmediata de los principales organismos multilaterales para evaluar la legalidad de la acción militar y evitar un mayor deterioro de la estabilidad regional.
Colombia, que este año asumió un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, busca posicionar el debate en el escenario global. Según el jefe de Estado, el objetivo es “establecer la legalidad internacional de la agresión contra Venezuela” y promover una verificación objetiva de los hechos, en un contexto marcado por versiones cruzadas y un alto riesgo de desinformación.
Desde Bogotá, el Gobierno activó de manera simultánea el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, reforzó el Plan Frontera y ordenó medidas preventivas para atender eventuales flujos migratorios, así como posibles impactos humanitarios derivados del conflicto. También se incrementó la seguridad en las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos en la capital colombiana.
En una serie de mensajes publicados en la red social X durante la madrugada, Petro advirtió sobre una situación que, a su juicio, trasciende el ámbito bilateral y compromete la seguridad continental. El mandatario insistió en la necesidad de una reunión extraordinaria tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos, al considerar que los hechos reportados podrían constituir una violación al derecho internacional.
Horas después, la Presidencia divulgó un comunicado oficial en el que Colombia expresó “profunda preocupación” por las explosiones y la actividad aérea inusual en territorio venezolano. En el texto, el Gobierno reiteró su adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias.
El documento fijó una postura clara frente a la coyuntura: rechazo a cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil y un llamado urgente a la desescalada. Para la Casa de Nariño, la prioridad es preservar la paz regional y evitar que la confrontación se traduzca en un conflicto de mayores proporciones en América Latina y el Caribe.
En ese marco, la Cancillería recibió instrucciones de mantener abiertos los canales diplomáticos con los gobiernos involucrados y de promover, en espacios multilaterales, iniciativas orientadas a la verificación independiente de los hechos y a la reducción de tensiones. El mensaje presidencial cerró con un llamado simbólico a la unidad regional y a la defensa de la vida y la dignidad humana por encima de la confrontación armada.
Frontera en alerta y medidas de seguridad interna
Mientras se intensificaba la ofensiva diplomática, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de medidas de seguridad en la frontera colombo-venezolana. El ministro Pedro Sánchez confirmó la activación del PMU en Cúcuta y del Plan Frontera, con énfasis en la atención humanitaria a población migrante y en la coordinación con autoridades locales para responder a cualquier contingencia.
De acuerdo con el alto funcionario, todas las capacidades de la Fuerza Pública fueron puestas en alerta para anticipar y neutralizar posibles amenazas de grupos armados ilegales, en particular del ELN y de organizaciones de crimen transnacional que operan en la zona limítrofe. “Las amenazas para Colombia no provienen de las naciones, sino de estructuras criminales”, subrayó el ministro, al descartar un escenario de confrontación interestatal directa.
Como parte del paquete preventivo, el Gobierno ordenó reforzar la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Bogotá, una medida orientada a evitar incidentes y garantizar la protección de las misiones diplomáticas en un contexto de alta sensibilidad política.
En paralelo, el presidente Petro replicó en sus redes sociales un comunicado del Gobierno venezolano que confirmó bombardeos en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Según esa versión oficial, los ataques constituyen una violación flagrante de la Carta de la ONU y tendrían como trasfondo el control de recursos estratégicos del país, particularmente petróleo y minerales. Caracas advirtió que la agresión pone en riesgo la vida de millones de personas y amenaza la estabilidad regional.
La posición colombiana, sin embargo, se ha centrado en evitar pronunciamientos que profundicen la polarización. Desde el Ejecutivo se insiste en que cualquier evaluación debe basarse en hechos verificados y en los mecanismos del derecho internacional, no en decisiones unilaterales o en la lógica de la confrontación.
El episodio marca un nuevo punto de tensión en una región históricamente afectada por crisis políticas y humanitarias, y sitúa a Colombia en un rol diplomático clave por su posición geográfica y su reciente ingreso al Consejo de Seguridad. En las próximas horas, la atención estará puesta en la respuesta de la ONU y la OEA, así como en la evolución de los acontecimientos en Venezuela y su impacto inmediato en la frontera común.
