El presidente Gustavo Petro calificó como una “aberración económica” indexar el precio de la vivienda al salario mínimo y respaldó un borrador de decreto que obliga a pactar el valor de la Vivienda de Interés Social en pesos, para evitar alzas automáticas que afecten a los hogares de menores ingresos.
El debate sobre el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) volvió al centro de la agenda pública tras la publicación, para comentarios ciudadanos, de un borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La propuesta busca que el valor de las viviendas VIS se pacte en pesos colombianos y no en salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), una práctica histórica del sector que, según el Gobierno, ha terminado trasladando de manera automática los aumentos del salario mínimo al precio final de los inmuebles.
La iniciativa se conoce en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo para 2026, que generó interpretaciones según las cuales tanto la vivienda VIS como la no VIS aumentarían al mismo ritmo del ajuste salarial. Esa lectura fue rechazada de forma tajante por el presidente Gustavo Petro, quien defendió el alza del salario vital y cuestionó que se use como referencia directa para fijar el precio de la vivienda.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que la relación entre el salario mínimo y el valor de la vivienda es marginal y que otros factores pesan mucho más en la formación de precios. Entre ellos mencionó el costo de los materiales de construcción, el valor de la tierra y, especialmente, las tasas de interés para financiar proyectos inmobiliarios.
El decreto y la defensa del salario vital
El borrador de decreto propone “establecer el tope general del valor de la VIS, armonizar el régimen reglamentario vigente, fortalecer los derechos del consumidor y dictar otras disposiciones”. En la exposición de motivos, el Ministerio de Vivienda recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 fijó como regla general que el valor máximo de la VIS no puede superar los 135 salarios mínimos, manteniendo solo regímenes excepcionales definidos por la ley.
Para el Gobierno, el problema no es el tope en sí, sino la forma en que se ha utilizado. Según la cartera, la dispersión normativa permitió que topes excepcionales se convirtieran en referencia general de precios, lo que terminó encareciendo la vivienda y reduciendo el acceso de los hogares de menores ingresos al mercado formal.
En ese contexto, Petro fue enfático al señalar que indexar el precio de la vivienda al salario mínimo no tiene sustento económico. “Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra”, afirmó el presidente, al tiempo que insistió en que ligar ambos conceptos genera distorsiones que castigan a los compradores.
El mensaje presidencial también buscó defender el incremento del salario mínimo, al considerar que no puede convertirse en un argumento para justificar aumentos automáticos en bienes esenciales como la vivienda. Desde su perspectiva, ese mecanismo termina vaciando de contenido el propósito redistributivo del ajuste salarial.
Consumidores, transparencia y tasas de interés
Uno de los ejes centrales del proyecto es la protección al consumidor. La iniciativa se articula con la Circular Externa 004 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordena informar los precios de la vivienda en pesos colombianos y establece que el consumidor solo está obligado a pagar el valor que se le haya informado al momento de manifestar su voluntad de compra, ya sea mediante contratos de separación, opciones de compra o fiducias.
La ministra de Vivienda, Helga María Rivas, explicó que el decreto busca dar seguridad jurídica a los compradores de VIS, al impedir cambios de precio derivados únicamente del paso de un año a otro. Según la funcionaria, pactar el valor en pesos desde el inicio garantiza transparencia, previene abusos y evita que los hogares enfrenten incrementos inesperados que pongan en riesgo su cierre financiero.
Desde el Ministerio de Trabajo también hubo respaldo a la iniciativa. El ministro Antonio Sanguino defendió el salario mínimo y aseguró que el proyecto evita que su aumento se traduzca en incrementos injustificados del precio de la vivienda de interés social. En su pronunciamiento, subrayó que el decreto aclara que el tope de 135 salarios mínimos no equivale al precio final del inmueble y prohíbe su indexación posterior al salario mínimo.
Más allá del debate normativo, el presidente Petro volvió a señalar cuál considera el principal cuello de botella del sector: las altas tasas de interés de los créditos hipotecarios. Para el Gobierno, este factor explica en gran medida la desaceleración de la vivienda nueva y el encarecimiento del acceso al crédito, incluso para hogares con subsidios.
El borrador de decreto permanecerá abierto para comentarios hasta el próximo 24 de enero. Mientras tanto, el debate refleja una tensión de fondo entre las reglas del mercado inmobiliario y la política social del Gobierno, que busca evitar que el aumento del salario mínimo termine diluyéndose en mayores costos de bienes esenciales como la vivienda.
