La organización de las elecciones de 2026 ya ha comprometido COP 2,7 billones en contratos firmados por la Registraduría y el CNE, con la multinacional Thomas Greg & Sons como principal beneficiaria, en un proceso marcado por adjudicaciones aceleradas, alta concentración empresarial y crecientes llamados a la vigilancia ciudadana.
Colombia se encamina hacia uno de los procesos electorales más costosos y complejos de su historia. A más de un año de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya han comprometido COP 2,7 billones en al menos 30 contratos destinados a garantizar la logística, tecnología y operación del sistema electoral.
El volumen del gasto, así como la velocidad con la que se han adjudicado varios contratos, ha despertado alertas en sectores políticos, académicos y de control fiscal, especialmente por la alta concentración de recursos en un reducido grupo de empresas, encabezadas por una multinacional con presencia histórica en los procesos electorales del país.
De acuerdo con el detalle de la contratación, Thomas Greg & Sons aparece como el actor dominante en la organización de los comicios. La multinacional concentra la porción más grande del presupuesto electoral, gracias a contratos relacionados con impresión de material electoral, producción de documentos, soluciones tecnológicas, logística integral y servicios de apoyo clave para la jornada de votación y el escrutinio.
La empresa, que desde hace décadas participa en procesos electorales en Colombia, ha sido adjudicataria de contratos estratégicos que resultan indispensables para la operación del sistema, lo que en la práctica la convierte en un proveedor estructural del Estado en materia electoral.
Esta posición dominante ha generado preguntas sobre la dependencia institucional de un solo actor privado y sobre los márgenes reales de competencia en un mercado altamente especializado y sensible para la democracia.
Contratos, velocidad y cuestionamientos
Aunque la Registraduría y el CNE han defendido la legalidad y necesidad de las contrataciones, varios procesos se realizaron bajo modalidades abreviadas, justificadas en razones de seguridad nacional, urgencia manifiesta o complejidad técnica.
Expertos en contratación pública advierten que, si bien la cercanía del calendario electoral exige rapidez, esta no debería traducirse en barreras de entrada que limiten la pluralidad de oferentes o refuercen monopolios de facto. En algunos contratos, la participación fue mínima o se registró un único proponente, situación que alimenta el debate sobre transparencia y eficiencia del gasto.
Los costos no se explican únicamente por la logística tradicional de mesas, jurados y tarjetones. El proceso electoral de 2026 incorpora sistemas de seguridad informática, transmisión de datos, identificación biométrica, control de fraude y publicación de resultados en tiempo real, lo que eleva significativamente el presupuesto.
A ello se suma la magnitud del proceso: elecciones legislativas, presidenciales, consultas interpartidistas y eventual segunda vuelta, en un país con más de 40 millones de potenciales votantes y complejas condiciones geográficas y de seguridad.
Un debate que va más allá del dinero
Más allá de las cifras, el foco está puesto en la confianza ciudadana. En un contexto de polarización política y desinformación, la transparencia en la contratación electoral se convierte en un factor central para la legitimidad democrática.
Organizaciones de observación electoral y sectores de la oposición han pedido un mayor acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y la sociedad civil para hacer seguimiento no solo a la ejecución de los contratos, sino también a la relación histórica entre el Estado y los grandes proveedores del sistema electoral.
Con billones de pesos ya comprometidos y más contratos en camino, las elecciones de 2026 centran el debate sobre cómo se organiza, se financia y se controla la democracia en Colombia.
