Diez personas murieron en tres masacres ocurridas en seis días en distintas regiones de Colombia, un arranque violento que contrasta con la primera semana de 2025, cuando no se reportaron episodios similares, según Indepaz.
Colombia inició 2026 con un alarmante repunte de violencia en varias zonas del país, evidenciado por tres masacres registradas en la primera semana del año. Estos hechos, distribuidos geográficamente entre el suroccidente, el nordeste antioqueño y la frontera con Venezuela, dejan al menos diez personas asesinadas y reavivan la preocupación por la persistencia del conflicto armado y las disputas territoriales entre grupos ilegales.
La primera de estas tragedias ocurrió el 3 de enero en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. Allí, hombres armados ejecutaron a tiros a Irma Yulie Erazo Reina, administradora de un comercio local, en un ataque que conmocionó a la comunidad. Horas después, durante el velorio de Erazo, los agresores volvieron a abrir fuego contra los asistentes, persiguiendo y matando a Angélica María Cantoñí Estacio y Reina Nancy Stella, de 35 y 53 años respectivamente. Por la continuidad y conexión entre los hechos, las autoridades clasificaron estas muertes como la primera masacre del año.
Este hecho en el Cauca, una de las regiones históricamente más afectadas por la violencia armada, ocurre en medio de la presencia de múltiples estructuras ilegales que disputan control territorial. Ante la complejidad del conflicto, Indepaz y autoridades locales han advertido sobre el incremento de confrontaciones entre grupos armados en varios municipios de la zona.
El 6 de enero se registraron las otras dos masacres que completan la cifra de la semana. En el nordeste de Antioquia, en municipios vecinos, fueron hallados los cuerpos de tres miembros de una misma familia y una cuarta persona aún sin identificar. Aunque las investigaciones están en curso, la zona es conocida por la presencia del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Ese mismo día, en Norte de Santander, cerca de la capital fronteriza de Cúcuta, tres hombres fueron asesinados a tiros en una vía rural. En este departamento operan grupos como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que mantiene una prolongada disputa armada con el Estado y con otras bandas ilegales, lo que ha convertido la región en un punto clave para el tráfico de drogas y otros delitos conexos.
Las masacres de esta primera semana de enero se ubican dentro de un contexto más amplio de violencia selectiva en Colombia. En 2025, Indepaz registró 78 masacres en todo el país, un número que superó con creces los episodios de años anteriores y que evidencia la persistencia del conflicto interno, incluso con acuerdos de paz firmados en años anteriores.
Crisis humanitaria y silencios oficiales
Pese a la gravedad de los hechos, la respuesta del gobierno ha sido considerada por analistas como tibia. La atención mediática y política se ha centrado en otros acontecimientos internacionales y en temas de política interna, dejando en segundo plano la crisis humanitaria que viven numerosas comunidades colombianas afectadas por la violencia armada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han destacado que muchos de estos hechos se producen en territorios con presencia de cultivos ilícitos, tráfico de drogas, minería ilegal y rutas de movilidad para grupos armados, lo que perpetúa una economía violenta difícil de erradicar. Estas dinámicas no solo propician asesinatos masivos, sino también desplazamientos forzados, amenazas a líderes sociales y restricciones a la movilidad de la población civil.
En el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela y escenario de confrontaciones entre el ELN y disidencias de las FARC-EP, más de 300 personas han sido desplazadas por la violencia en los últimos días, según reportes de organismos humanitarios, lo cual subraya la dimensión de la crisis humanitaria en el país.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por el incremento de homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento de menores y prácticas de “limpieza social” en zonas rurales y urbanas, evidenciando que la violencia no es un fenómeno aislado sino estructural y persistente.
Colombia vive desde hace décadas un conflicto armado multifacético que ha implicado a guerrillas, paramilitares, bandas criminales y, en algunos casos, fuerzas estatales. Aunque los acuerdos de paz con las FARC redujeron significativamente los enfrentamientos abiertos hace años, la fragmentación armada y las economías ilegales han transformado la violencia en formas más dispersas y difíciles de controlar.
La aparición de masacres tan temprano en 2026 pone en evidencia la urgencia de políticas que aborden tanto la seguridad como las causas estructurales de la violencia: la exclusión social, la falta de presencia del Estado en zonas rurales, las economías ilegales y la debilidad de los mecanismos de protección para comunidades vulnerables.
Mientras tanto, las familias de las víctimas y las comunidades afectadas enfrentan el dolor de pérdidas violentas y la incertidumbre de un futuro marcado por la inseguridad, en un país que busca —una y otra vez— reconciliarse con su propia historia de conflicto.
