La violencia del ELN se intensifica en el Catatumbo, provocando desplazamientos masivos, secuestros y el temor de que la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos reconfigure el conflicto fronterizo, mientras las fallidas negociaciones de paz quedan en el aire.
La región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha convertido nuevamente en epicentro de un conflicto que parece lejos de resolverse. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera desde hace décadas en zonas rurales del nororiente colombiano, ha intensificado sus ataques, secuestros y combates contra disidencias de las extintas FARC, generando un éxodo de miles de familias huyendo de la violencia.
En los últimos días, el secuestro de cinco policías en la carretera entre Cúcuta y Tibú evidenció el poder y audacia de la guerrilla, incluso tras el despliegue de fuerzas militares que el Gobierno colombiano anunció a lo largo de la frontera. La defensora del Pueblo, Iris Marín, reportó la llegada a Cúcuta de cerca de 300 personas que escapaban de enfrentamientos, y organizaciones humanitarias advertían que otras 6.000 se hallaban en riesgo de confinamiento.
Analistas describen al ELN como una “guerrilla binacional”, capaz de operar a los dos lados de la porosa línea limítrofe de más de 2.200 kilómetros. Su expansión en el último año ha sido alimentada no solo por disputas con otros grupos armados, sino también por relaciones de conveniencia con actores en Venezuela, que han permitido la movilidad de combatientes y un control territorial cada vez mayor.
Este ascenso coincide con un escenario de alta incertidumbre tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, un hecho que ha tensado la geopolítica regional y el propio equilibrio de fuerzas en la frontera.
El Catatumbo, conocido por su densa vegetación y su papel clave en las rutas de narcotráfico, alberga la mayor concentración de cultivos de coca en el mundo. La violencia allí ha sido persistente y multifacética, con grupos armados luchando por el control de economías ilícitas y territorios estratégicos. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, que inicialmente había apostado por la llamada “paz total” y suspendió los diálogos con el ELN el año pasado ante la intensidad de los combates, parece ahora enfrentado a una escalada que sobrepasa las expectativas de pacificación.
Las fallidas negociaciones, que incluyeron un cese al fuego de seis meses en 2023, dejaron enseñanzas amargas: miles de desplazados, miles de hectáreas de coca bajo control de grupos armados, y un tejido social desarticulado. La brutalidad del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC provocó que Petro suspendiera los diálogos, y la violencia continuó su avance.
La reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la detención de Maduro, ha agregado una capa de complejidad. En la frontera, se vive una atmósfera tensa, con una fuerte presencia militar y comunicadores internacionales intentando cubrir una historia sin un desenlace claro. El posible vaciamiento de poder en Caracas podría ofrecer al ELN oportunidades para expandir su influencia o reposicionarse en el tablero regional.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que grupos armados, incluido el ELN, podrían estar replanteando su presencia en la región, buscando refugio o mayor control territorial ante los cambios provocados por la captura de Maduro. Este movimiento de fuerzas armadas irregulares hacia Colombia es visto con alarma por las autoridades, que temen una intensificación de la violencia y mayores desplazamientos de civiles.
Un conflicto sin fronteras claras
Expertos señalan que el futuro del ELN está estrechamente ligado a la situación política venezolana. Mientras un gobierno de Caracas, ahora sin Maduro, siga respaldando o tolerando la presencia de la guerrilla, será difícil imaginar una derrota completa del grupo o un eventual acuerdo de paz. La narrativa del ELN, que ha llegado incluso a incorporar la defensa de la Revolución Bolivariana en su discurso y ha establecido vínculos con sectores del régimen chavista, complica aún más cualquier salida negocia.
En alguna medida, el ELN siempre ha sido más que un grupo insurgente en Colombia. Desde su fundación bajo la influencia de la revolución cubana, ha buscado ser un actor con proyección continental, capaz de desafiar no solo al Estado colombiano sino a influencias externas como la de Estados Unidos. Con la reciente crisis venezolana, esa aspiración cobra un nuevo y más inquietante impulso: la posibilidad de que, en medio de un eventual colapso del régimen de Maduro, el ELN se haga con activos militares o adquiera mayores capacidades bélicas.
Mientras tanto, cientos de familias continúan desplazándose, la incertidumbre reina en las calles de Cúcuta y otros municipios fronterizos, y las fuerzas del Estado colombiano redoblan esfuerzos para contener una violencia que, lejos de extinguirse, parece reinventarse a cada paso.
