El Gobierno colombiano, en medio de un nuevo escenario político regional, evalúa importar gas natural desde Venezuela para mitigar la escasez interna y aliviar costos, pero enfrenta desafíos técnicos, regulatorios y de infraestructura que podrían retrasar o limitar la viabilidad de la propuesta.
Colombia enfrenta una creciente dependencia de gas importado. Desde diciembre de 2024, la demanda interna superó la producción local, impulsando compras externas para abastecer hogares, industrias y plantas térmicas. El déficit de oferta nacional se mantendrá al alza hasta, por lo menos, 2030, cuando se espera que el gas del pozo Sirius entre al mercado, aseguró el Ministerio de Minas y Energía.
Ante este panorama, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha señalado a Venezuela como una alternativa potencialmente más barata para la importación de gas. La propuesta se sustenta en la cercanía geográfica y la posibilidad de reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, infraestructura que conecta ambos países desde 2007 y que en el pasado permitió flujo de gas desde Colombia hacia Venezuela.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que “importar gas de Venezuela sería la mejor opción para hogares e industria”, pidiendo a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) revisar todos los proyectos de regasificación existentes con ese objetivo en mente.
Este replanteamiento surge en un “nuevo escenario político” tras recientes eventos en Venezuela y cambios en la dinámica entre Caracas y Washington, aunque las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sobre la petrolera PDVSA siguen vigentes y complican transacciones directas.
Obstáculos técnicos, regulatorios y geopolíticos
Uno de los principales retos para concretar la importación por gasoducto es el estado de la infraestructura. El tramo de 224 kilómetros del Antonio Ricaurte presenta “daños significativos” y requeriría inversiones de entre USD 20 y 30 millones para su reparación, según fuentes del propio Ministerio y reportes de la agencia Bloomberg.
Además, expertos y gremios del sector energético han señalado que incluso con la infraestructura operativa, sería necesario entre uno y dos años para adecuar completamente el sistema y garantizar un flujo continuo y seguro de gas entre ambos países. Esto incluye no solo el gasoducto como tal, sino estaciones de compresión y servicios auxiliares que soporten el transporte binacional.
Otra arista crítica involucra la normativa y la regulación. Algunos de los proyectos de regasificación contemplados para ampliar la capacidad de importación dentro de Colombia dependen de adaptaciones legales y técnicas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta revisión responde a la necesidad de flexibilizar marcos regulatorios para proyectos que utilizarían oleoductos activos y no únicamente instalaciones nuevas o inactivas.
El factor geopolítico también juega un papel determinante. Aunque algunos analistas ven margen político para retomar acuerdos energéticos con Caracas, las sanciones estadounidenses y la inestabilidad política interna de Venezuela complican negociaciones con PDVSA y otros actores del sector petrolero. Persisten dudas sobre si un cambio en la situación política de Venezuela permitirá levantar o suavizar las sanciones que hoy limitan el comercio energético entre ambos países.
En este contexto, más allá de los vínculos bilaterales, la oposición política en Colombia ha expresado reservas sobre ceder influencias estratégicas a un régimen con desafíos de gobernabilidad y transparencia, argumentando que acuerdos de compra de energía deben priorizar la soberanía y seguridad energética nacional.
Alternativas y opciones de corto plazo
Mientras la opción de importar gas desde Venezuela se evalúa y se ajustan los requerimientos técnicos, Colombia continúa ampliando su capacidad de importación de gas natural licuado (GNL) desde otras fuentes. Actualmente, la terminal SPEC LNG en Cartagena actúa como principal punto de llegada del GNL, con capacidad para 475 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales una parte se destina a la red nacional de gas para consumo residencial, comercial e industrial.
Adicionalmente, Ecopetrol, a través de proyectos en Buenaventura y adaptaciones de infraestructura en Coveñas, pretende ampliar la entrada de GNL al país con nuevas instalaciones de regasificación que estarían operativas entre 2026 y 2027, sumando decenas de millones de pies cúbicos adicionales por día.
Estas iniciativas, aunque más costosas en términos logísticos y de mercado que una importación directa por tubería desde Venezuela, ofrecen vías alternativas para sostener el abastecimiento en el corto plazo mientras se dilucidan las condiciones para acuerdos binacionales.
La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de importar gas natural desde Venezuela refleja una búsqueda pragmática de soluciones ante la creciente demanda energética del país y la disminución de la producción local. Sin embargo, la viabilidad de este plan depende no solo de la reparación de infraestructura clave, sino también de cambios regulatorios, una dinámica geopolítica favorable y la seguridad de mantener acuerdos sostenibles en un entorno regional e internacional complejo.
