El Ministerio Público intensificó su seguimiento preventivo al proyecto de decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones, al convocar una segunda mesa técnica para evaluar riesgos financieros, efectos en el mercado y la protección del ahorro pensional.
El Gobierno Nacional avanza, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), en un proyecto de decreto que busca ajustar las reglas de inversión de los fondos de pensiones en Colombia. La iniciativa ha despertado atención institucional y técnica debido a su posible impacto en el sistema financiero, el mercado de capitales y, especialmente, en la seguridad del ahorro de millones de afiliados.
En este escenario, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva, decidió fortalecer su acompañamiento al proceso regulatorio. La actuación se enmarca en un seguimiento institucional que no sustituye las competencias del Ejecutivo, pero sí busca advertir riesgos y promover decisiones informadas y transparentes.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, junto con la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, convocó la segunda mesa técnica preventiva para analizar en detalle el proyecto normativo. Este espacio da continuidad a una primera reunión en la que se revisaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la propuesta, así como sus posibles efectos económicos y sociales.
Según el Ministerio Público, resulta necesario profundizar el estudio de variables clave como los riesgos de mercado y de reinversión, los cambios en la duración y el rendimiento de los portafolios, y las implicaciones sobre la diversificación de las inversiones. También se advirtió sobre la capacidad real del mercado local para absorber eventuales modificaciones en la composición de los portafolios pensionales, sin afectar la estabilidad financiera.
La Procuraduría subrayó que su intervención se desarrolla en un ámbito técnico, interinstitucional y no vinculante, orientado a anticipar riesgos y fortalecer la calidad regulatoria antes de que el decreto sea expedido.
La segunda mesa técnica preventiva se llevará a cabo el martes 20 de enero de 2026 y contará con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos. El objetivo es fomentar la coordinación interinstitucional y recoger insumos especializados que contribuyan a una regulación sólida y equilibrada.
Este seguimiento preventivo se sustenta en normas como la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011, que le otorgan a la Procuraduría facultades para vigilar y advertir sobre eventuales riesgos en políticas públicas con impacto social y económico.
Con esta actuación, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la protección del ahorro pensional, la confianza de los afiliados en el sistema y la estabilidad del sector financiero, en un momento clave para la definición de las reglas que regirán las inversiones de los fondos de pensiones en el país.
