El presidente Gustavo Petro defendió la firma de un contrato de 10.000 millones de pesos para su defensa jurídica en Estados Unidos tras su inclusión en la “Lista Clinton”, argumentando que responde a un contexto político complejo y rechazando las críticas de la oposición por el uso de recursos públicos.
El presidente Gustavo Petro salió a justificar la firma de un contrato por 10.000 millones de pesos con la firma internacional Amadeus Consultancy Limited para su defensa jurídica frente a sanciones financieras impuestas por Estados Unidos tras su inclusión en la denominada “Lista Clinton”. La decisión ha generado cuestionamientos de oposición y una indagación preliminar de la Procuraduría General de la Nación para verificar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
A inicios de enero de 2026, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) contrató a Amadeus Consultancy Limited para prestar servicios de asesoría legal internacional especializada, con el objetivo de analizar y responder a las sanciones financieras impuestas por autoridades extranjeras, en particular por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
La contratación se da en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, agravada tras la decisión estadounidense de incluir al presidente Petro, a su hijo mayor, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton —un registro que implica sanciones económicas y restricciones financieras a personas consideradas de riesgo.
Ante la cercanía de una reunión entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, programada para el 3 de febrero de 2026, el gobierno aseguró que esta defensa jurídica forma parte de un esfuerzo por proteger los intereses del Estado colombiano y buscar una salida al impasse diplomático.
Frente a las críticas, Petro respondió públicamente a través de su cuenta de la red social X, donde recalcó que la contratación se justifica por el contexto político nacional e internacional: “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas.”
El mandatario admitió el uso de recursos del Estado para pagar los servicios legales, defendiendo que no se trata de un gasto personal, sino de una respuesta institucional frente a sanciones que afectan no solo su figura sino las relaciones entre los dos países.
La oposición ha sido vehemente al calificar la contratación como un uso indebido de recursos públicos con fines que consideran personales y no directamente alineados con asuntos de la política exterior del Estado.
Además de las críticas políticas, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para verificar si el proceso contractual respetó los principios de transparencia, planeación y responsabilidad fiscal exigidos por la ley colombiana. Entre los aspectos que están siendo revisados se encuentran la modalidad de contratación directa, la falta de garantías de cumplimiento y la concentración de pagos en un periodo corto, ya que el contrato vencería en abril de 2026.
Sectores críticos han señalado que, pese a que las sanciones impactan la imagen del país y su diplomacia, la figura de Petro ha sido tratada como un asunto personalizado, generando reacciones adversas en la opinión pública y en el ámbito político
Implicaciones diplomáticas y estrategia gubernamental
Este contrato se suma a otras tensiones recientes entre Bogotá y Washington. La contratación de asesoría jurídica, según el gobierno, se enmarca dentro de gestiones amplias para restablecer relaciones con Estados Unidos, intentando que Petro pueda viajar sin estar incluido en listas que obstaculicen su entrada.
Fuentes gubernamentales han argumentado que la asesoría no solo contempla defensa ante posibles sanciones, sino que forma parte de un enfoque técnico para entender y potencialmente revertir la inclusión en la lista, lo cual podría tener efectos positivos tanto en relaciones bilaterales como en gestión económica y financiera internacional.
Las redes sociales y analistas políticos han amplificado el debate. Algunos sectores han cuestionado el manejo de los recursos públicos en un contexto en el que otros problemas nacionales, como seguridad, economía y servicios públicos, continúan siendo prioritarios para la ciudadanía.
La controversia en torno al contrato por 10.000 millones de pesos para la defensa jurídica del presidente Gustavo Petro ante sanciones de Estados Unidos refleja una compleja mezcla de política interna, relaciones internacionales y el uso de recursos públicos en situaciones sensibles para el Estado. Mientras el gobierno sostiene que la acción responde a una necesidad legal y diplomática, la oposición y organismos de control indagan posibles irregularidades y mal uso de fondos públicos.
