A partir del primero de febrero, el precio de la gasolina comenzará a disminuir en Colombia tras el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El Gobierno asegura que la rebaja será gradual, sostenible y resultado de decisiones fiscales responsables.
La reducción del precio de la gasolina anunciada por el Gobierno nacional marca un punto de quiebre en la política de combustibles en Colombia. Luego de años de incrementos sostenidos y de un esquema de subsidios que dejó una pesada carga fiscal, el Ejecutivo afirma que el país entra en una nueva etapa, en la que los precios comienzan a bajar sin comprometer las finanzas públicas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, calificó la medida como una “decisión histórica” y subrayó que se trata de la primera vez, en años recientes, que se reduce el precio del combustible con respaldo financiero real. Según el funcionario, la disminución empezará a sentirse en todo el territorio nacional desde el primero de febrero y será progresiva, evitando impactos negativos en la economía.
Palma explicó que la clave para esta rebaja fue el ordenamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), mecanismo que durante varios años acumuló un déficit creciente. Ese faltante, dijo, se utilizó para mantener artificialmente bajos los precios, trasladando el costo al presupuesto público y generando una deuda que terminó por desbordarse.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el Fepc fue usado durante al menos tres años para “aparentar precios bajos”, mientras el déficit se ampliaba. La actual administración optó por una estrategia distinta: reconocer la deuda, pagarla y cerrar la posibilidad de que el fondo siguiera generando obligaciones sin respaldo.
“Ya no vamos a subsidiar la gasolina de forma ficticia con el presupuesto de todos los colombianos”, afirmó el ministro Palma, al señalar que el ajuste fue una decisión impopular en su momento, pero necesaria para recuperar el equilibrio fiscal. “Hoy podemos empezar a bajar el precio de manera real, con cuentas claras y sin mentiras fiscales”, añadió.
El funcionario indicó que este esfuerzo se complementó con una focalización más estricta de los subsidios, de modo que el apoyo estatal llegue a quienes realmente lo necesitan, y no se diluya en un beneficio generalizado que termina favoreciendo más a los grandes consumidores de combustibles.
A este saneamiento se suman condiciones favorables del entorno económico, como una mayor estabilidad en los mercados internacionales y ajustes estructurales en la forma como se calculan los precios internos. Todo ello, según el Gobierno, crea el espacio necesario para iniciar la reducción sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Rebaja gradual y promesa presidencial
Aunque el Ministerio no ha precisado el monto exacto de la disminución, Palma aseguró que las cifras se están revisando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda. El objetivo, dijo, es que la rebaja sea ordenada y responsable, evitando decisiones apresuradas que puedan revertirse en el corto plazo.
“Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, sostuvo el ministro. En esa línea, enfatizó que el Gobierno busca un equilibrio entre alivio para los consumidores y estabilidad macroeconómica.
Entre los factores adicionales que podrían reforzar la baja del precio, Palma mencionó la revisión de la metodología de mezcla del etanol con la gasolina, un ajuste técnico que, de concretarse, también tendría un impacto a la baja en el costo final para los usuarios.
El ministro insistió en que este conjunto de medidas convierte al actual Ejecutivo en el primero, en la historia reciente, en reducir el precio de la gasolina sin recurrir a endeudamiento oculto. “Seremos el primer gobierno que baja la gasolina con transparencia, poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores”, aseguró.
La reducción anunciada llega en un contexto de alta sensibilidad social frente al costo de vida y al impacto de los combustibles en el transporte, los alimentos y otros bienes esenciales. Para el Gobierno, la rebaja no solo tiene un significado económico, sino también político: demostrar que el ajuste fiscal realizado en los últimos años comienza a traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía.