El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 no se pueden aplazar y cuentan con garantías suficientes para evitar fraudes, en medio de cuestionamientos políticos y un clima de alta tensión preelectoral en Colombia.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, afirmó de manera categórica que las elecciones de 2026 en Colombia no se pueden aplazar bajo ninguna circunstancia y que el proceso está “blindado” frente a posibles fraudes.
“En Colombia no existe ninguna norma constitucional o legal que permita aplazar unas elecciones”, sostuvo Penagos, al explicar que el calendario electoral está fijado por la Constitución y la ley, y que ni la Registraduría ni otra autoridad tienen la facultad de modificarlo. Según el funcionario, incluso en escenarios de crisis, el país está obligado a acudir a las urnas en las fechas establecidas.
Las declaraciones del registrador se producen luego de que sectores políticos, incluido el presidente Gustavo Petro, expresaran dudas sobre las garantías electorales y la transparencia del proceso, especialmente frente al manejo tecnológico del escrutinio y la seguridad en algunas regiones del país.
Penagos defendió la solidez del sistema electoral colombiano y subrayó que el diseño mismo del proceso dificulta la posibilidad de un fraude estructural. “Aquí votan millones de ciudadanos y los votos se cuentan públicamente mesa por mesa”, señaló, al recordar que cerca de 700.000 jurados de votación participan en la jornada electoral.
El registrador explicó que, tras el cierre de las urnas, los resultados pasan por varias instancias de verificación. “Hay comisiones escrutadoras municipales, departamentales y nacionales, integradas por jueces y notarios, que revisan cada acta”, indicó. A ello se suma la presencia de testigos electorales de los partidos y movimientos políticos, quienes pueden vigilar el proceso desde el inicio hasta el final.
Frente a las acusaciones de fraude, Penagos fue enfático: “Pueden existir errores humanos, porque somos personas, pero delitos, no”. Según dijo, cualquier inconsistencia puede ser revisada y corregida dentro del mismo sistema de escrutinios, que permite reclamaciones y revisiones formales.
El funcionario también destacó que los partidos y campañas tienen acceso a auditorías técnicas. “El software electoral es auditable y está abierto a la revisión de las organizaciones políticas y de los organismos de control”, afirmó, como parte de las medidas para reforzar la confianza en el componente tecnológico del proceso.
Firmas, veeduría y confianza ciudadana
Otro de los puntos sensibles del proceso electoral ha sido la inscripción de candidaturas por firmas. Penagos reveló que la Registraduría detectó irregularidades en varios casos. “Encontramos firmas repetidas, fotocopias y apoyos que no correspondían a ciudadanos habilitados para votar”, dijo, al advertir que la entidad no puede pasar por alto ese tipo de situaciones.
Según explicó, la verificación rigurosa de firmas busca proteger la legitimidad del proceso democrático. “No se trata de perseguir candidatos, sino de garantizar que quienes aspiren cumplan la ley”, puntualizó. La Registraduría tiene plazos legales para definir qué aspirantes superan ese filtro y pueden inscribirse oficialmente.
En paralelo, el registrador resaltó el papel de la observación internacional. “Siempre hemos contado con misiones de observación electoral, y en 2026 no será la excepción”, afirmó, al señalar que estos acompañamientos contribuyen a dar mayores garantías y transparencia al proceso.
Sin embargo, Penagos reconoció que existen desafíos, especialmente en materia de orden público en algunas zonas del país. Aun así, reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho al voto. “Nuestro deber es llevar las urnas a todos los rincones del territorio y asegurar que los ciudadanos puedan votar en libertad”, concluyó.
Con estas afirmaciones, la Registraduría busca enviar un mensaje de tranquilidad en un año electoral decisivo, insistiendo en que la democracia colombiana tiene mecanismos suficientes para sostener elecciones en las fechas previstas y con controles que reduzcan al mínimo cualquier intento de fraude.
